lunes, 24 de febrero de 2014

23 febrero 2014 (5) La Vanguardia

23 febrero 2014


La Audiencia Nacional interroga hoy a los verificadores por las armas y los etarras

Tres verificadores atienden la citación para testificar, pero una cuarta deja España.

Donde ETA ve a los verificadores de su primera y modestísima entrega de armas, la Justicia española ve a unos testigos que podrían aportar datos para la identificación de terroristas y la localización de armas.



La Audiencia Nacional ha citado a los seis miembros de la Comisión Internacional de Verificación para hoy, a las 10’00 horas, con la intención de que aporten todos los detalles que sirvan para identificar a los etarras con los que contactaron y para localizar los zulos que la banda pudo haberles mostrado. Tres de ellos volaron ayer a Madrid para comparecer ante el juez de guardia de la Audiencia, Ismael Moreno, entre ellos los dos que aparecieron en el vídeo junto a las armas y los terroristas.
Las citaciones fueron acordadas ayer mismo por Moreno tras recibir la tarde anterior un escrito de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco), que reclamaba citarles urgentemente para que “aporten información sobre el número de terroristas huidos con los que se han reunido, sus identidades si las conocen, los lugares en los que se reunieron con ellos y toda la información que resulte útil para que las Fuerzas de Seguridad del Estado detengan a criminales requeridos por las autoridades”.
El magistrado reclamó el parecer de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza, que mostró su “conformidad” con la citación como testigos, con las preguntas planteadas por Covite y con «cualesquiera otras» que sirvan para “esclarecer” lo planteado por las víctimas. El juez ordenó inmediatamente a la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil que notificaran las citaciones.
La citación como testigos –no como imputados– se extiende a los seis verificadores, si bien solo cinco de ellos viajaron a España para el acto del viernes. Cuatro fueron localizados in extremis en Bilbao. Todos se negaron a firmar las notificaciones, pero tres de ellos cambiaron sus planes y tomaron el vuelo de las 17.40 a Madrid para presentarse en la Audiencia. Se trata de Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe.
El ceilanés Manikkalingam y el sudafricano Kasrils fueron localizados en el aeropuerto bilbaíno de Loiu cuando iban a volar a París. No firmaron la notificación, pero cambiaron el billete por uno a la capital de España. Sus testimonios son los más relevantes, ya que son ellos los que aparecen en el vídeo con los etarras encapuchados a los que la Audiencia quiere identificar. Tras su compareciencia del viernes, hablaron de que había resultado una «odisea» acompañar a los etarras hasta el zulo. “Nos exponíamos a ser detenidos proque íbamos con personas en situaión ilegal”, reconocieron.
El británico Chris Maccabe estaba aún en su hotel haciendo tiempo hasta su vuelo a Londres cuando la Guardia Civil le comunicó la citación, según informa Vascopress. Tampoco firmó, pero también cogió el mismo vuelo a Madrid que sus compañeros.
La ecuatoriana Aracelly Satana no pudo ser localizada porque abandonó Bilbao el viernes por la tarde, mientras que el indio Satish Nambiar no llegó a pisar España al encontrarse enfermo.
Según indicaron fuentes jurídicas, los verificadores tienen la obligación de atender la solicitud del juez de prestar declaración. Así interpretan el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley”.
La Ley añade que el que “no concurriere al primer llamamiento judicial o se resistiere a declarar lo que supiere” será multado con entre 200 y 5.000 euros. Y prosigue explicando que si, en el primer caso, persiste en no presentarse ante el juez podrá ser llevado por la fuerza y acusado de obstrucción a la Justicia. En el segundo caso, el que continue sin responder a las preguntas será acusado de desobediencia grave a la autoridad.
Para casos como el de la holandesa, que se marchó tras ser notificada, cabría reclamar su declaración mediante una comisíon rogatoria internacional al país en el que se encuentre

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