19 septiembre 2019
El
juez rechaza investigar los vínculos del imán de Ripoll con el CNI
Cuevillas, diputado de Junts per Catalunya, es también el
abogado de Javier Martínez, una de las víctimas del atentado. Xavi, su hijo de
tres años, murió el 17 de agosto de 2017 tras ser atropellado en La Rambla por la furgoneta que
conducía Younes Abouyaaqoub, uno de los miembros de la célula terrorista de
Ripoll. El pasado julio, el digital Público difundió
una serie de artículos que señalaban que el CNI tuvo conocimiento previo de los
ataques y que, por tanto, pudieron haberse evitado. Esas informaciones
obtuvieron un enorme eco en el entorno independentista. También entre víctimas como Martínez,
que a través de Cuevillas envió un escrito a la Audiencia Nacional
solicitando una serie de pruebas. Ahora, en un auto al que ha accedido EL PAÍS,
todas ellas han sido denegadas.
El padre había solicitado que el CNI remitiera cualquier
informe en su poder sobre los vínculos con Es Satty. Pero esa petición
"excede del ámbito de investigación" sobre los atentados, dice la Fiscalía. El
ministerio público añade que "en la causa no se ha puesto de manifiesto
indicio alguno relativo a ello". Y aprovecha para desmontar algunas de las
afirmaciones hechas públicas. Niega, por ejemplo, que el Estado tuviera
conocimiento previo de los planes del imán y de los chicos de Ripoll a los que
adoctrinó. "Los movimientos de la célula y comunicaciones entre sus integrantes
se han podido ir recomponiendo con la información obtenida de la cooperación
internacional y con el análisis pericial de los numerosos dispositivos
electrónicos intervenidos", afirma.
"Rigor" en
la investigación
El escrito también solicitaba analizar una cuenta de correo
electrónico de Gmail con el nombre de AdamPerez que, según Público, estuvo
activa hasta el verano de 2017 y sirvió como vía de comunicación entre el
controlador del CNI y el imán. La
Fiscalía recuerda que tanto la cuenta como la contraseña se
encontraron "en una nota hallada en la casa de Alcanar", que saltó
por los aires un día antes del atentado de forma fortuita. La fiscalía admite
-tal como señalan los informes de los Mossos que obran en el sumario- que
existe un acceso al correo el 18 de agosto de 2017. Pero señala que Google ya
contestó al requerimiento y dijo que "no disponía de datos" sobre ese
acceso porque solo guardaban los datos 180 días. "Todo ello",
concluye el fiscal, "pone de manifiesto el rigor y esfuerzo" de las
pesquisas.
El juez señala que asume "íntegramente" las
"alegaciones y argumentaciones" de la Fiscalía y deniega todas
las peticiones, aunque abre la puerta a que el abogado de Martínez pueda
solicitarlas de nuevo una vez se abra la fase de juicio oral.
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