6
septiembre 2019
El TC revisará las leyes vascas
y navarra de abusos policiales
Los recurrentes alegan que la norma impugnada puede
vulnerar la reserva constitucional de la función jurisdiccional
El Tribunal Constitucional estudiará si las leyes vasca y
navarra de abusos policiales vulneran la Constitución. El
tribunal garante se adentrará en el fondo del asunto y estudiará la
constitucionalidad de ambas normas, tras admitir a trámite los recursos de
inconstitucionalidad presentados contra ellas.
El
pleno del TC -compuesto por los doce magistrados que conforman el tribunal
encargado de salvaguardar la primacía de la Constitución- adoptó
ambas decisiones a través de providencias el pasado jueves, en su primera
reunión tras el parón veraniego.
En los
dos supuestos, la admisión a trámite no anticipa la posición de fondo del
Constitucional, que en unas semanas expresará su veredicto.
En el
primer caso, los magistrados han admitido un recurso de inconstitucional
promovido por más de 50 senadores del Partido Popular (PP) contra la ley vasca
de reconocimiento y reparación de vulneraciones de derechos humanos «en el
contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma
del País Vasco entre 1978 y 1999». La ley 5/2019 -conocida como la ley vasca de
abusos policiales y criticada por colectivos de policías y guardia civiles, que
alegan que trata de humillarles- salió adelante con el apoyo del PNV y del PSE.
Solo el PP votó en contra en la cámara vasca.
Según
el recurso de los senadores populares, la normativa supone una «ofensa para las
víctimas del terrorismo» y un insulto al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Los populares de la Cámara Alta señalaron
que cientos de víctimas de la banda terrorista ETA son agentes policiales, y
denunciaron que la ley busca «equiparar a víctimas y verdugos». «Las Fuerzas de
Seguridad del Estado se dejan la vida para protegernos; tienen la admiración y
gratitud de toda la sociedad, y merecen el reconocimiento y el respeto de todas
las fuerzas políticas», manifestó en la presentación del recurso Ignacio
Cosidó, el entonces portavoz popular en el Senado. Los recurrentes consideran
que la ley vasca invade las competencias reservadas en la Constitución al Poder
Judicial, y argumentan que el único cauce para apreciar una vulneración de los
derechos humanos es una resolución judicial que no vulnere las garantías
previstas en la
Constitución.
Ahora,
el Congreso, el Senado y el Gobierno, así como el Ejecutivo y el Parlamento
vasco, tienen un plazo de quince días para formar parte del proceso y presentar
sus alegaciones.
En la
otra providencia, el pleno del Constitucional admite a trámite los recursos de
inconstitucionalidad interpuestos por más de 50 diputados del grupo
parlamentario popular, de Vox y de Ciudadanos en el Congreso, contra la ley
foral de reconocimiento y reparación de víctimas de grupos de extrema derecha.
Esta normativa sustituyó a otra legislación previa que ya fue anulada por el
Constitucional.
En este
caso, los recurrentes alegan que la ley aprobada la pasada primavera permite
que un comité declare víctimas de abuso policial a quien lo solicite. Eso
supone otorgar a ese órgano la capacidad de calificar implícitamente como
culpable a una institución o a un funcionario, sin sentencia judicial. Según
los partidos, que denuncian que la comisión creada asume la función
jurisdiccional, el objetivo es blanquear al entorno de ETA.
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