11 febrero 2014 (3) Interviu (opinion)

11 febrero 2014

Estalla la AVT

El clonado de los datos de las víctimas del terrorismo llega a la fiscalía, y su presidenta señala a sus enemigos

Pedraza: “Alcaraz podría estar detrás de alguna candidatura para desbancarme”

Ana Maria Pascual

Víctimas del terrorismo afiliadas a la AVT han presentado media docena de denuncias ante la Fiscalía, la Guardia Civil e Interior tras conocer las revelaciones de Interviú sobre el posible clonado de los ficheros de la entidad. A solo tres meses de las elecciones internas, las denuncias piden una investigación sobre el trasvase de socios ancianos sin su permiso a otra entidad creada por Miguel Angel Folguera, asesor de la presidenta.

A la una y media de la tarde del pasado jueves 6 de febrero, una conocida víctima del terrorismo cruzaba la entrada de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuna de Madrid. Bajo el brazo, 48 folios llenos de reproches, pero, sobre todo, de información sobre Miguel Ángel Folguera, asesor de la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) de reciente creación. En la denuncia, a la que ha tenido acceso Interviú, se insta a la Fiscalía a investigar el clonado de los datos de víctimas que tuvo lugar en abril de 2013 desde la base de datos de la AVT a la APAVT –según revelaciones de fuentes internas de la AVT-, tal y como publicó esta revista la semana pasada.

Esas fuentes señalan que Miguel Ángel Folguera, guardia civil ahora de baja psicológica, imputado por un presunto delito de  depósito de munición, había ordenado a algunos de los empleados de la AVT el trasvase de los nombres, direcciones, teléfonos y otros datos íntimos de 127 octogenarios socios de la entidad a su propia base de datos sin el consentimiento de los ancianos. La mayoría de los cuales son viudas, padres y madres de militares asesinados por ETA. Algunos de esos nombres clonados pertenecen a fallecidos.

Esta clonación habría incrementado el número de asociados de la plataforma de Miguel Ángel Folguera –que él mismo cifra en 1.700 socios, 800 de ellos víctimas del terrorismo, y el resto simpatizantes-, que ya ha obtenido 45.000 euros en subvenciones públicas y que está a la espera de que se resuelva, otras convocatorias donde ha presentado proyectos subvencionables, como la Fundación de Víctimas del terrorismo, cuya vicepresidenta es la propia presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.

En la denuncia consta que “si bien, la avanzada edad de muchas personas que pudieran haber sido víctimas (sus datos, se entiende), quizá debería la Autoridad competente instar una investigación dado que ellos pudieran ser inconscientes del hecho sufrido”.

Miedo al boicot

Miguel Folguera niega la apropiación de esos socios ancianos y habla de enemigos. “Al día siguiente de la publicación del reportaje de “Interviú”, llevé la base de datos de la APAVT a un notario, porque es la única garantía –dice a esta revista-. La auditoria del Ministerio del Interior, que me hicieron en diciembre pasado, lo único que hace es comprobar que alguien es víctima del terrorismo o que no lo es. Ya está. Pero no se llevaron la copia de la base de datos”. También asegura: “Me da miedo, porque tengo enemigos que han podido inscribir a personas sin su consentimiento a través de nuestra web. Una de las maneras para hacerse socio de APAVT es mandar un formulario a través de Internet. Alguien ha podido meter datos falsos… Vamos a llamar a nuestros asociados uno a uno, y si quieren estar, seguirán, pero a las víctimas les vamos impedir papeles que garanticen que lo son”.

No es esta la única denuncia presentada la semana pasada a raíz del supuesto uso fraudulento de la base de datos de la AVT, con 4.500 socios. Han llegado escritos similares a la Dirección General de la Guardia Civil, a la oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y al ministro del Interior, Jorge Fernández. Precisamente fueron las declaraciones del ministro, la semana pasada, argumentando que no se investigaría a la AVT ni a la APAVT mientras no hubiera una denuncia, lo que ha provocado que al menos media docena de víctimas insten por escrito a la Fiscalía y a Fernández Díaz a que inicie una investigación. Uno de esos denunciantes es Salvador Ulayar, exdelegado de la AVT en Navarra e hijo de Jesús Ulayar, asesinado por ETA en 1979: “Las irregularidades vienen de lejos. Ha llegado el momento de pedir que se investiguen”, apunta a Interviú.

La gratificación

En algunas de las denuncias se menciona la gratificación de Folguera como asesor de la AVT: 800 euros al mes, más el abono de los gastos del asesor. En 2011, la cifra total fue de 15.806 euros, según recogen las denuncias.

Ángeles Pedraza confirma a esta revista que Folguera estuvo cobrando los 800 euros mensuales solo durante 2011, y muestra el acta de la junta directiva donde se aprobó por unanimidad el pago de esa compensación. “En 2012, cuando comenzó la campaña de acoso de mis oponentes para hacerse con la presidencia de la AVT, igual que ahora, sacaron a relucir que Miguel cobraba. Se le explicó a los socios, pero Miguel decidió renunciar a esa compensación”, explica Pedraza.

Los denunciantes razonan que al estar Folguera de baja laboral en la Guardia Civil no puede desarrollar otra actividad remunerada fuera de su profesión; y aportan numerosas fotografías de Folguera en diversos actos y viajes fuera de la provincia de Madrid, donde reside, estrechando la mano a las más altas personalidades del Estado, como el Príncipe.

