10 octubre 2018 Deia

10 octubre 2018 

El Gobierno responde a las víctimas que acatará el fallo sobre el cómputo de penas

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo puede suponer la excarcelación de 21 presos de ETA

El Gobierno español, por boca de su delegado en la CAV, Jesús Loza, afirma que actuará “en función” de lo que diga la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre la acumulación de las penas de los presos de ETA, “pero con las premisas del Estado de Derecho”. En una entrevista concedida ayer a Onda Vasca, Loza se refería así a la sentencia que tiene previsto dictar el Tribunal de Estrasburgo, que podría suponer la puesta en libertad de 21 presos de ETA, al considerar que se debe restar de sus condenas las penas ya cumplidas en el Estado francés.

De entrada, Loza remarcó que lo primero que hay que hacer es esperar a conocer el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero dejó claro que “las sentencias están para acatarse y cumplirse. Podrá recurrirse, en su caso, pero el Estado de Derecho funciona”. Además, el delegado del Gobierno español se refirió a anteriores sentencias dictadas por este tribunal y, así, recordó que Estrasburgo “fue extremadamente claro a la hora de ilegalizar a Batasuna en 2009, como lo fue al anular la doctrina Parot”.

Asimismo, en la entrevista emplazó a la izquierda abertzale a hacer autocrítica para que la política penitenciaria, el acercamiento y la reinserción de los presos avance de manera “infinitamente más rápida”. Tras asegurar que se pueden ir dando pasos, con el objetivo de que, a medio plazo, se pueda transferir completamente Prisiones a la CAV, el delegado del Ejecutivo español lanzó un guiño a las víctimas, al recordar que no se puede “olvidar que aquí ha habido 853 muertos, 4.000 heridos, mil empresarios extorsionados y 42.000 amenazados”. “Tenemos que ser perfectamente conscientes de ello. Y lo que sí está haciendo el Gobierno, desde el minuto uno, es hablar con las asociaciones de víctimas para decir a las víctimas qué queremos hacer, por qué y cómo lo vamos a hacer”, señaló Loza, quien, al contraponer la actitud del Gobierno español con los acercamientos emprendidos por el Ejecutivo de Macron en Francia, puntualizó que “allí solo hubo un asesinado”, el policía Jean-Serge Nérin.

Además, enfatizó en que “el acercamiento no es lo más importante, sino la reinserción, que genera autocrítica. Y lo que estamos viendo es que todavía la izquierda abertzale establece como una línea roja lo que ellos llaman el arrepentimiento y yo llamo autocrítica”. En su opinión, “eso es fundamental y, si hay alguna responsabilidad en toda esta cuestión”, es que se deje a los presos “hacer esa autocrítica si así lo desean, y que no tengan líneas rojas que se les imponga desde la izquierda abertzale”.

Petición de la AVT al ejecutivo

Pese a estos guiños, la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, reclamó del Gobierno de Pedro Sánchez que agote todas las vías diplomáticas para evitar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que permitiría la puesta en libertad de los presos de ETA.

A juicio de Araluce, existe “un riesgo de vivir una segunda parte de la derogación de la doctrina Parot”. “Desde la AVT reclamamos al Gobierno que realice las labores de gestión de pedagogía diplomática necesarias para evitar que esto ocurra y se materialice en un nuevo intento de los terroristas de acortar su estancia en prisión”, insistió.

La presidenta de la AVT explicó que su asociación ha defendido ante el Tribunal de Estrasburgo que “desde un punto de vista técnico-jurídico los recursos presentados por los terroristas deben de ser desestimados”. “Si finalmente son admitidos, reclamamos al Gobierno y a la Audiencia Nacional que procedan a una aplicación individualizada y previo agotamiento de la vía judicial interna por parte de cada uno de los terroristas”, apuntó.

Araluce realizó estas declaraciones en la inauguración de las V Jornadas sobre Terrorismo en la Universidad Francisco de Vitoria, donde la presidenta de la AVT agradeció a la Comunidad de Madrid la aprobación de la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de Víctimas del Terrorismo.