05 febrero 2024 vozpopuli.com

05 febrero 2024

José María Fuster-Fabra: "Hay indicios para investigar Tsunami Democràtic por terrorismo"

El penalista catalán explica que han tenido muchas trabas para actuar en causas como los CDR o a la de los lazos rusos del procés, y dice que el delito de terrorismo tiene cabida porque se está en fase de instrucción

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José María Fuster-Fabra sabe lo que es lidiar en causas vinculadas al procés. El penalista catalán ha liderado la acusación en los casos Voloh (sobre los lazos del independentismo con Putin), el de los CDR por terrorismo y ahora también actúa en Tsunami Democràtic. Pese a las dificultades que ha tenido que afrontar para mantenerse en estos procedimientos, el abogado se mantiene firme y considera que los indicios recabados sí permiten investigar parte de estos hechos por delito de terrorismo.

En entrevista con Vozpópuli el prestigioso letrado que ha dedicado gran parte de su carrera a defender a agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, argumenta que tanto el caso Voloh como Tsunami Democràtic están en instrucción; y, en esta fase de investigación, sí cabe atribuir indiciariamente el terrorismo, como ocurre en la causa contra el movimiento radical.

"Sobre Carles Puigdemont y sus presuntos vínculos rusos o su papel dentro de Tsunami. ¿Es suficiente para investigarlo? La respuesta es sí. ¿Y para condenarlo? No lo sé. Yo no creo ni dejo de creer que sea terrorista. Lo único que digo es que estamos en fase de instrucción", razona el penalista.

El abogado lidera tres de las principales causas vinculadas al procés que quedarán completamente anuladas en cuanto se apruebe la amnistía pactada entre el Gobierno y sus socios independentistas. De esta forma se dejará en papel mojado años de investigación que ponen en la picota a varios líderes independentistas, como la 'número dos' de ERC, Marta Rovira, Carles Puigdemont o su mano derecha Josep LLuís Alay.

"Apoyamos al juez de Voloh"

Precisamente las conversaciones incautadas a este último en el caso Voloh marcaron el camino a los investigadores para comenzar a investigar su conexión con el Kremlin. Se trata de una causa que arrancó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en 2016 y que, seis años después estrecha el cerco al entorno de Puigdemont por sus contactos y reuniones con la camarilla de Putin en busca de respaldo político y económico en su lucha por la independencia.

Fuster-Fabra decidió entrar en este procedimiento al constatar la ausencia de una acusación que defendiera la actuación de los investigadores. Al respecto recuerda el equipo que formó con el abogado Miguel Capuz. "Empezaron a aparecer en medios cercanos al independentismo una campaña contra la Guardia Civil y contra el juez y entonces, puestos de acuerdo con varias asociaciones, nos personamos", relata.

Gracias a la celeridad de la actuación llegaron a tiempo para confrontar algunos recursos de apelación de los imputados y lograr el aval de la Audiencia Provincial de Barcelona al instructor Joaquín Aguirre. Desde entonces han respaldado las actuaciones del juez hasta su último pronunciamiento de este pasado lunes, cuando constató los vínculos entre Puigdemont y Putin en el auto por el cual prorrogó la investigación medio año más.

Los CDR y los islamistas del Rabal

Además de Voloh, Fuster-Fabra también acusa en la causa de los CDR. En este punto el abogado agradece la implicación de los abogados Ignacio Fuster-Fabra y José Carlos Velasco. "No hubiera sido posible sin el trabajo altruista del despacho de Madrid", confiesa.

En este procedimiento, que estalló en septiembre de 2019 en el marco de la operación Judas, representa a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Tras cuatro años de investigación y con la causa pendiente de ir a juicio, Fuster-Fabra avisa que el nivel de preparación de la docena de detenidos era muy similar al de los 11 islamistas del Raval, causa en la que ejerció la acusación popular.

"Los CDR no llegaron a poner ninguna bomba, pero el nivel de preparación y de actuación era muy similar. A estos islamistas les cayeron penas de hasta 14 años de cárcel que luego el Tribunal Supremo rebajó a penas de entre 6 y 8 años. Por estos mismos hechos quieren que los CDR queden libres", señala.

