03 febrero 2014
Una asociación satélite de la AVT capta subvenciones con un censo clonado de socios
Folguera, el “cazador” de víctimas del terrorismo
El asesor de la presidenta de
Ciento veintisiete octogenarios golpeados por el terrorismo. Madres y padres de guardias civiles asesinados por ETA en el atentado de la plaza de la República Dominicana de Madrid, en 1986; viudas de civiles fallecidos, por ejemplo, en el atentado de Hipercor en Barcelona, en 1987, o en el hotel Corona de Aragón, de Zaragoza, en 1979. Todos ellos, nacidos entre 1930 y1935, forman parte de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), pero no lo saben. Algunos sí, porque sus hijos han podido constatar que fueron inscritos en la citada entidad sin su consentimiento. Algunas de esas víctimas fallecieron hace años.
Interviú ha tenido acceso al listado con los nombres y datos personales de los 127 ancianos asociados únicamente a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que fueron traspasados, sin su permiso, en abril de 2013, a la base de datos de la APAVT , según ha podido saber esta revista por fuentes internas de la AVT , entre las que figuran exempleados y actuales colaboradores.
La presencia de estas 127 víctimas ha engordado el listado de socios de la APAVT , que ya ha recibido 45.000 euros en subvenciones durante 2013: 30.000 euros de la Comunidad de Madrid y 15.000 del Gobierno vasco.
“En un año ya tenemos 1.700 socios; entre ellos, 800 víctimas del terrorismo [aproximadamente, el mismo número de asesinados por ETA], y el resto, ciudadanos preocupados por las víctimas”, declara Folguera a esta revista. Algunas Administraciones, como la Comunidad de Madrid, tienen establecido un baremo en función del número de asociados para determinarlas cuantías de sus subvenciones. Cuantas más víctimas, mayor es la subvención. Nada impide a un afectado pertenecer a la vez a varias entidades, que no están obligadas a entregar sus listados de asociados a las Administraciones, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.
armas en su casa
Desde junio de 2012, Miguel Ángel Folguera, de 44 años, es el asesor de la AVT , el primero que ha tenido en su historia la asociación decana y mayoritaria de damnificados por el terrorismo en España, con 4.500 socios y una base de datos muy completa que ha servido para numerosos estudios sobre victimología. Pero Folguera también es un guardia civil –de baja psicológica en la actualidad –presuntamente implicado en una trama de tráfico de armas desmantelada por el Instituto Armado tras los atentados del 11-M. Un asunto que ha escandalizado a muchos socios de la AVT , molestos porque su presidenta, Ángeles Pedraza, no les hadado ninguna explicación sobre la imputación de su mano derecha.
El fiscal pide tres años y medio de prisión para Miguel Ángel Folguera por un presunto delito de depósito de armas. En su domicilio, el mismo donde tiene la sede la APAVT , los agentes se incautaron de 1.205 cartuchos, algunos de munición de armas prohibidas y de guerra, y una treintena de piezas de armas. El juicio por esta causa, en la que hay otros siete implicados –entre ellos, algún guardia más–, se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid.
“Soy un asesor altruista, no cobro. Llevo diez años de voluntario en la AVT , pero los últimos cuatro han sido muy intensos, desde que la preside Ángeles Pedraza”, afirma Folguera. El contrato entre Folguera y la AVT establece como uno de los deberes del asesor “tratar confidencialmente todos aquellos datos, documentación y demás información que le hayan sido suministrados para el ejercicio de sus funciones”.
Según ha podido saber interviú, a la Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, han llegado quejas de algunos ancianos apropiados para la asociación de Folguera.
El asesor de la AVT defiende su inocencia respecto a l la clonación de datos. “Nuestros socios se han dado de alta por correo electrónico, mediante un formulario que hay en nuestra web. Muchos han venido a la sede a rellenar una ficha. También a través de nuestras seis delegaciones territoriales nos llegan socios. Es imposible que hayamos plagiado la base de datos de la AVT , porque ahí hay 4.500 víctimas, y nosotros tenemos 800” , justifica Folguera.
Sin embargo, se cribó la base de datos por año de nacimiento: entre 1930 y 1935. De la lista resultante solo se excluyó a Sonsoles Álvarez de Toledo, una de las fundadoras de la AVT , en 1981, que enviudó tras el incendio terrorista del hotel Corona de Aragón, en 1979; y al padre de un exdelegado provincial que acababa de fallecer.
A. E. S., hijo de una viuda de terrorismo de 80 años y delicada de salud, recibió hace unas semanas la prueba de que su madre formaba parte de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo sin haber enviado ningún formulario digital ni haber estampado su firma en ningún impreso.“Una víctima me comentó lo que estaban haciendo en la APAVT y no me lo podía creer. Así que lo comprobé yo mismo. Con la excusa de cambiar un dato, pedí a la asociación que me confirmara si mi madre era socia, y el mismo Folguera me lo confirmó. Es una aberración que usen a personas ancianas, desvalidas, para estos fines. Mi madre se dará de baja de la AVT , sin duda”, explica a esta revista A. E., quien prefiere mantener el anonimato porque en este mundo de las víctimas, dice, “nos conocemos todos”. Otras víctimas que aparecen en el listado clonado de la AVT también han descubierto su presencia en la plataforma de Folguera.
