21 junio 2018
El Gobierno se inspirará en la via
macron para flexibilizar la situación de los presos
Marlaska se reúne hoy con las
víctimas para allanar el terreno a posibles cambios y prevé actuar primero con
los reclusos con delitos menos graves
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne
hoy con las principales asociaciones de víctimas del terrorismo de toda España
para exponerles los pasos que el nuevo Gobierno socialista dará en materia de
presos de ETA y allanar el terreno de cara a un cambio de estrategia
carcelaria. Se trata del mismo y decisivo movimiento que hace cinco meses hizo
el Ejecutivo francés antes de proceder a los primeros acercamientos de
reclusos. De hecho, el gabinete de Pedro Sánchez se inspirará en buena parte en
la vía abierta en Francia por el presidente galo, Emmanuel Macron, para
flexibilizar la política penitenciaria de forma paulatina y «dentro de la
legalidad y el consenso con las víctimas», según distintas fuentes consultadas
por este periódico.
El Ejecutivo del PSOE, además, contará con el respaldo del
Gobierno Vasco y el PNV en todos los movimientos que haga en este sentido. Se
da la circunstancia de que París será el destino del primer viaje oficial del
presidente español, que se reunirá con Macron el sábado, aunque en materia de
Interior el objetivo de esta visita está más relacionado con la política
migratoria que la penitenciaria, más allá de que ésta pueda salir también en la
conversación.
Sánchez tenía en su mano la gestión de los
ritmos a la hora de pronunciarse en una materia tan sensible. Nadie le había
presionado para que se pronunciara de inmediato y las prioridades parecían
pasar por otras cuestiones. No obstante, al anunciar oficialmente el lunes por
la noche que cambiará de estrategia tras la disolución de ETA, ha puesto en
marcha la maquinaria que, en principio, pasaría por flexibilizar la situación
de los presos enfermos y abordar paulatinamente los acercamientos a cárceles
próximas a Euskadi. Antes de eso, consciente de lo delicado del tema y de las
críticas que pueda suscitar, su primer paso será hacer pedagogía con las
víctimas.
Exactamente el mismo movimiento que hizo en enero el
Gobierno de Macron cuando, apenas unos días después de anunciar que movería a
los presos, recibió en París a Covite, AVT y Fundación Víctimas del Terrorismo.
Fue Hélène Davo, directora de gabinete de la ministra de Interior, Nicole
Belloubet, e interlocutora con la delegación de electos de Iparralde, la
encargada de reunirse con las víctimas españolas. Les garantizó que cualquier
movimiento se enmarcaría en la legalidad y el principio de individualización.
Los colectivos de damnificados por el terrorismo salieron satisfechos de la
cita. Apenas un mes después de aquellas reuniones, Francia comenzó a acercar a
los primeros presos, la mayoría sin delitos de sangre y con penas a punto de
cumplirse, aunque entre ellos había algunos relevantes dirigentes como el
exparlamentario Jon Salaberria, ya en libertad. Ninguna víctima expresó recelos
por esos traslados a Mont-de-Marsan y Lannemezan, las dos cárceles galas
próximas al País Vasco francés.
En principio, el Gobierno del PSOE no prevé un cambio
radical e inmediato y todo apunta a movimientos paulatinos y medidos en estos
dos años de legislatura. La situación de los enfermos sería la primera a
abordar, y los acercamientos comenzarían, al igual que en Francia, por presos
sin delitos de sangre o cerca de terminar condena, según fuentes
gubernamentales. Los socialistas contemplan con interés propuestas como la del
lehendakari Iñigo Urkullu de concentrar a los internos en penales en un radio
de 250 kilómetros
en torno a Euskadi.
Cambio de grado
Una de las incógnitas radica en la postura que adopte el
nuevo Gobierno español sobre las peticiones de los presos para pasar del primer
grado al segundo, que les permitiría acceder a beneficios. Francia ha retirado
el estatus de DPS (peligrosidad) a una docena de presos, entre ellos varios
exdirigentes de ETA. Está retirada del estatus de 'Detenido Particularmente
Señalado' sería, para el mundo de los reclusos, una medida equivalente en
España a la progresión de grado. Esta decisión depende principalmente de los
jueces, aunque las directrices que marquen las Juntas de Tratamiento de cada
prisión, dependientes de Instituciones Penitenciarias, órgano gubernamental,
pueden ser decisivas.
En todo caso, el Ejecutivo sí que prevé condiciones a los
presos en el sentido de «reconocer el daño causado» y avanzar hacia la
«reinserción», desmarcándose de la violencia y de ETA, algo más factible una
vez disuelto la organización. Sánchez cuenta con una mayoría absoluta de 180
escaños, los mismos de la moción de censura, partidarios de otra política
penitenciaria: PSOE, Unidos Podemos y sus mareas, PNV y EH Bildu, PDeCAT y ERC.
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