En este punto el abogado recuerda que la asociación no recibe subvención alguna de la Generalitat por negarse a respaldar el procés. "Esta es una asociación radicalmente apolítica. Nos quitaron todas las subvenciones, hasta el punto de que no tiene sede social. Es mi despacho", cuenta.

La falta de medios les llevó a tener que pedir la fianza que le exigió la Audiencia Nacional para ingresar en la causa. Se la prestó la asociación también personada en el procedimiento Dignidad y Justicia. "Desde entonces, hemos estado en todas las acciones procesales", apostilla.

"Pedimos que Tsunami se investigue por terrorismo"

La tercera de las causas en la que acaba de entrar como acusación particular es Tsunami Democràtic. El procedimiento, que nació muy vinculado al de los CDR, también en 2019, ha cogido vuelo tras todos estos años instruyéndose bajo secreto de sumario. El punto de inflexión fue la entrega del informe final de la Guardia Civil que apuntaba a Puigdemont, Rovira y personas de su entorno por su rol de liderazgo en el movimiento.

En este caso representa a dos agentes de policía que resultaron heridos en uno de los disturbios ocurridos en el centro de Barcelona en protesta a la sentencia del procés. "Ellos consideran que moralmente podrían ser reconocidos como víctimas del terrorismo. En el momento apareció esta palabra decidimos personarnos", determina.

Sobre esto explica que, pese al cambio de criterio de la Fiscalía, hay indicios para investigar los hechos por terrorismo. "Hay una cosa que la gente no entiende y se está utilizando por el independentismo: estamos en fase de investigación. La pregunta no es si en este momento se condenaría a Puigdemont o no, ya que para ello tiene que ver auto de transformación y escritos de acusación. La pregunta es si hay indicios suficientes para García Castellón y Aguirre sigan investigando y la respuesta es: sí. Los hay", añade.

Al respecto apela a uno de los episodios más polémicos de los convocados por Tsunami, el bloqueo de El Prat, para recordar que este aeropuerto es un referente logístico para convoyes de apoyo de las fuerzas aéreas de algunos países aliados de la OTAN. "Una invasión del aeropuerto puede afectar al tráfico aéreo de toda Europa y eventualmente a las propias estructuras de la OTAN", alega el socio decano de Fuster-Fabra abogados. Al hilo, recuerda que en las batallas campales de Barcelona, en las que el magistrado también aprecia indiciariamente el terrorismo, los manifestantes actuaron de forma "muy organizada".

El 'lawfare' es un disparate

En relación a este delito tal y como se contempla en el Código Penal tras su reforma de 2015, Fuster-Fabra explica que es finalista. "Llamamos acción de terrorismo desde una persona que apuñala en el nombre de Alá hasta todo un estado, como es el ISI. Son actuaciones muy amplias", precisa el abogado, quien insiste en que se habla de terrorismo en una fase inicial de "instrucción" de Tsunami.

En relación a las acusaciones desde el propio Gobierno y sus socios contra los magistrados instructores acerca de la coincidencia de estas investigaciones con la negociación y tramitación de la ley de la amnistía, José María Fuster-Fabra explica que no es cierto que las causas hayan estado paradas y recuerda que hay pronunciamientos como la prórroga de las diligencias que vienen regulados por Ley y se tienen que acometer cada seis meses.

"Que esto coincida o no con la aprobación de la ley de la amnistía no depende del juez. Los tiempos procesales son los tiempos procesales y lo que no podemos hacer es que los tiempos de la política sean los de la Justicia. A mi nadie me puede decir que esto no puede ser investigado", razona.

Precisamente, sobre el 'lawfare' denunciado por el independentismo catalán, Fuster-Fabra avanza que es un "disparate". Recuerda que el término lo acuñó el general de división, Charles Dunlap, y determina la utilización de la ley para conseguir un fin que de otra manera solo podría conseguir a través de una fuerza militar regular. "Decir que esto ha pasado en España es una auténtica barbaridad", concluye.