Auditorías con aviso
La actual legislación hace muy complicado que la Administración verifique la autenticidad de los datos sobre socios. Los representantes de las asociaciones solo deben indicar el número de afiliados, no sus nombres, para optar a una subvención. La única manera que tiene el Ministerio del Interior de comprobar la identidad de los asociados es mediante auditorías, cuya realización es previamente notificada a las asociaciones. En mayo pasado, dos funcionarios se presentaron en la sede de la AVT , en Madrid, para cotejar los expedientes de 15 de sus socios. Trece de esos expedientes estaban incompletos; les faltaba alguna documentación para acreditar la condición de víctima del terrorismo.
Otras asociaciones de víctimas de Madrid también recibieron, ya en verano, la visita de los funcionarios. La de Miguel Ángel Folguera, no. Tampoco recibió la subvención que concede el Ministerio del Interior, que en 2013 repartió casi un millón de euros entre las asociaciones de afectados. “Me llama poderosamente la atención que el único que no nos ha dado subvención, pese a que nos hemos presentado, es el Ministerio del Interior. ¿Será porque somos políticamente incorrectos y denunciamos la vulneración de los derechos de las víctimas al abrirse las puertas de las cárceles a los etarras? Todavía estoy esperando una explicación del ministerio sobre la subvención”, se queja Folguera, que se olvida mencionar su enfrentamiento personal con Sonia Ramos, directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
El asesor de la AVT solicitó en 2011 la condecoración de Encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo, alegando haber sido afectado directo del atentado terrorista contra la Dirección General de la Guardia Civil , en mayo de1987, en el que murió una mujer. Sin embargo, la Dirección General de Apoyo a Víctimas rechazó su pretensión al no poderse acreditar su presencia en el lugar del atentado; también se le denegó la ayuda económica para sufragar un tratamiento psicológico. “Yo solicité una auditoría voluntariamente a Interior, y la hicieron en diciembre pasado. Aún no sé el resultado”, explica.
El contrato de Miguel Ángel Folguera como asesor de la AVT finaliza en mayo de 2014, coincidiendo con el final de la presidencia de Ángeles Pedraza. “Después seguiremos el camino en la APAVT , siempre a favor de las víctimas”, recalca Folguera. ■
Opinión
El reportaje de la revista Interviu es demoledor. Es demoledor porque ofrece datos que demuestran que algo no funciona dentro de ciertas asociaciones de victimas. Y no es que eso lo diga la redactora que realiza l investigación... es que lo reconoce el propio protagonista en sus declaraciones: "nuestros socios se dan de alta por correo electrónico": La frase es de traca: para darse de alta es de suponer que primero deben conocer la existencia de la asociación en cuestión. Y mi experiencia personal me muestra que en la infinita mayoría de los casos es la entidad quien se preocupa de localizar a la victima y pensando que "las" victimas tienen 80 años o mas me cuesta creer que el contacto sea a iniciativa de la victima. Por tanto sospecho que alguien contacta antes con la victima y es esta la que debe confirmar su adhesión. Repito que a tantos ciudadanos de 80 años no los veo realizando gestiones informáticas.
De otro lado, lo de tener "1700 socios" si lo veo factible porque llevo años denunciando que en la mayoría de asociaciones una cosa es "ser" victima y otra muy distinta es "estar" en una asociación de victimas. Ello me reafirma en que lo de la asociación mayoritaria refiriéndose a la AVT seria cuestión de comprobarlo con calma.
Ah, para terminar, a mi jamás se me hubiera ocurrido crear una asociación y colocar en la Junta a ninguno de mis dos hijos... ¿recordamos el refrán que dice lo de la mujer del Cesar? Otros se han organizado su propia asociación, otra para el cónyuge o han estado machacando a alguna administración hasta conseguir trabajo para su hijo. Y todavía hablan de dignidad…
Sinceramente, las victimas anónimas del terrorismo que están en ciertas siglas no se merecen estos representantes. Y mientras realizaban todas estas movidas ¿no encontraron tiempo para informar a "sus" representados" sobre temas tan importantes como, por ejemplo, lo relacionado con la doctrina Parot?
Me pregunto: ¿quién es el lumbreras que contabiliza una subvención dependiendo del número de socios si no contrasta antes los listados?
Ahora tengo que marcharme.... resulta que a una victima que esta en tres asociaciones ninguna le ha informado sobre los derechos que le asisten a razón de la nueva ley de septiembre de 2013. Iremos los dos a tramitar los documentos en delegación de gobierno, nos tomaremos dos cocacolas zero y recordaremos aquellos tiempos en los que la AVT era lo que era.
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