Los verificadores preparan desde la discreción el sellado de armas
El grupo de Ram Manikkalingam no ha interrumpido su trabajo, aunque no se esperan gestos públicos
Cuando ETA anunció su primer gesto de desarme, encauzado con los verificadores internacionales, algunos partidos se centraron en el aspecto cuantitativo y consideraron exigua la muestra de armamento exhibida en el vídeo de la cadena británica BBC. Otras formaciones y el Gobierno vasco, aun habiendo preferido un paso más taxativo, se quedaron con el valor cualitativo, destacando que el gesto fuera unilateral. Los verificadores de Ram Manikkalingam, por su parte, recalcaron que la muestra no habría sido desdeñable, si se tiene en cuenta que ETA la recopiló desde la clandestinidad. No obstante, algunos sectores cuestionaron la labor del grupo, con más empeño cuando trascendió que los activistas se volvieron a llevar las armas tras grabar el vídeo, aunque habrían sido inutilizadas.
Los verificadores admitieron que la decepción por el escaso arsenal mostrado podría dañar su imagen, y la situación pudo complicarse cuando fueron citados en la Audiencia Nacional para revelar el paradero de los activistas. Sin embargo, han recibido apoyos de primer orden: el lehendakari acudió a Madrid para respaldarlos, el PSE ha avalado su profesionalidad, y una amplia mayoría parlamentaria los apoya. Lejos de sumirse en un impasse, fuentes consultadas por DEIA aseguran que siguen trabajando "desde la discreción".
Si este periódico avanzaba el mes pasado que los verificadores se sentían reforzados para continuar a la vista de los apoyos recabados tras su declaración ante el juez Ismael Moreno, las fuentes consultadas aseguran que el grupo trabaja ya en el desarme, aunque se desconoce qué plazos maneja para llevarlo a buen puerto. En un primer momento, se calculó que podría cerrarlo en un año, aunque podría dilatarse si se lleva a cabo al margen de los gobiernos español y francés. "Están con el tema. No hay parón. Se comprometieron a seguir trabajando tras declarar en la Audiencia Nacional ", dicen esas fuentes.
En ese sentido, ETA difundió a principios de mes un comunicado en el que reiteraba su intención de llevar hasta el final el sellado de sus armas para acreditar que quedan fuera de uso. El texto especificaba que los verificadores supervisarían ese trámite y realizarían el inventario. Por ahora, nadie espera que los expertos "retransmitan" cada una de sus gestiones ni que realicen gestos públicos.
En cualquier caso, desde algunos ámbitos se ha preguntado hasta qué punto pueden llegar los verificadores sin la implicación de los gobiernos español y francés ya que, aun suponiendo que puedan llevar a cabo el sellado sin contratiempos, el traslado de las armas o una segunda fase de destrucción de los explosivos podrían complicarse sin la intendencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Los propios verificadores han dejado ver que su labor tiene limitaciones. Además de las dificultades técnicas, se ha apuntado la inseguridad jurídica en la que quedarían sumidos los verificadores desplazándose con armas bajo el brazo, y desde Sortu han deslizado que ETA podría evitar moverse sin el aval de Madrid para evitar que arresten a sus miembros.
La vía de Madrid
El Gobierno español ha insistido en que únicamente le sirve que la organización se disuelva, sin que medie ningún diálogo o negociación. Dejará que los acontecimientos sigan su curso y, si se disolviera, se circunscribirá a aplicar la ley en materia penitenciaria. Al ser interrogado sobre las condiciones en las que debería materializarse el desarme, el gabinete de Mariano Rajoy ha apostado por que la organización entregue el mapa de zulos para que la Guardia Civil y la Policía acudan a destruir las armas, también sin mediar diálogo. En su esquema no hay sitio para la mediación internacional. En ese contexto, la duda estriba en si el Gobierno español dejará hacer a los verificadores o si se opondrá a sus gestiones.
En algunos círculos se ha interpretado que Rajoy no ha cargado con tanta dureza contra los verificadores como otros miembros del PP, lo que podría tomarse como un gesto de desinterés en el proceso, o bien como una muestra de que no entorpecerá. Los verificadores, aunque no ocultan su contrariedad por haber sido citados por un juez por primera vez en su dilatada experiencia, tampoco pierden de vista que la Audiencia Nacional no ha visto reproche penal en sus actuaciones, y hay quien ve un resquicio en esa actitud. Por otro lado, la proximidad de las elecciones europeas del 25 de mayo podría condicionar los mensajes públicos del PP: no parece probable que el Gobierno español se mueva en plena campaña, ya que podría perder apoyos entre sus sectores más inflexibles. En ese contexto, podría tener aún más sentido la apuesta de los verificadores por la discreción.
El Gobierno vasco, por su parte, ha avalado a los verificadores porque confía en su "profesionalidad". En ese sentido, y frente a los sectores que los acusan de trabajar al servicio de ETA, sus defensores recuerdan que el grupo de Manikkalingam ya pidió a los miembros de ETA que dejaran de portar armas en sus desplazamientos clandestinos, y lanzó un ultimátum en 2013, cuando llegó a plantearse bajar la persiana en otoño si no se daban pasos en el desarme. ETA, que en un primer momento había asegurado que el desarme estaba fuera del mandato de los verificadores, ha terminado aceptando esa vía.
Lakua cree que la labor de los verificadores puede ser útil porque la mejor solución para cerrar el ciclo de la violencia pasaría por encarrilar un desarme ordenado. Teniendo en cuenta que el Gobierno español no piensa hablar con ETA para propiciar ese esquema, la única opción en activo que podría hacerlo es la de los verificadores. Lakua cree que ese planteamiento es necesario para evitar escisiones o un cierre en falso, y para que todos los explosivos y los activistas estén bajo control.
El PSE se ha mostrado muy crítico con la gestión del proceso por parte de la organización armada y rechazan las escenificaciones, pero respetan a los verificadores internacionales. Rodolfo Ares se ha mantenido en contacto con ellos y habría logrado trabar cierta relación de confianza con los expertos. A diferencia de otros grupos, como el del abogado sudafricano Brian Currin, con un cometido más político frente a la labor técnica de los verificadores, el socialismo sí daría un voto de confianza a Manikkalingam. Sumando esos apoyos al brindado por la izquierda abertzale, los verificadores cuentan con un amplio respaldo entre las fuerzas del Parlamento Vasco.
Los verificadores
Ram Manikkalingam. Es el cabeza visible del grupo, dirige el Dialogue Advisory Group y asesoró en los conflictos de Sri Lanka, Irak e Irlanda del Norte. Fleur Ravensbergen. Es la directora adjunta del Dialogue Advisory Group. Ha trabajado en el Ministerio de Cooperación al Desarrollo de Holanda y en el Partido Laborista holandés.
Ronnie Kasrils. Jugó un papel importante en la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica, y formó parte del comité ejecutivo nacional del Congreso Nacional Africano (ANC) durante más de 16 años.
Chris Maccabe. Participó en las negociaciones de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 en el conflicto de Irlanda del Norte.
Satish Nambiar. Fue primer comandante y jefe de misión de la fuerza de protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en 1992 y 1993.
Aracelly Santana. Durante sus veinte años de trabajo en las Naciones Unidas, ha seguido de cerca los procesos de África del Sur, Colombia, El Salvador, Guatemala, Balcanes, Nepal y Libia.
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