21 marzo 2022
Espaldarazo a las víctimas de ETA
El apoyo del Parlamento europeo al esclarecimiento de los crímenes sin resolver de la banda asesina es un valioso apoyo a los damnificados por la barbarie terrorista.
Los asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA sigan aún sin esclarecerse. Es decir,
que las familias de casi la mitad
de las víctimas no hayan visto satisfecho el derecho que les asiste a la verdad
y la justicia. El irreversible daño causado por la injustificable barbarie del
terrorismo no ha tenido en su caso ni la mínima reparación que implica la
identificación de los autores materiales y de los instigadores de los
atentados, su puesta a disposición de los tribunales y el cumplimiento de las
penas que les sean impuestas. Agotar todas las vías, por complejo que pueda
resultar, para impedir la impunidad de los culpables es una obligación moral
que los poderes del Estado no pueden eludir, por más que el tiempo transcurrido
desde que se cometieron muchos de los atentados haga difícil que se puedan
conseguir avances significativos.
El Parlamento europeo invita a emprender ese camino en un informe elaborado a raíz de una visita de eurodiputados a España, que será votado en las próximas semanas y recoge recomendaciones a las autoridades españolas y europeas. El texto apuesta por considerar “de lesa humanidad” los crímenes de la banda asesina de forma que no prescriban y por vincular la concesión de beneficios penitenciarios a etarras a su colaboración para resolver casos pendientes cuyos datos conozcan. El informe aboga además por que todas las instituciones competentes eviten la exaltación pública de los terroristas condenados a su salida de prisión, los conocidos como ‘ongi etorri’, porque suponen “una humillación para las víctimas” y piden desarrollar “mecanismos para criminalizar estos actos”. El documento constituye sin duda un valioso apoyo moral y un reconocimiento simbólico a los damnificados. Y sirve de recordatorio de una situación tan injusta como dolorosa que revela las insuficiencias en la labor desarrollada por las instituciones. Los delitos puede que prescriban; el derecho a conocer la verdad, no.
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