22 mayo 2021 (3) Diario Vasco

22 mayo 2021 

 

«Habría que buscar una fórmula para que los arrepentidos de ETA colaboren con la justicia»

El magistrado estrena la competencia en la gestión de las cárceles convencido de la justicia restaurativa y partidario de recuperar los encuentros entre víctimas y victimarios que lo sientan

Después de más tres décadas dedicado a la Judicatura, el magistrado Jaime Tapia (Bilbao, 1965) parece haber encontrado ese lugar en el mundo que puede permitirle aunar su interpretación humanista del Derecho y la aplicación práctica que propicia la política. Ese lugar es su nuevo cargo como asesor de Instituciones Penitenciarias del Gobierno Urkullu, una atalaya recién inaugurada para aterrizar la compleja y polémica transferencia de Prisiones a Euskadi. Tapia trufa su convicción jurídica –cada vez que lea ‘preso’ en esta entrevista es ‘persona privada de libertad’, según el discurso al que se aferra– con su compromiso creyente. Jesucristo, recuerda, fue «preso y víctima».

–El traspaso de Prisiones se ha erigido en un hito. Pero los sucesivos gobiernos vascos reclamaron la competencia con la boca pequeña durante años.

–Yo no estaba aquí entonces (sonríe). Lo que sí puedo decir, de lo que yo conozco, es que quienes trabajan en los centros penitenciarios y su entorno esperaban la transferencia con esperanza y con ganas. Todo el mundo la estaba deseando, porque se contempla como una de las vías para mejorar la situación de las personas privadas de libertad. Existe un anhelo de mejora, como ha ocurrido con otras transferencias en el pasado.

–Es una transferencia desafiante: 7.000 millones, 1.300 presos, 700 funcionarios y tres centros penales, uno de ellos por construir. ¿Dónde intuye que van a encontrarse con problemas?

–No, la transferencia no es sencilla, aunque la población reclusa no llega ahora, en realidad, al millar de personas por el mayor acceso a la semilibertad y porque se delinque menos. Los funcionarios sienten una cierta preocupación, que es comprensible. La complejidad de la competencia está en que las cárceles son como ciudades. Se tiene la impresión de que te dan las llaves de un piso amueblado, cuando hay que montar una estructura en el Gobierno Vasco y afrontar la logística en las prisiones y el trabajo que tiene que ver con la resocialización. No te dan la casa en mano. Tenemos los planos y estamos trabajado con Instituciones Penitenciarias para que el 1 de octubre podamos encender la luz sin que ocurra nada. O incluso que parezca que ya disfrutamos de alguna ventaja.

–En el frontispicio de su programa figura la humanización de la gestión penitenciaria. ¿Nuestras cárceles no son humanas?

–Sí. No es una crítica, se trata de profundizar en las cosas que ya se están haciendo bien. Pervive un discurso, un poco viejuno ya, que insiste en que las cárceles son inhumanas. La situación ha mejorado mucho en los últimos años. En infraestructuras y también en la propia concepción de la estancia en prisión, donde se ha pasado de un sistema que primaba la seguridad a toda costa a otro que prima el tratamiento del recluso. Y los funcionarios también han contribuido a cambiar el paradigma.

–Da la impresión de que buscan crear un nuevo ecosistema sobre la estrategia penitenciaria.

–Es el modelo que ya ha dado lugar a un consenso en Europa. Aspiro a parecerme en 15 o 20 años a los países nórdicos, con un 40% de los internos en semilibertad, cárceles pequeñas, más ‘friendly’... Pero aún estamos lejos como sociedad de ese bienestar. Holanda ha cerrado cárceles a mansalva.

–¿Ese es su ideal, una sociedad que no las necesite?

–Sí, pero no existe ese modelo. Yo he pasado en mi vida de aspirar casi a un reino de Dios sin cárceles a asumir que hay personas que, incluso con las circunstancias a su favor, deciden delinquir y son un peligro para la sociedad. Pero tenemos que preguntarnos qué queremos como sociedad. Porque el que la hace la paga, sí, pero la Constitución establece que las cárceles están para resocializar al preso. ¿Y cómo se hace eso mejor? Pues pasando de un régimen cerrado a uno de semilibertad preparándote para la libertad definitiva. Nuestro objetivo es, de hecho, poder trazar itinerarios de reinserción laboral desde la propia cárcel. El reto está en que haya más personas incluidas en la sociedad y en reducir la comisión de delitos.

–¿Y qué nos dice la radiografía de las cárceles sobre nosotros mismos, los vascos?

–Pues que somos una sociedad en la que persisten desigualdades, también derivadas de las patologías mentales. La mayoría de las personas encarceladas no han alcanzado una socialización adecuada personal, familiarmente...

 

«No son marcianos»

 

–Defina qué es para usted la justicia restaurativa.

–Es una justicia que, sin excluir la tradicional y la reeducadora, tiene su mirada puesta en las víctimas con una consecuencia directa, como un reflejo, en los victimarios, que pueden avanzar en su resocialización a partir de la asunción del daño causado.

