El fiscal pide tres años y medio de cárcel para un consejero de la AVT
Está implicado en una red de tráfico de armas descubierta tras los
atentados del 11-M
El Ministerio Público pide tres años y medio de prisión para Miguel Folguera, consejero de
El fiscal
entiende que este representante de la AVT , que además preside la Plataforma de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo, cometió
un delito de depósito de armas de fuego reglamentadas y munición.
El juicio por este procedimiento, en que hay otros siete implicados -varios de
ellos, como Folguera, guardias civiles-, arrancó el pasado martes en la Audiencia Provincial
de Madrid con las cuestiones previas.
Los acusados
han pedido la nulidad de las intervenciones telefónicas
realizadas por la
Guardia Civil en las que se basan las pesquisas.
Folguera se presenta como
asesor personal de la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza. En
la web de la AVT
figura como «consejero».
'Obtención de un ilícito lucro'
El juez detectó
conversaciones de este acusado con otros de los implicados, «con un lenguaje
convenido», en el que solicitaban a
Folguera «munición para una tercera persona interesada en su adquisición».
En diciembre de ese año, el juez autorizó el registro del a vivienda del
consejero de la AVT
en Valdemoro.
Y allí, la
Guardia Civil se incautó de más de un millar de cartuchos de «diversas marcas y
calibres», además de 26 cartuchos de «munición de armas
prohibidas y de cartuchos de munición especial». Además, «un rifle de avancarga
del que no tenía guía de pertenencia, dos piezas fundamentales de armas reglamentadas»
y más de una treintena de piezas de
armas, la gran mayoría de pistolas, según detalla el escrito
del fiscal que, el pasado martes, ratificó durante la primera jornada del
juicio.
Folguera
estaba destinado en el Servicio de Armamento de la Guardia Civil y
consiguió una baja psicológica a finales de 2004, cuando
Asuntos Internos ya estaba detrás de él y había intervenido su teléfono. Como
ya adelantó EL MUNDO, las investigaciones comenzaron cuando el confidente del 11-M Rafa Zouhier
denunció ante la
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)
que un agente del destacamento de Valdemoro (Madrid) había vendido armas a traficantes de droga
marroquíes y búlgaros relacionados con la seguridad de discotecas.
Presunto miembro de la red
Un documento de Asuntos Internos de la Guardia Civil aportado
al sumario que abrió el Juzgado de Instrucción número 1 de Fuenlabrada en 2004,
donde aparece señalado Folguera como
presunto miembro de esta red, confirma que esa investigación
interna del cuerpo policial se produjo a finales de 2003, coincidiendo en la
fecha con la confidencia de Zouhier.
Esa primera investigación de Asuntos Internos se
archivó, temporalmente, porque no pudieron demostrar la implicación de Folguera
en la trama. El caso se reabrió el 27 de septiembre de 2004,
después de que un mes antes Zouhier declarara ante el juez Del Olmo que un
guardia civil de Valdemoro tenía negocios de armas con gente relacionada con
los terroristas del 11-M.
El 6 de septiembre de 2004, EL MUNDO
publicó las manifestaciones del confidente de la UCO al instructor
del 11-M: «Zouhier declara que un guardia civil vendió armas a un
socio de El Chino». El 27 de
septiembre, Asuntos Internos retomó la investigación contra la trama de Valdemoro que ya
había investigado en diciembre de 2003. Curiosamente, esa nueva investigación se produjo a raíz de una
denuncia anónima, como consta en la instrucción sumarial.
Aquella carta apuntaba datos precisos, fechas, localizaciones y nombres sobre
los presuntos implicados en una trama de venta de armas.
Opinión:
Cada día van apareciendo
noticias que pueden minar la imagen que la población guarda sobre el colectivo
de victimas del terrorismo. Desde presidentes y sus respectivos consortes
presidiendo cada uno sus propias asociaciones, pasando por los que mezclan en
sus listados victimas con parientes (o amiguetes) lejanos, siguiendo con los
que presiden asociaciones sin haber pisado en su puñetera vida un hospital o un
cementerio y acabando con aquell@s que empiezan a presentar secuelas veinte
años después de "su" atentado, lo cierto es que la credibilidad se va
perdiendo por momentos.
Pero lo último que podía
esperarse era que una asociación de victimas la presidiera alguien que no es
victima y para quien piden pena de cárcel por tráfico de armas.
¿Que será lo próximo?
Y mientras tanto, la infinita mayoría
de victimas afectadas por la no retroactividad de la doctrina Parot esperando
desde 2006 que alguno de sus representantes hubiera tenido la feliz iniciativa
de organizar reuniones para informarles de los pros y los contras de las consecuencias
que la decisión del Tribunal de DDHH de Estrasburgo podían acarrear...
Por ello no es extraño que
algunas víctimas me llamaban hoy jueves para decirme qué debían hacer ante
tales representantes…. Sinceramente, después de 26 años dedicado a dar la cara
(para que algún ignorante descerebrado quisiera partírmela), he llegado a la
conclusión de que cada uno es mayorcito para tomar sus decisiones y quien
quiere estar en una asociación es porque quiere, porque le interesa y quiere
entender y defender su propia dignidad como mejor le parece…
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