13 septiembre 2019
Aboga en una carta
por la destitución de Ángeles Pedraza y Mari Mar Blanco de sus cargos públicos
por su vinculación al PP
Que el colectivo de víctimas del terrorismo es muy
variopinto es casi una obviedad. Pero de un tiempo a esta parte se ha venido
acentuando el papel político de algunos damnificados a raíz de su incorporación
en listas electorales –especialmente numerosa en las últimas citas con las
urnas– y en cargos de responsabilidad institucional nombrados a dedo. Si bien
las víctimas están en su derecho de hacer política, este paso ha despertado los
recelos de otras, que reivindican su independencia frente a posicionamientos
partidistas.
Dos son los
nombres que han saltado a la palestra en los últimos días, aunque el runrún
llevaba ya tiempo escuchándose de puertas hacia dentro. Son los de Ángeles
Pedraza y Mari Mar Blanco. Covite, cuya presidencia
ostenta Consuelo Ordóñez, ha abogado hace solo 24 horas por la destitución de
ambas de sus actuales cargos. Lo hizo por primera vez
públicamente, a través de una carta abierta. Pedraza acaba de ser
nombrada gerente del servicio de emergencias Madrid 112, tras
su cese como comisionada para las víctimas del terrorismo del Gobierno de dicha
Comunidad, mientras que Blanco ostenta la
presidencia de la
Fundación Víctimas del Terrorismo. Ambas
forman parte activa del PP.
Ángeles
Pedraza, cuya hija falleció en los atentados del 11-M, se retiró de la primera
línea de la AVT
en abril de 2016. Cercana a Cristina Cifuentes, todos los rumores apuntaban a
su salto a la política de la mano del PP. Y así lo hizo. A principios de julio
del pasado año su nombre empezó a sonar con fuerza después de que Ángel Garrido
anunciara su nombramiento como comisionada para las Víctimas del Terrorismo de
Madrid. En la carrera hacia el liderazgo del PP, Ángeles Pedraza se situó al
lado de Pablo Casado. Su apoyo le valió un sillón en el comité ejecutivo
nacional. Pero no fue tanto el salto a la política sino su cargo en el Gobierno
de la Comunidad
lo que despertó los recelos en diferentes colectivos de víctimas. La Asociación 11-M no
escondió su malestar, pero también Covite. Aunque no se ha sabido hasta esta
semana, el colectivo que lidera Consuelo Ordóñez, hermana del exconcejal del PP
asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, envió una carta a Garrido en la que le
solicitaba la destitución de Pedraza al considerar que el cargo como
comisionada debía regirse por «la independencia política
y el consenso». Una semana después, el entonces presidente de
Madrid deshechó la idea alegando la trayectoria «intachable» de la expresidenta
de la AVT en la
defensa de los derechos de las víctimas. Desde el pasado martes, Ángeles Pedraza
es la nueva gerente de Madrid 112.
Desde Covite aseguran no sentirse «representados por
aquellas víctimas que ocupan cargos de representación y gestión de nuestros
derechos al mismo tiempo que militan y tienen cargos en partidos políticos».
Hacen alusión a los puestos que ha ocupado Pedraza, pero también al hecho de
que Mari Mar Blanco siga siendo presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo a la vez que participa activamente en actos del PP y es diputada
del mismo. Blanco ocupa este cargo desde que como presidente del Gobierno
Mariano Rajoy le situara en el mismo en 2012. Responsables de Covite ya le
habían trasladado a título personal a ella lo que consideraban una «incompatibilidad ética». Pero no son el único colectivo que lo
así lo piensa. Se da la circunstancia de que en las últimas horas el nombre de
la hermana de Miguel Ángel Blanco ha empezado a sonar para el comisionado de
apoyo a las víctimas de Madrid del que acaba de salir Pedraza, a cambio de que
ceda su escaño en el Congreso. Dicha carambola política, ahora bien, no ha sido
confirmada oficialmente.
Con su
carta Covite quiere no solo critica este baile de cargos y pedir la destitución
de Pedraza y Blanco, sino hacer «un alegato» en defensa de la «independencia
política de las víctimas del terrorismo», al tiempo que lamentan que haya,
dijeron, «quienes se presten a la
utilización partidista de la causa». «Perjudican a todo el colectivo», reprochan.
Opinión:
Curioso que ahora COVITE participe en la decisión de pedir la dimisión
de las señoras Blanco y Pedraza cuando, no hace mucho, se les pidió unirse a la
misma propuesta y prefirieron una “elegante inhibición”… Quien quiera pruebas,
no tiene más que navegar en este humilde blog.
¿Por qué ahora sí? ¿Qué diferencias hay desde la propuesta enviada entonces
y la decisión tomada ahora? Bueno, como dice el refrán… “nunca es tarde…”
Y por otra parte, que se hable AHORA de que el colectivo de víctimas es
variopinto (yo lo llamo “pluralidad”) no deja de ser chocante, porque hay
muchas víctimas que llevamos años denunciando la misma obviedad y parecía no
importar a nadie. Nuevamente me pregunto ¿por qué ahora sí importa y hasta hace
escasas fechas no se mencionaba?
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