23 mayo 2012
La lista alternativa en la AVT desvela la expulsión de Losantos de la asociación
La presidenta de la AVT , Ángeles Pedraza, y el periodista Jiménez Losantos.
Denuncia irregularidades y comportamientos no éticos de Ángeles Pedraza
Apunta maniobras para 'hacer unas elecciones no democráticas'
La candidatura alternativa para presidir la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo (AVT) denuncia irregularidades, comportamientos no éticos y maniobras de la actual junta directiva y su presidenta, Ángeles Pedraza, para "hacer unas elecciones no democráticas", entre las que se incluyen presiones y uso de dinero de la asociación para su campaña.
En un comunicado, desvela que una de las primeras medidas que adoptó Pedraza fue la expulsión del periodista Federico Jiménez Losantos de la asociación "sin abrirle un expediente y sin comunicárselo" a él, que es víctima del terrorismo de Terra Lliure. No se siguió "el cauce señalado en los estatutos para hacerlo", asegura.
En el capítulo de bajas, la candidatura de Cerezal recuerda que miembros importantes de la junta directiva y delegados han dimitido y enviando cartas de desacuerdo con la gestión. "Esta junta", manifiesta, "no ha informado de las múltiples bajas de delegados y de la mitad de la junta directiva a los socios, ocultando las denuncias muy importantes que han realizado sobre la gestión".
La lista encabezada por Paulina Cerezal relata una serie de actividades irregulares en las que implica no sólo a la actual junta directiva, sino también a delegados y trabajadores de la AVT. Todo ello, resume, supone "una vulneración" de la normalidad para estas elecciones internas y una actuación poco transparente y ética.
Algunos delegados reunidos con socios de su delimitación -sostiene la nota de prensa- han utilizado "el engaño y las acusaciones falsas contra miembros de esta candidatura, para desacreditarla e inducir al socio a que entregue su voto en blanco".
Además, según explica, hay trabajadores de la AVT que se dedican a llamar a los socios para pedir directamente el voto para la candidatura de Ángeles Pedraza sin mencionar que existe otra alternativa. Y, "dependiendo de cómo responde" -sigue la nota- "le piden que manden el voto en blanco a la sede". La candidatura de Cerezal señala que una de las personas que ha telefoneado a las víctimas -cita a "Esther"- ha llegado a decir que si no votaba a la actual presidenta "no le garantizaba que su hijo fuera al campamento".
Asimismo, el comunicado denuncia que hay trabajadores de la AVT que llevan meses "obligando" a los socios de la AVT a mandar una fotocopia del DNI, "bajo amenaza de que si no lo entregan serán expulsados de la asociación". Así, explica que no hay "argumento alguno" para ello, pues no hace falta que acrediten su condición de víctima cuando llevan años en los archivos del Ministerio del Interior y en la asociación.
Por otra parte, la lista de Cerezal pone en cuestión el uso de medios económicos de la asociación para beneficio de la candidatura oficial y sostiene que se aprovechan viajes 'oficiales' por toda España para pedir el voto. Es "antidemocrático" -denuncia la nota de prensa- y "va contra nuestros intereses como asociados y como junta alternativa".
En otro de los agravios que se enumeran, la candidatura alternativa afirma que se les ha negado un listado de nombres y apellidos, con las direcciones de los socios, en nombre de la ley de protección de datos, pero que la candidatura de Pedraza "tiene acceso" a toda esa información utilizándola "para sus intereses".
Cobros no éticos
También se cuestiona éticamente, "al margen de su legalidad o no", que Cristina Cuesta, miembro de la AVT y nombrada vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo por la junta directiva, "facture a título particular trabajos de asesoramiento en actividades de la AVT ". Además, subraya que, como tesorera de la Asociación Pro Derechos Humanos Krea, también ha cobrado y recuerda que la primera factura por un trabajo llega apenas dos meses después de constituirse como asociación sin ánimo de lucro. "Por transparencia y para alejar de todas sospechas, ciertos servicios remunerados [...] deben ser adjudicados a profesionales independientes", remarca.
El comunicado recuerda que el asesor Miguel Folguera Heredia "está pendiente de sentarse en el banquillo por un delito de depósito de municiones de armas de fuego reglamentadas". Tiene "problemas con la justicia", dice la candidatura alternativa, algo que "conoce la presidenta y oculta a los socios".
Por último, la candidatura alternativa sentencia que Pedraza "no tiene autoridad moral para volver a presentarse, siendo una persona que ha dado un aprobado en materia antiterrorista al Señor Rubalcaba, cuando ya se habían excarcelado y acercado a terroristas de ETA".
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