17 agosto 2022
Barcelona recuerda a las víctimas del 17-A, que se sienten maltratadas
Cinco años de los atentados
La reciente sentencia asume que los damnificados “han sido los grandes olvidados”
Como cada 17 de agosto, Barcelona recuerda hoy a las víctimas de los atentados de la Rambla y Cambrils, en los que una célula yihadista crecida en el corazón de Catalunya mató a 16 personas y causó cientos de heridos. Este año, cuando se cumplen cinco de aquella tragedia, la conmemoración en el Pla de l’Ós, lugar en el que se detuvo la macabra furgoneta, reunirá a una representación de víctimas y familiares y autoridades como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; Assumpta Escarp en representación del Parlament, y ministros y consellers, así como los alcaldes de Barcelona, Ada Colau, y Cambrils, Oliver Klein.
Una vez más, la solemnidad del homenaje no esconderá el malestar de las víctimas, que denuncian el olvido y en algunos casos la desconsideración por parte de la administración. Y ello a pesar de que la reciente sentencia sobre el 17-A recuerda que la ley proclama que “memoria, dignidad, justicia y verdad” fundamentan la necesaria “reparación integral” de las víctimas de terrorismo
Y si la justicia sostiene que las víctimas merecen reconocimiento, la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat), que preside la psicóloga Sara Bosch, insiste en que se deben renovar los protocolos de actuación. Las listas de personas atendidas por los servicios sanitarios, por un lado, y las de aquellas con lesiones físicas o psicológicas que aparecen en la instrucción del sumario, por otro, no coinciden. El baile de cifras es desconcertante.
Por otra parte, el plazo de un año para reclamar la condición de víctima es insuficiente. En Francia son diez, por ejemplo. Además, la misma definición jurídica de víctima no está lo bastante clara en la legislación, y los criterios evaluadores para determinar las lesiones no están unificados. Por si fuera poco, la descoordinación entre las diferentes administraciones obliga a unos farragosos trámites burocráticos que una oficina de atención a las víctimas como la que tuvo la Generalitat hasta el 2010 podría subsanar. Como también mejoraría las cosas una ley propia de protección de las víctimas de terrorismo. Catalunya, a diferencia de otras autonomías, no la ha elaborado.
Con todo, la asignatura pendiente, reitera Robert Manrique, víctima del atentado de Hipercor y asesor de la Uavat, es la empatía: ofrecer un acompañamiento más humano a los afectados. “Bastaría con cumplir la ley, que dice que hay que asistir a la víctima: buscarla y no obligarla a leerse el BOE para saber cuáles son sus derechos”, exclama Manrique, que lamenta también la falta de implicación de los consulados, exceptuando el británico, a la hora de tratar de localizar a las numerosas víctimas extranjeras del 17-A.
El Ministerio del Interior argumenta que ya ha indemnizado a un centenar largo de víctimas, pero la Uavat, que se ha coordinado con la Asociación 11-M para ejercer la acusación popular, sostiene que ha rechazado hasta 84 peticiones de reconocimiento alegando que los papeles no se presentaron a tiempo o que no se acredita correctamente la presencia en el lugar de los hechos.
Sentado en el café Zurich de Barcelona, mirando al lugar en el que Younes Abouyaaqoub inició su zigzag asesino, Carlos Andrés Valencia, un comunicador social colombiano en situación irregular en España desde hace seis años, recuerda como la estructura de uno de los quioscos de la Rambla le cayó encima y le lesionó el hombro y un brazo. Pero cuando ha ido a Madrid, relata, ha sido recibido con cajas destempladas por los funcionarios de Interior.
Tratándose de delitos de terrorismo, se antoja obsceno tratar de rebajar el número de víctimas. “Si en lugar de indemnizaciones solo tuvieran que dar un pin, estarían todas reconocidas”, denuncia Bosch, una cicatería que hiela la sangre.
Nuevos programas contra la radicalización violenta
No se puede descartar que atentados similares puedan volver a suceder en Catalunya, puesto que nadie fue capaz entonces de detectar la rápida radicalización de los integrantes de la célula de Ripoll. Para tratar de evitarlo, cinco años después del 17-A, los Mossos d’Esquadra han impulsado nuevos programas de prevención y detección de procesos de radicalización violenta y han ampliado la red de colaboración comunitaria e institucional. Los nuevos procedimientos de trabajo abordan la prevención por encima de la detección, y la detección por encima de la intervención. En este sentido, el cuerpo policial ha promovido, según una nota divulgada por la propia policía catalana recientemente, un sistema de trabajo transversal en ámbitos como la protección de la infancia y la juventud, con los agentes rurales, las comunidades religiosas y asociativas y los servicios sociales. Hasta ahora se había trabajado con la comunidad educativa, las policías locales y los profesionales del ámbito de ejecución penal. Además, se pone en marcha una campaña de comunicación para que la ciudadanía pueda ayudar a identificar posibles situaciones en este ámbito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario