18 abril 2016
Sortu redobla la
presión sobre los presos etarras para que asuman la legalidad penitenciaria
El colectivo de
presos limita su compromiso a abrir un debate interno en las cárceles
La izquierda abertzale redobla su presión sobre los presos
etarras para que asuman la legalidad penitenciaria y se beneficien de una
pronta excarcelación. En el Gobierno vasco se calcula que en 2020, la mitad de
los reclusos, unos 200, podrían salir en libertad si se acogen a estas
condiciones. La manifestación del domingo en Bilbao insistía en este extremo.
Tratan de convencerles de que asumir estos beneficios no “cuestiona el carácter
ni la dignidad de su trayectoria” terrorista. Pero los presos se resisten y se
inclinan por reclamar la amnistía.
Tres meses después de que Sortu pidiera a los casi 400
presos de ETA que rompan su histórica actitud de rechazo de la legalidad
penitenciaria y la asuman junto con su reinserción individual para facilitar,
con ello, su salida de las cárceles, sus resultados son casi inexistentes. El
llamamiento sirvió para avalar un acuerdo negociado en esa fecha por 35
dirigentes de la antigua Batasuna con la fiscalía en el que rechazaban la
violencia, asumían el daño causado a las víctimas así como su colaboración
política con ETA a cambio de evitar el ingreso en prisión. Pero no ha tenido
continuidad hasta que el pasado jueves, otros cinco dirigentes de Ekin, el
brazo político de ETA, eludieron la cárcel con un acuerdo similar al de los
dirigentes de Batasuna. Ha sido la excepción.
A los cuatro años del cese definitivo del terrorismo, la
izquierda abertzale ya
ha percibido que Euskadi ha cambiado, que las preocupaciones sociales priman
sobre las identitarias, lo que explica la amenaza electoral de Podemos. Y tiene
mucho interés en sobreponerse a los símbolos del pasado, como el colectivo de
presos. A la vista del inmovilismo del Gobierno de Rajoy, que no ha
flexibilizado la política penitenciaria pese al cese del terrorismo, Sortu
decidió hace tiempo que fueran los presos de ETA los que tomaran la iniciativa.
Pero encuentra resistencias en su seno.
Ayer, Bildu redobló la presión con la manifestación
convocada en Bilbao. La movilización estuvo precedida de un llamamiento
similar, hace un mes, por parte de 700 excarcelados de ETA, reunidos en Usurbil
(Gipuzkoa). “Valerse de la legislación y del reglamento penitenciario no
cuestiona en ningún modo el carácter militante de ningún preso ni el valor y la
dignidad de su trayectoria. Ni ahora ni antes”, subrayaba el texto.
Amnistía
La pasada semana, un comunicado de la propia ETA respaldaba
a Sortu y desautorizaba a ATA (Amnistia ta Askatasuna), la organización
disidente que rechaza la asunción de la legalidad penitenciaria de los presos
etarras y reclama la amnistía. Y el viernes, el candidato de Bildu, Arnaldo
Otegi, recientemente excarcelado, reforzaba la consigna oficial. Este pulso
político refleja la tensión existente en las cárceles y está vinculado a la
distinta situación de los casi 400 presos de ETA, el 95% en primer grado —el
más duro— por no asumir la legalidad penitenciaria. En el caso de acogerse a la
legalidad, alrededor de un centenar podrían lograr beneficios penitenciarios y
obtener salidas parciales a corto plazo, según el Gobierno vasco. Las mismas
fuentes calculan que para 2.020 la mitad de los presos etarras, 200, podrían
salir de la cárcel si asumieran la legalidad penitenciaria.
Sin embargo, otros 200, la otra mitad, juzgados con el
Código Penal reformado, de 2003, que sube hasta 40 años las condenas por
terrorismo, tienen su futuro en entredicho. Es en este colectivo y en sus
familiares en el que prenden las consignas de ATA, de oposición a asumir la
legalidad penitenciaria. Es el caso de Daniel Pastor, condenado a 500 años por
el nuevo Código Penal, por el asesinato del inspector de policía, Eduardo
Puelles, en 2009. O el de Jon Kepa Preciado, condenado a más de 400 años por
tratar de asesinar a la edil socialista vasca, Esther Cabezudo. Ambos disienten
de la posición pragmática de Sortu y su abandono de la consigna de amnistía.
El resultado de esa tensión es el inmovilismo de los presos
que, salvo unas pocas excepciones que han empezado a trabajar en prisión,
mantiene una unidad forzada por la presión de los que tienen peores
expectativas. En Sortu confían que esta campaña sirva para abrir un debate en
el colectivo y empiecen a dar pasos. Pero en la Consejería de Interior
del Gobierno vasco el escepticismo es mayor al no percibir movimientos de
calado.
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