Miguel Folguera lleva nueve años incurso en un procedimiento por depósito de armas, derivado de una operación de la Guardia Civil en 2004, que desmanteló una red de tráfico de armas. Para Folguera el fiscal pide tres años y medio de prisión. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado nulas tanto las escuchas telefónicas como el registro en su domicilio, que eran las bases de la acusación: “Este procedimiento judicial, que yo nunca he ocultado, se ha usado en mi contra por los primeros abogados que me defendieron, Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio, que eran los letrados de la AVT. Ellos filtraron a la prensa y a lo socios el sumario y mi imputación.  El anterior presidente de la Asociación, Juan Antonio García Casquero, los denunció al Colegio de Abogados de Madrid”, cuenta Folguera. Y Pedraza apostilla: “A partir de ahí comenzó la ‘vendetta’. Y cuando se aproximan las elecciones en la AVT, cada dos años, preparan alguna maniobra para hundirme”.

La abogada Manuela Rubio explica a esta revista que “el Colegio de Abogados ni siquiera abrió diligencias porque las acusaciones no tenían consistencia alguna. No se filtró a nadie nada. Están desviando la atención con falsas acusaciones de campañas orquestadas. Ni el señor Francisco José Alcaraz quiere volver a la AVT ni se va a presentar, porque ya no es socio, ni yo tengo nada que ver con los exempleados que denuncian irregularidades”.

A tres meses de las elecciones en la AVT, Pedraza y Folguera, el asesor que parece haberse quedado solo con el apoyo de la presidenta, sospechan que Alcaraz, expresidente de la AVT, podría estar en la sombra; “detrás de una posible candidatura que se enfrente a la mía”, asevera Pedraza. Por su parte, Alcaraz publicó la semana pasada un comunicado en las redes sociales negando que quiera volver a ocupar la presidencia de la entidad, la que más subvenciones públicas recibe, más de un millón de euros anuales.

Folguera culpa a sus primeros abogados de la desestimación por parte de Interior de la condecoración como víctima, algo que viene solicitando desde 2011: “Me la acabarán dando porque me corresponde, pero al llegar el sumario al ministerio todo se paró”.

Opinión:

Sin entrar a valorar los presuntos delitos cometidos, he decidido hacer una breve revisión de las respuestas que aporta el señor Folguera. Es im-pre-sio-nan-te:

“al día siguiente, llevé la base de datos de la APAVT a un notario, porque es la única garantía”…

hombre, la idea es buena, pero llevándola al día siguiente hay mucho tiempo para hacer los cambios que se consideren pertinentes antes de entregar la relación al Señor Notario.

“pero no se llevaron la copia de la base de datos”.

Sólo faltaría, si precisamente el problema es que la base de datos no debe salir de la sede de una entidad… ¿cómo se la va a llevar entonces el Ministerio de Interior?

“porque tengo enemigos que han podido inscribir a personas sin su consentimiento a través de nuestra web”.

¿Está el señor Folguera reconociendo que, como presidente de APAVT, no controlaba ni cotejaba ni contrastaba las altas que iban llegando a su propia asociación? Pues mientras ejercí mi labor como delegado en Cataluña de la antigua AVT o en diferentes etapas en la asociación catalana, podría explicarle que una de mis labores mas complicadas y a las que tenía que dedicar muchísimas horas era, precisamente, comprobar cada alta que llegaba y contrastar la documentación que realmente acreditaba el reconocimiento como víctima de quien solicitaba su afiliación, ya fuera de motu propio o tras mi investigación para localizarla. Además, podría darle una larga lista de personas a las que tuve que decir que no podían ser miembros al no cumplir los requisitos que exige la administración y la legislación. Bueno, mejor no se la doy no sea que se “afilien” vía Internet.

“una de las maneras para hacerse socio de APAVT es mandar un formulario a través de Internet”.

Dicho sea con todo el respeto del mundo, ahora descubrimos que 127 octogenarios tienen los conocimientos informáticos para darse de alta en una asociación… hombre, un poco raro sí que es… pero lo que mas pena me da es que, al parecer, algunos ya habían fallecido años atrás.

“vamos a llamar a nuestros asociados uno a uno, y si quieren estar, seguirán, pero a las víctimas les vamos a pedir papeles que garanticen que lo son”.

Ole, ole y ole…. En Cataluña hay un premio que se llama OTB… “ole tus buev…”…. Bien señor Folguera, bien…. van a pedir los papeles ahora. ¿Eso significa que no los han pedido antes, cuando las “víctimas” se afiliaban? Dice que si quieren estar seguirán… ¿igual que cuando 68 víctimas residentes en Cataluña solicitaron la baja en la AVT y no se accedió a su deseo? (usted es el asesor, debe conocer la historia de la entidad).

En cuanto al tema de la gratificación no voy a entrar porque es lógico que la reciba quien lleve a cabo una labor de marcado carácter asistencial y pueda demostrar haber realizado una dedicación social, jurídica, psicológica o de cualquier otro tipo dirigida al colectivo de víctimas del terrorismo. Otra cosa, muy distinta, es que se reciba sin hacer labor alguna o que la labor sea mas de carácter político/partidista… para eso ya están los partidos políticos.