10 septiembre 2019
El ministerio público
cree que la banda trata de “rentabilizar” el anuncio de su final
En el documento, la Fiscalía parece dar por buena la disolución de la
banda y el desmantelamiento total de sus estructuras, tras medio siglo de
violencia terrorista, con un balance de 854 asesinatos z miles de heridos. El
reconocimiento de que ETA es una banda “desaparecida” supone un cambio en la
doctrina oficial de la
Fiscalía , que siempre se ha mostrado absolutamente escéptica
sobre los movimientos de la organización terrorista. No obstante, el ministerio
público considera que los últimos pasos de ETA hacia su desaparición en la
primavera del año pasado —los comunicados en los que reconocen el “daëo causado”
z piden perdón, aunque solo a algunas victimas; la entrega de un mapa con sus
arsenales y que dan por finalizado su “ciclo histórico”— obedecen a una
“estrategia propagandística” con la que buscan “magnificar y rentabilizar” el
anuncio de su final. La
Fiscalía recuerda que la desaparición de la banda “realmente
ha sido motivada por la extrema debilidad en que están sumidas sus
estructuras”.
En su
discurso de presentación de la memoria anual, la fiscal general del Estado,
María José Segarra, ha manifestado que la disolución de ETA no es sino la
“ratificación de su derrota”, que ha sido posible “por la respuesta decidida
del Estado de derecho”. Y ha añadido: “La aplicación de la ley es la mejor
forma de erradicar el terrorismo”.
Sin
embargo, los fiscales no dan por extinguida la posibilidad de un rebrote del
terrorismo independentista vasco, “sin duda, con
una menor capacidad lesiva y con un ámbito de actuación circunscrito
a la comunidad autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de
Navarra”. El documento señala que los grupos disidentes, con individuos más
radicalizados, han llevado a cabo actos de sabotaje de carácter leve contra
bancos e infraestructuras ferroviarias, generalmente para reclamar la libertad
de los presos de ETA enfermos y mayores de 70 años y el acercamiento de los
reclusos a las cárceles próximas al País Vasco. El informe señala que el
sindicato de estudiantes Ikasle Abertzaleak ha
sido expulsado por Sortu de la izquierda abertzale oficial
y ha pasado a formar parte del movimiento disidente y, más concretamente, de la
organización radical ATA.
Yihadismo, la principal inquietud.
En cualquier caso, el terrorismo nacionalista ha cedido
definitivamente el paso ante el yihadismo como principal inquietud de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía
constata que la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak está generando un “terrorismo de ida y vuelta”, con
el retorno de los combatientes desplazados a esa zona de conflicto. El
yihadista busca “regresar con un sólido entrenamiento en el combate o en el
manejo de armas y explosivos. Z ahora mas que nunca quiere actuar “en casa”, escribe
el ministerio público.
Delitos de odio y contra la discriminación: repunte en Cataluña
por el procés.
La memoria de la Fiscalía cifra en 744 los procedimientos
judiciales abiertos por este tipo de delitos. El ministerio público ha
formulado 149 acusaciones y se han dictado 133 sentencias condenatorias. Los
motivos más habituales de discriminación son el racismo y la xenofobia, los
motivos ideológicos, la orientación sexual y las creencias religiosas. Pero el
texto firmado por la fiscal general llama también la atención sobre “un incremento” de procedimientos judiciales
sobre este tipo de delitos en Cataluña debido al proces. El documento no aporta cifras ni datos estadísticos,
solo el hecho de que “desde Barcelona y, en general los compañeros de Cataluña,
se comenta” el crecimiento de estos delitos “entre otras razones” por el
aumento de denuncias por hechos delictivos “cometidos en el contexto de las
tensiones sociales y políticas consecuencia de la elevada polarización que está
sufriendo la sociedad catalana, especialmente desde el mes de septiembre de 2017” .
Pique Audiencia-Anticorrupción.
Una lectura atenta del documento deja entrever un pique
profesional entre las dos Fiscalías estrellas del
ministerio público español: la de la Audiencia Nacional
y la
Anticorrupción. El descenso de asuntos de terrorismo ha hecho
que los principales asuntos de la Audiencia Nacional sean de delitos económicos y
escándalos políticos, donde Anticorrupción lleva la dirección de las
investigaciones. Los fiscales de la Audiencia piden “el reforzamiento de su papel (…)
en los asuntos que le son propios, así como la redefinición de las competencias
con las otras Fiscalías Especiales, debiendo establecerse con las mismas los
oportunos mecanismos de cooperación y coordinación”. Una manera velada de dar a
entender que están entrando en su terreno.
Por su parte, Anticorrupción dice que “resulta llamativo
que los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción estén aforados ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no ante el Tribunal Supremo, incluso
cuando actúan ante los órganos de la Audiencia Nacional.
Una disparidad difícilmente explicable con los fiscales de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ,
cuyo aforamiento ante el Tribunal Supremo ha sido reiteradamente admitido por
el alto tribunal”.
Cooperación judicial
internacional, sensación “agridulce”.
En líneas generales, la cooperación judicial internacional
se ha incrementado en los últimos años, pero el ministerio público admite que
2018 dejó una “sensación agridulce” porque
la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la Unión Europea no se
ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos
judiciales. El informe no cita expresamente ningún caso, pero la reflexión que
recoge parece surgir, sobre todo, del fracaso con las órdenes de detención
dictadas contra los líderes independentistas catalanes huidos de España, entre
ellos el expresidente Carles Puigdemont.
“En este punto conviene reafirmar que la normativa sobre cooperación
internacional descansa en el principio de confianza mutua. Y que esta confianza
puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales,
realizando tareas de valoración sobre el grado o intensidad de algunos
elementos del tipo penal que, a nuestro juicio, exceden abiertamente de la
tarea de control del cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar
las decisiones remitidas por las autoridades judiciales o fiscales de los
países implicados”, se quejan los fiscales.
Droga: proliferan las
plantaciones de cannabis.
Seguridad vial: el riesgo de
los patinetes.
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