20 enero 2020
Los excluidos del
17-A: "Somos víctimas del terrorismo y la burocracia"
El Ministerio del Interior deniega
indemnizaciones al menos a 16 personas con secuelas reconocidas en la causa
abierta por el atentado de 2017 en Barcelona
Miguel López paseaba con su hija Elisabet por La Rambla de Barcelona el 17 de agosto de
2017 el cuando la furgoneta se
abalanzó contra la multitud. Los dos huyeron para no ser arrollados por el
terrorista Younes Abouyaaqoub, que mató
a 15 personas e hirió a decenas. A Miguel, que se desplaza en silla de ruedas,
se le cayó un cuerpo encima en medio de la estampida, antes de refugiarse con
su hija en un hotel durante horas.
«Quien no vive un
atentado no sabe lo que es. Puede llorar, pero no sabe lo que es», sentencia
Miguel. La forense judicial diagnosticó en febrero de 2018 que sufre un
trastorno grave de estrés postraumático por haber sido testigo del atentado del
17-A. El dictamen le permitió adherirse a la acusación que la asociación 11-M
Afectados del
Terrorismo ejerce
contra los tres supervivientes de la célula yihadista que la Audiencia Nacional
Pese a que la doctora
adscrita a la Administración de Justicia certificó lesiones, el Ministerio
del Interior desechó
en octubre que Miguel sea víctima del terrorismo. Conlleva que no se le
indemnice por daños, aunque el Ministerio le ha anunciado ahora que podrá
aportar facturas para abonarle la asistencia psicológica.
Interior rechazó la
petición de López tras exhortar que una facultativa del Instituto
Nacional de la
Seguridad Social lo examinara. «Le entregué el
informe de mi doctora y el de la psicóloga que me costeo. A partir de ahí,
preguntas básicas: si he recibido tratamiento psicológico alguna vez -nunca lo
había tenido-, qué hago cada día, por qué no hago esto o lo otro... 'Eso es
lanzarse nada más y hacerlo', me dijo», cuenta Miguel, a quien no han dejado de
recetar fármacos para conciliar el sueño casi dos años y medio después: «Me
despertaban las imágenes de lo que se vivió y el ruido del motor de la
furgoneta. Los intentos para dejar la medicación no han servido. Se puso una
dosis más alta que sigo tomando».
En contraste con la
evaluación ordenada por el juzgado, la de la Seguridad Social
no detectó indisposición derivada del ataque. El Ministerio se sustenta en esa
valoración para no otorgar la condición de víctima.
Elisabet ha chocado
con la misma discrepancia: la forense avaló que padece estrés postraumático
moderado pero, en cambio, Interior rehusó compensarla después de que la doctora
de la Seguridad
Social no distinguiera secuelas. «No me preguntó casi nada
del atentado. Me pidió tratamientos anteriores o antecedentes en la familia.
Luego se empeñó en por qué había dejado la universidad», afirma.
Asesoramiento
Miguel y Elisabet no
están solos en el embrollo. La Unidad de Atención y Valoración a Afectados
por Terrorismo (UAVAT), que ha asesorado a más de 200 personas
por el 17-A, conocía hasta octubre al menos 17 contradicciones entre Interior y
la Audiencia. En
16 casos es el Ministerio el que se opone en base a la documentación que los
reclamantes aportaron o porque la Seguridad Social no confirmó una patología
atribuible al atentado, pese a ser admitidos en el proceso judicial después de
que un forense sí corroborara el vínculo.
De momento, no se ha
reparado a quienes han topado con la disparidad. Su esperanza es que la sentencia
del juicio dicte que se les compense, pero se ha difuminado al no imputarse por
asesinato a los procesados, que no fueron autores materiales de los ataques.
Varias acusaciones han recurrido. De no prosperar, a los afectados solo les
quedará presentar contenciosos.
«Genera perplejidad.
