29 julio 2023 (2) El Comercio

 29 julio 2023

 

Con el control que hay hoy en día sobre los explosivos no podría volver a repetirse el 11-M

El Comercio acompaña a la Guardia Civil en una de sus inspecciones a la cantera de Latores ante la llegada de un camión con 3.208 kilos de material

En la noche del 28 al 29 de febrero de 2004 -fue año bisiesto- el avilesino José Emilio Suárez Trashorras realizó el principal robo de dinamita en Mina Conchita (Belmonte de Miranda), que prendería la mecha de la masacre del 11 de marzo en Madrid doce días después. Hasta allí guió a Jamal Ahmidan, alias 'El Chino', para hacerse con 150 kilos de explosivos. El resto, aunque más tarde la investigación abierta por la Audiencia Nacional demostraría que entre diciembre de 2003 y marzo de 2004 desaparecieron 2.955 kilos de 'goma 2 Eco' de las minas Conchita y La Collada (Siero), está escrito con sangre en la historia negra de España. En poco más de ocho meses se cumplirán veinte años del fatídico 11-M, el peor de los atentados terroristas que haya sufrido jamás nuestro país; no obstante, «con el control que existe hoy en día sobre los explosivos no podría volver a repetirse algo así».

Lo explica el brigada Marqués, jefe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Oviedo. Podría decirse que España aprendió por las malas de aquel 11 de marzo y remedió la laxitud que reinaba hasta entonces en materia de vigilancia de estos artefactos. El Instituto Armado puso en marcha en 2006 los equipos de Inspecciones de manera pionera en el espacio europeo. Más tarde, a raíz de los atentados de Londres y París, en 2015 entró en vigor la directiva de trazabilidad de explosivos. Dos elementos que permiten controlar prácticamente al milímetro cada gramo de material explosivo desde que se fabrica hasta que llega a su destinatario final -generalmente canteras y explotaciones mineras-, pasando por los distintos depósitos donde se almacenan, que están diseminados por toda la geografía española y asturiana.

De su control exhaustivo se encargan los citados equipos de la Benemérita. En Asturias hay tres: uno en la Comandancia de Oviedo, otro en Gijón y otro que controla la denominada Zona XIV -se prevé que pasen a ser sólo dos tras la unificación de las comandancias-. EL COMERCIO acompaña al grupo ovetense en uno de sus constantes controles, en esta ocasión a Canteras La Belonga, en Llagú (Latores).

Son las ocho de la mañana. Un camión cargado con 3.208 kilos de material explosivo -408 de 'goma 2 Eco' y 2.800 de nagolitas (ANFO)-, llega a la explotación desde un polvorín en Lena. En un remolque, aparte de la carga principal, transporta también 73 detonadores y 600 metros de cordón detonante. Su destino, la cima de la cantera, donde el personal de la explotación ya ha perforado una hilera de barrenas, de entre veinte y treinta metros de profundidad, en las que se introducirán las cargas para realizar la detonación.

Antes de eso, el brigada Marqués, ayudado de su compañero el guardia civil Herrero, comprueba que todo esté en orden. Es decir, que la carga de goma 2 -los tubos, de 70 milímetros, vienen empaquetados en cajas- haya sido transportada separada de los detonadores, la documentación de los dos trabajadores de seguridad que se encargan del transporte y que el material coincida con el que la empresa haya requerido. La carga lleva aparejada una guía de circulación de explosivos y una adenda de seguridad expedida por la propia Guardia Civil, con su respectivo anexo donde vienen detallados todos los materiales, sus números de catálogo, denominaciones y de identificación, y la cantidad.

Todos coinciden. «No es muy común, pero a veces ocurre -la última, la semana pasada, en Gijón- que en la carga haya un detonador de más o de menos», advierte Marqués, mientras uno de los responsables de la cantera comprueba con un escáner la 'matrícula' de los que acaban de llegar. Lo que no lo es tanto es que falte un cartucho de dinamita. «La última vez fue hace unos dos años», recuerda. Si esto ocurre, «contactamos con la empresa suministradora para que localice ese cartucho y se eleva la debida sanción».

El control es total, de principio a fin. «En cada fábrica de explosivos se realiza una intervención de armas para controlar la fabricación y se etiqueta para su trazabilidad; después, cuando sale al depósito, se incluye la guía de circulación y la seguridad privada, y cuando llega, nos envían una copia y realizamos la inspección». Ahora bien, ¿qué ocurre con el material explosivo encargado que no se utiliza? Este tipo de explotaciones suelen tener depósitos, pero lo común es que vaya de vuelta al polvorín, lo que, advierte el brigada, «también requiere que demos un permiso».

Eso no es todo. Antes de detonar, el jefe de artilleros, el ingeniero y el vigilante de seguridad deben firmar un acta de recepción de los artefactos, lo que los convierte inmediatamente en sus responsables en caso de que desaparezca algún cartucho. Es más, la vigilancia aún va más allá y es ese vigilante de seguridad, que va armado con un revolver y veinticinco cartuchos de munición -ni uno más ni uno menos-, el encargado de controlar al resto de empleados durante el manejo de los artefactos.

En La Belonga, si bien el descenso de obras públicas ha hecho que la producción haya disminuido para el cliente nacional, no es así para los extranjeros. La compañía finlandesa Nordkalk adquirió la cantera el año pasado y «se exporta mucho para Finlandia, tenemos mucha carga de trabajo», explica José Manuel García, el director facultativo de la explotación, que lleva abierta desde 1979. «No solemos tener ninguna incidencia en el tema del uso de explosivos», admite, mientras el brigada le hace un gesto de afirmación con la cabeza. Allí se realiza, de media, una voladura a la semana. Llevan un libro de registros detallado que la Guardia Civil suele comprobar.

Miles de toneladas

Afortunadamente, confirma el guardia Herrero, «no tenemos ninguna intervención en marcha que tenga que ver con el robo de explosivos». El equipo, formada por tres personas -son tres en cada uno de los tres equipos que existen en la región-, realiza cerca de 110 intervenciones como esta cada año. Sólo del puesto de Mieres, donde se elaboran las guías de intervención de armas, han salido 900 documentos de este tipo en 2023, lo que da buena cuenta de las miles de toneladas de material explosivo que se consumen cada año en Asturias. En el atentado del 11-M los terroristas emplearon 200 kilos. Todo lo que no sea controlarlos es abrir una posible brecha en la seguridad. La Benemérita, además, es muy celosa de que el conocimiento sobre el funcionamiento, uso, distribución y localización de los explosivos se limite únicamente a las personas que trabajan con ellos. No en vano, «en España ya hemos tenido suficientes experiencias», sentencia Marqués.