–Y ahora, convenza a las víctimas y a la sociedad de que es mejor aplicar este modelo que la justicia puramente punitiva.

–Es que la justicia restaurativa complementa a la tradicional. Puede ser un bien social porque las víctimas están casi olvidadas en el proceso de ejecución de las penas. Y las víctimas no son marcianos, cualquiera de nosotros podríamos serlo. La sociedad nos está pidiendo que pongamos la mirada en ellas, así que la justicia restaurativa materializa esa conciencia social. Hay víctimas que no quieren saber nada. Pero también las hay que quieren saber un poco más; incluso saber, con el propio victimario, por qué lo hizo. Y la víctima puede suscitar empatía en el victimario; por ejemplo, la de un atracado en su atracador. Solo están excluidos de esta justicia los delitos de violencia de género y los vinculados a la salud mental.

–La experiencia que ha trascendido de esos encuentros restaurativos fue la que reunió a víctimas de ETA con sus victimarios. ¿Van a tener mano ahora para poder reactivarlos?

–Yo no lo evitaría. Vamos a ver qué personas nos encontramos entre los 44 presos de ETA que se encuentran encarcelados ahora en Euskadi; en qué disposición están o no para entrar en un proceso restaurativo. Hemos conocido algunos procesos de conversión.

–¿No saben qué mapa tienen ante sí con estos internos?

–No, no tenemos datos. Apenas representan el 4% del total.

–¿Y usted es partidario de reabrir esa vía restaurativa?

–Sí, yo creo que sí. Con todo el respeto y comprensión a las que opinen lo contrario, creo que hay víctimas que querrían dar ese paso viendo la experiencia de otras a las que les ha resultado beneficiosa. Y creo también que hay victimarios dispuestos a ese contacto.

–¿El traspaso lo permitiría?

–Sí, sin duda. Hay que restañar las heridas de las víctimas y cuidar la memoria, pero también es posible aplicar políticas de resocialización con los presos de ETA si quieren entrar en ese camino.

–Van a aplicar un tratamiento «idéntico» a todos los presos. Pero el Código Penal y el Reglamento Penitenciario fijan unas condiciones tasadas para la rehabilitación de los reclusos por terrorismo: reconocimiento del daño causado, perdón a las víctimas y colaboración con la justicia.

–Sí. Hay que seguir los criterios que provienen de la Audiencia Nacional. Y los internos tienen que cumplirlos.

–¿Las cartas de desmarque de la violencia que están firmando estos presos son un coladero?

–No. No me cabe ninguna duda de que la Audiencia Nacional se está ajustando a los requisitos legales. Y detrás está el trabajo de los técnicos que comprueban que ese documento no se firma de cualquier manera, sino acreditando el cambio de actitud del preso.

–La colaboración con la justicia implica la delación. Y solo en Euskadi restan 252 asesinatos de ETA sin resolver, el 40% del total.

–Voy a opinar como jurista, no como asesor del Gobierno. El ideal de reparación a las víctimas es que esos asesinatos pudieran esclarecerse. Pero la delación supone que puedan abrirse nuevos procesos judiciales con condenas a muchos años de cárcel, por autoinculpación o por inculpación de otros. En otros países se han habilitado situaciones en las que es posible señalar a los victimarios pero sin consecuencias penales.

–¿Esclarecer esos crímenes es, entonces, una aspiración irreal?

–Claro. Irreal porque tiene que ver con la libertad. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que delate cuando para ella y para otros supondrá muchos años más de cárcel?

–La línea final de eso es que no hay modo de resarcir a las víctimas. ¿Cómo lo arreglamos?

–Es muy difícil expresar esto. Yo comprendo a las víctimas, entre otras cosas porque llevé escolta mucho años; y que Dios me libre de arrogarme nada. Entiendo ese sentimiento de frustración y de rabia por no saber quién mató a tu marido o a tu padre, esa falta de paz. Pero me pongo en la posición del preso, al que no se le ofrece ninguna garantía si delata. A los arrepentidos en Italia y en otros sistemas penales del mundo que han afrontado un dilema similar se les ha ofrecido algo al final. Y aquí existe, además, el derecho constitucional a no declarar contra uno mismo.

–¿Es partidario de dotar de alguna condición especial a los arrepentidos de ETA para intentar aclarar esos asesinatos?

–Mientras no se pueda resolver la ecuación que he planteado y que cualquier persona razonable puede entender, no va a ser posible solucionarlo. Y no percibo que haya una salida para esto.

–¿Y habría que buscarla para propiciar esa cooperación con la justicia?

–Sí, pero no me corresponde a mí decirlo. Es lo que yo pienso. En otros países, el arrepentido no ha tenido encima la espada de Damocles de autoinculparse o de someter a otras personas a condenas por delitos tan graves. En el Código Penal hay previsión de una cierta aminoración de la pena, pero no de exculpación del delito. Es muy complicado. Y a ello se suma el estigma del chivato. El problema está encima de la mesa y no sé si algún día se le dará solución.