17 agosto 2023 (16.08.23)
La larga sombra del 17A
Editorial
Este jueves se cumplen seis años de los funestos atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils que segaron la vida a un total de 18 personas, además de los seis terroristas abatidos por los Mossos de Esquadra, e hirieron a cerca de 140. Esos atentados fueron el precipitado desenlace de la explosión que tuvo lugar un día antes en una casa en Alcanar, en la que un grupo de jóvenes radicalizados liderados por el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, todos ellos de origen marroquí, estaban preparando una serie de atentados masivos. Esa fecha ha dejado no solo unas enormes heridas individuales en las víctimas y en la opinión pública sino que también han tenido un impacto político, algo retardado y, gracias a la madurez de la sociedad catalana, limitado, en las últimas elecciones municipales en Ripoll.
No en vano esta ciudad se convirtió en el foco de todas las miradas tras conocerse que era la población de procedencia de la mayor parte de los jóvenes miembros de la célula yihadista que perpetró los atentados, quienes se habían radicalizado bajo la influencia de las acciones propagandísticas del Daesh y fueron captados por el imán de Ripoll, un pequeño traficante de drogas que ya había cumplido condena y cuyo comportamiento ya había alertado a la policía belga. Que unos casi adolescentes criados y socializados en Catalunya hubiesen abrazado el ideal islamista hasta el punto de cometer atroces atentados y sacrificar sus propias vidas produjo un gran impacto psicológico en el conjunto de la sociedad catalana y en particular en la ripollense, con el consecuente riesgo de fractura social.
Administraciones y entidades, no siempre con todos los recursos necesarios, han intentado conjurar ese riesgo pero no se ha podido impedir que en Ripoll se haya instalado un cierto clima de desconfianza y de alerta hacia la comunidad musulmana, que en estos últimos años ha visto incrementar su número, pero en cifras homologables a las del conjunto del país. Este estado de ánimo ha sido captado y a su vez convenientemente promovido, en muchas ocasiones por medio de falsedades, como suele ser práctica habitual de la derecha radical, por el partido Aliança Catalana.
Esta formación independentista de ámbito local ha capitalizado el malestar provocado por los atentados del 17A alentando el discurso islamófobo, abonando la idea del choque de civilizaciones y sosteniendo las tesis del gran remplazo, gracias a lo cual se ha hecho con el gobierno de Ripoll y ha obtenido concejales en Manlleu y en Ribera de Ondara. De momento su fuerza es limitada pero que se le facilite un notable protagonismo mediático facilita la posibilidad de que alrededor de su líder, Sílvia Orriols, se articule una candidatura al Parlament de Catalunya capaz de movilizar a sectores xenófobos y racistas, independentistas o no, sobre todo si en el primero de estos sectores existe descontento hacia los partidos tradicionales. Su eventual éxito, por tanto, dependerá de otras variables y no podrá ser atribuible al impacto del 17A.
El gran reto es que de la larga sombra de ese trauma no emerjan jóvenes que, visto el rechazo que suscitan, dejen de sentirse integrados y, como ha sucedido recientemente en Francia, cuanto menos abracen la violencia urbana a modo de protesta. Evitar este círculo vicioso está en nuestras manos.
Opinión:
Me gustaría aprovechar para corregir una cifra que, en su momento, se dio como oficial y que no se ha contrastado lo suficiente. Aunque aparece en el editorial hay que decir que no son “cerca de 140” los heridos en los atentados de Barcelona y Cambrils. Esas son las cifras aproximadas que aparecían en el Auto de Procesamiento de octubre de 2018 pero, tras el trabajo realizado por la UAVAT y los compañeros de la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, en la sentencia de mayo de 2021 aparecen casi 500 (contando las 123 que no están en sentencia pero si en algunas de las 13.139 páginas entre los 68.000 folios del sumario).
Dicho sea de paso y dado que, para solicitar el reconocimiento como víctima del terrorismo, la única administración competente en la materia (es decir, el Ministerio de Interior) solo da un plazo de un año desde el atentado o desde la consolidación de las lesiones… ¿no es mucha casualidad que ese Auto de procesamiento apareciera a los catorce meses?
¿Casualidad o causalidad?
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