31 octubre 2013 La Vanguardia (opinion)

31 octubre 2013

La etarra del Río recurre para que su indemnización no vaya a las víctimas

Interior estudia que los etarras excarcelados no reciban ayudas del Estado

La ejecución de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el fin de la doctrina Parot nunca pareció una tarea fácil, pero está teniendo más derivaciones de las esperadas. Una de ellas se puso de manifiesto ayer, con el recurso que la etarra Inés del Río presentó contra la decisión de la Audiencia Nacional de no entregarle la indemnización de 30.000 euros abordada por la justicia europea por el tiempo que ha permanecido de mas en prisión, al serle aplicada retroactivamente la legislación. Esa impugnación, de prosperar, supondría que dicha suma dejaría de ir a las víctimas de sus delitos.

No se trata, por tanto, de una simple discusión sobre el destino de unos determinados fondos. Inés del Río, como ha sucedido habitualmente con los etarras juzgados en la Audiencia, fue declarada insolvente y jamás hizo frente a las responsabilidades civiles derivadas de sus crímenes. El día del fallo de Estrasburgo, los ministros Fernández Díaz (Interior) y Ruiz Gallardón (Justicia) explicaron que dicha suma no le sería satisfecha porque el Estado había anticipado a las víctimas las indemnizaciones que debía pagar la terrorista, de modo que ahora esos 30.000 euros se destinarían a saldar parcialmente aquella deuda.

Inés del Río habría podido  a esta interpretación y facilitar así un mínimo resarcimiento económico de las víctimas o del Estado, pero no lo ha hecho. Su recurso cuestiona la decisión de la Audiencia, que en el mismo auto con que la puso en libertad, admitió las tesis del Gobierno y de la Fiscalía y bloqueó dicha indemnización. Y todo ello sucede mientras las asociaciones de víctimas siguen cuestionando que la Audiencia tuviera que poner en libertad a la etarra.

Ayer fue la asociación Dignidad y Justicia la que se dirigió a la Fiscalía General del Estado con sendas denuncias por la puesta en libertad de Inés del Río y del también etarra Juan Manuel Piriz. Y hoy el rey Juan Carlos recibirá en el palacio de la Zarzuela a una representación de la Fundación Víctimas del Terrorismo encabezada por su presidenta, Mari Mar Blanco, y sus dos vicepresidentes, Angeles Pedraza y Tomás Caballero.

Obviamente son iniciativas de muy distinta naturaleza, pero tienen en común el deseo de las víctimas de que su oposición al fallo de Estrasburgo se escuche no sólo en el ámbito judicial, sino al máximo nivel en las instituciones.

El Gobierno, a su vez, siempre ha dicho que no tenía otra salida que cumplir la sentencia, pero quiere al menos reducir sus efectos. Así, máxime ante reacciones como las de Inés del Río, el Ejecutivo se plantea iniciativas como la expuesta ayer por el ministro del Interior para impedir que terroristas excarcelados puedan recibir a la salida de la cárcel ayudas del Estado, como podrían plantear acogiéndose a la legislación vigente. Para Jorge Fernández Díaz, esa posibilidad supone un “atropello, tropelía y sarcasmo” hacia el Estado de derecho, convertido por esos mecanismos en benefactor de quienes han atacado la democracia.

A su vez, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique López dijo ayer en un encuentro con la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) que la Audiencia ha cumplido “un mandato” de Estrasburgo. Y anunció que el TC tratará los recursos en esta materia “caso por caso”.

Opinión:

Desconozco si las víctimas que causó esta asesina han sido indemnizadas a consecuencia de la Ley de Solidaridad 32/1999, ley de la que tengo parte de responsabilidad en su consecución al igual que otras víctimas de la antigua AVT.  

Si las víctimas ya solicitaron su indemnización en su momento, es evidente que la etarra en cuestión no debe indemnizarlas ya que la mencionada indemnización fue adelantada en su día por el Estado, es decir, por los ciudadanos a través de sus impuestos.

Por lo tanto, quien SI debe reclamar esa cantidad económica es el propio Estado al haber avanzado la indemnización en su momento. Digo esto porque tuve el honor de tramitar los expedientes en nombre de mas de 500 víctimas del terrorismo. Así pues, entiendo que la etarra del Rio no tiene nada que recurrir en relación a las víctimas; en todo caspo debería hacerlo contra el Estado y me parece a mi que se va a quedar con las ganas.

También digo que habría que hacer ver a ciertos juntaletras de ciertos medios que se abstuvieran de escribir artículos personales ofreciendo información incorrecta, porque luego hay víctimas queme llaman para consultarme sobre los escritos ajenos y me da mucha vergüenza destapar las carencias y la ignorancia ajena, aunque en ocasiones ya es tan evidente que casi es innecesario explicar “casi” nada.

Y aprovecho a decir que, evidentemente, ninguno de los que ahora se dedican a hablar en “mi” nombre estaba en aquella lejana época, por lo que se han encontrado todo el trabajo hecho. Y no lo digo yo solo, también me lo recordaban estos días víctimas de Andalucía, Extremadura y País Vasco...

Termino diciendo que el señor José María Brunet se confunde en un tema: cuando dice “pero tienen en común el deseo de las víctimas de que su oposición al fallo de Estrasburgo se escuche no sólo en el ámbito judicial, sino al máximo nivel en las instituciones”, debo recordarle que ni la Fundación ni las asociaciones de víctimas en ella incluidas nos han preguntado a “las” víctimas nuestra opinión, por lo que difícilmente pueden conocer si nos oponemos o no al fallo del Tribunal. Lo que sí puedo confirmarle al Señor Brunet es que muchas víctimas acatamos la decisión del Tribunal de Estrasburgo, por lo que no es de recibo decir que estamos opuestas sino más bien que, por más que nos duela, hay víctimas que  comprendemos lo que significa vivir en un Estado de Derecho.