En el fondo, les dicen que no les creen», piensa Sara
Bosch, presidenta de la UAVAT. La entidad explica que Interior reitera
motivos para desestimar como víctimas a testigos, aun sometiéndose a terapias y
estar personados como acusación. Por ejemplo, rehúsa la demanda de una persona
que prueba bajas laborales después de salvarse en La Rambla por no advertir nexo
causal entre sus lesiones psicológicas y el atentado; a otra, con un cuadro de
ansiedad, la excluye por no situársele en la trayectoria que los atestados
delimitan que la furgoneta trazó, y deniega a una chica con estrés
postraumático severo, porque tardó ocho meses en causar baja y contaba con una
afección psíquica preexistente.
El Ministerio ha
desatendido peticiones porque el interesado no acudió a consulta el 17-A o las
jornadas subsiguientes ni inició una cura de inmediato. Son requisitos calcados
a los exigidos por heridas físicas que Bosch -psicóloga de profesión- avisa que
«van contra los criterios clínicos»: «La mayoría de las personas con afectación
psicológica no son atendidas el día del atentado ni en días inmediatos, porque
se van a su casa y esperan a que se les pase. Se tira hasta que se explota».
«En mi caso, las
lesiones físicas fueron mínimas pero ves que las psicológicas te cambian la
vida», atestigua López, quien ha alegado ante el Ministerio, como su hija.
Interior ha declarado 113 víctimas del 17-A y ha socorrido a 28 personas más
sobre un total de 492 expedientes resueltos. Las cifras denotan que las
denegaciones triplican a las demandas aprobadas. Se ha desembolsado 6,1
millones de euros en ayudas. Dos tercios de los requerimientos por lesiones no
invalidantes e incapacidad temporal se han desechado. «No somos solo víctimas
del terrorismo. Somos también víctimas del sistema burocrático. Parece que
fuéramos culpables de estar allí», siente Miguel, que evita las aglomeraciones
y confiesa un estado permanente de alerta. «Con tratamiento psicológico reducen
esas consecuencias, pero no se puede crear la expectativa de vivir sin el
zarpazo», analiza Bosch, que alerta del dolor que pueden arrastrar quienes
contemplaron el horror y no han sido localizados: «Es la tarea pendiente de
todos los gobiernos. O los buscan o nunca pueden decir que lo hacen bien con
las víctimas».
Opinión:
Hace más de 30 años que inicié mi trayectoria en la defensa
de los derechos del colectivo de víctimas del terrorismo. En estas tres décadas
he apreciado cómo había gente que hablaba de sentencias sin haberlas leído, que
hablaban de sentencias sin saber siquiera de su existencia, que hablaban de
heridas que las sentencias muestran hasta qué punto son relatos inventados para
vivir del dolor ajeno… pero lo que no había podido apreciar hasta no hace mucho
es que personas que aparecen en el “auto de procesamiento” bajo el epígrafe de “heridos
de carácter FÍSICO” no sean reconocidos por la administración competente en la
materia.
La explicación es absolutamente surrealista pero cierta. El
“auto de procesamiento” depende del Ministerio de Justicia pero el
reconocimiento como víctima del terrorismo depende del Ministerio de Interior…
con lo cual es sorprendente pensar que ¿entre los propios Ministerios no
cotejan ni comparten la información? Pues va ser eso, porque sino no se
entiende que mi amigo Miguel López figure como herido FÍSICO en el “auto de
procesamiento” mientras no es reconocido por el Ministerio de Interior.
Solo me queda concluir que este Ministerio, ante la enorme
cantidad de inventores de secuelas con los que se ha encontrado en el camino y
que les han metido el gol por toda la escuadra, ha decidido desconfiar de los
que SI MERECEN TAL RECONOCIMIENTO POR LEY.
Y eso, si no es prevaricación, se le acerca bastante. A ver
si de una vez llegan los cambios al Ministerio…
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