07 mayo 2012 Tiempo

07 mayo 2012

Terrorismo y deslealtad

Agustín Valladolid

La estrategia antiterrorista del Gobierno no gusta a quienes han hecho de la existencia de ETA la base de su carrera política.

El principal anhelo de quien ha logrado sobrevivir a un atentado, de una víctima del terrorismo, es dejar de serlo; algún día. La reflexión es de Francisco Duque, uno de los mayores expertos en tratamiento psicológico del trauma de nuestro país. Duque ha tratado a decenas de víctimas de hechos violentos, en especial a los que se vieron en mayor o menor grado afectados por el atentado cometido en Madrid por el islamismo radical el 11 de marzo de 2004. El principal deseo de una víctima es dejar de serlo. Nadie debería infravalorar esa esperanza, que en muchos casos es casi un ruego. Nadie. Ni los políticos, ni los jueces, ni los periodistas, ni los que confunden la defensa colectiva de las víctimas con sus propios intereses. Defender a las víctimas es ayudar a que dejen de serlo, y hay quienes presumen de hacerlo aunque lo que provocan con sus declaraciones y su agitación es precisamente lo contrario. Hay asociaciones de víctimas que protegen con celo a sus miembros y se mantienen impermeables a los intentos de manipulación de los que aspiran a usarlas como instrumento partidista; otras, en cambio, hace tiempo que sucumbieron a la tentación del protagonismo y otros estímulos menos confesables.

Durante la tregua de 1999, bajo el Gobierno de José María Aznar, 135 reclusos de ETA fueron trasladados a cárceles cercanas al País Vasco sin que se vieran obligados a cumplir ningún requisito previo. Más elocuente aún: entre 1996 y 2004, las dos legislaturas de Aznar, 56 miembros de esta banda terrorista, que cumplían condenas superiores a los 30 años de prisión, fueron excarcelados (ver listado completo en www.tiempodehoy.com/elpuntomedio). Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes fueron los ministros del Interior que bendijeron aquellas excarcelaciones. Algunos de los etarras beneficiados por aquellas decisiones participaron en actos violentos después de ser puestos en libertad. Pero nadie dijo nada. Ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ni ninguna otra. Nadie. Mientras gobernó Aznar se respetó escrupulosamente la máxima de que en materia antiterrorista es el Gobierno el que marca la estrategia. Luego, con Rodríguez Zapatero, el PP regresó a la utilización electoral del terrorismo, especialmente tras declarar ETA el fin de sus actividades criminales.

Mayor Oreja y la AVT.

Ahora el Ejecutivo de Rajoy, siguiendo las recomendaciones de los expertos de Policía, Guardia Civil y CNI, ha decidido abrir una nueva fase en la estrategia antiterrorista que incluye el acercamiento de determinados presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. Hay razones policiales y también políticas. A un año vista de las elecciones vascas es imprescindible que los partidos democráticos, en especial los no nacionalistas, tomen la iniciativa. Lo contrario sería regalar a los herederos de Batasuna un mérito que no les corresponde. La medida tiene el respaldo unánime de las fuerzas políticas. Todo el mundo es consciente de que estamos en un momento crucial en el que hay que emplear toda la inteligencia que tengamos a mano. Todos menos los que siguen pensando que contra ETA vivíamos mejor y que un Estado fuerte como el nuestro se puede permitir una docena de muertos y de familias destruidas al año. Todos menos Mayor Oreja, quien suscribió la puesta en libertad anticipada de 19 miembros de ETA durante su gestión al frente de Interior sin que la AVT (¿por qué será?) dijera esta boca es mía. Contra las vehementes y poco sustentadas opiniones de quienes hablan y escriben desde las tripas o por encargo, el Gobierno de Mariano Rajoy está actuando conforme a la ley y el sentido común, aunque no les guste a los que ven en el fin de ETA la causa principal de su languidecimiento doctrinal e ideológico.