09 marzo 2014 (6) El Mundo del Siglo XXI (opinion)

09 marzo 2014

El triunfo de la seguridad sobre la libertad

Felipe Sahagún

Doce años y medio después del 11-S, los estadounidenses siguen cuestionando el acierto, la eficacia y el coste de las respuestas, y permanecen divididos sobre el riesgo de nuevos ataques en su territorio. En España, 10 años después del 11-M, como reconocía el ex director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, el pasado 2 de marzo en La Sexta, «no se sabe aún con seguridad quién ordenó, quién ejecutó y cómo se cometieron físicamente los atentados». .

Para la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, el 11-M fue, en palabras de Juan Avilés (Osama Bin Laden y Al Qaeda…), obra de «un grupo islamista local sin estructura definida ni denominación para designarse ni contactos probados con Al Qaeda». Aunque la conexión no haya sido confirmada ni aclarada por la justicia, Avilés y buena parte de los expertos españoles en el terrorismo de Al Qaeda reconocen la existencia de muchos indicios sobre la conexión del 11-M con el movimiento de la yihad global.

«Queda en pie la cuestión capital de si aquellos atentados fueron cometidos por terroristas que sólo compartían la ideología de Al Qaeda o si tenían vínculos con ella, como sostienen destacados analistas como Fernando Reinares», concluía Avilés en su investigación de 2011, coincidiendo con el décimo aniversario del 11-S. En su último libro, '¡Matadlos!', presentado el pasado 3 de marzo en Madrid, Reinares asegura haber obtenido pruebas de «las conexiones entre los autores del 11-M y el núcleo de Al Qaeda en Pakistán» en una sentencia de un tribunal de Manchester a finales de 2008 y en una entrevista con el jefe del servicio antiterrorista de la policía de Indonesia en noviembre de 2013.

«La decisión de atentar en España se tomó a finales de 2001, mucho antes de la guerra de Irak», asegura. «Incluso la fecha del 11 de marzo se decidió antes de que el Gobierno de Aznar convocase las elecciones para el 14 de marzo de 2004».

Como autor directo del plan del 11-M Reinares señala, a partir de esas pruebas, a Amer Azizi, 'Ylyas el español', un marroquí casado con una española y miembro, hasta noviembre de 2001, de la célula de Abú Dahdah. «Bin Laden aprobó el plan y Azizi vino a España a finales de 2003 para ultimar los detalles de los atentados», declaraba Reinares a 'El Periódico' el 2 de marzo.

España y el Reino Unido, objetivos de los dos principales atentados del terrorismo yihadista en Europa tras el 11-S, estaban acostumbradas a atentados en su territorio tras 30  años de asesinatos del IRA y de ETA. Los EEUU, que desde Pearl Harbour no habían recibido dentro de sus fronteras un ataque masivo (militar o terrorista), sufrieron un profundo trauma colectivo.

En vez de moderar aquella psicosis neurótica, la Administración Bush, con unos medios de comunicación y un Congreso entregados, la alimentó, exageró la amenaza y la utilizó para dar un giro de 180 grados en la política exterior de sus nueve primeros meses en la Casa Blanca, y para sacrificar libertades y derechos fundamentales en el altar de la seguridad.

Como autor directo del plan del 11-M, Reinares señala a Amer Azizi, 'Ylyas el español'

Declaró una guerra sin fin contra un enemigo difuso llamado «el terrorismo global», aprobó dos intervenciones militares —en Afganistán con todo el apoyo internacional, en Irak casi en solitario— que han costado unos 200.000 millones de dólares anuales y centenares de miles de víctimas, y, al financiarlas con deuda en vez de impuestos, debilitó gravemente las finanzas de EEUU y su capacidad de resistencia cuando estalló la crisis hipotecaria y financiera en septiembre de 2008.

Las reformas legales aprobadas tras el 11-S en EEUU, la multiplicación de recursos técnicos, humanos y económicos dedicados a la seguridad y los avances de los medios disponibles para grabar, almacenar y distribuir información han desequilibrado por completo la balanza entre seguridad e información a favor de la primera.

Wikileaks, Edward Snowden y otros denunciantes de los excesos cometidos en nombre de la seguridad simplemente han arrojado un poco de luz sobre este gravísimo problema y nos han permitido ver, despertar o ser conscientes de los riesgos para la democracia y para las libertades si no se corrige y se cambia la forma de informarse de los principales actores internacionales.

El espionaje masivo de ciudadanos nacionales y extranjeros por EEUU, tal como han dado a conocer los informes robados por Wikileaks, Manning y Snowden plantean numerosas interrogantes sobre el binomio seguridad-información:

— Por su naturaleza, extraer información de la nube o de las redes de comunicaciones equivale a entrar en una casa u oficina particular y llevarse documentos. Es un robo y, por consiguiente, un delito. «Se hace porque se puede», dicen los defensores de estas prácticas. «Es ilegal», advierten los críticos.

— «No, es legal, perfectamente legal», responden los responsables de los servicios secretos estadounidenses.
Aunque lo fuera desde la Patriot Act y otras directivas firmadas por el Presidente Bush tras el 11-S, es obvio que, de la forma indiscriminada y masiva en que se están interceptando las comunicaciones —con permiso muchas veces de los servidores y empresas de comunicación supuestamente responsables de impedirlo—, se vulnera flagrantemente el derecho a la privacidad reconocido en todas las constituciones democráticas: una de las condiciones fundamentales para la supervivencia de la democracia.

¿Podemos fiarnos de quienes han sido incapaces de evitar que un chaval de 29 años y un cabo con problemas psicológicos?

— «No importa, es el precio que estamos obligados a pagar por la seguridad», contestan los vigilantes del nuevo Gran Hermano. «No queda más remedio si queremos evitar que se repitan atentados como los del 11-S, 11-M, 7-J...».

Argumento falaz. Como señala el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, justificar la violación de la privacidad o del derecho a la información en aras de la seguridad equivale a justificar el terrorismo de estado.
Pongámonos en la piel de los responsables de las principales agencias de seguridad que han puesto en marcha los programas conocidos —y muchos sin conocer por el público— de espionaje masivo. ¿Qué se pretende proteger? ¿Qué se ha conseguido con ello? ¿Qué garantías ofrecen para un uso adecuado, legal, limitado y eficaz de esa información sin que se convierta en un arma arrojadiza en manos de funcionarios, burócratas, políticos o militares sin control de nadie?

¿Tiene sentido seguir manteniendo que hay servicios de seguridad con competencias sólo internas y otros con competencias sólo externas cuando la mayor parte de las actividades que investigan (narcotráfico, blanqueo de dinero, evasión fiscal, financiación del terrorismo....) no tiene fronteras ni quedan ya actores establecidos sólo en espacios nacionales?

¿Podemos fiarnos de quienes han sido incapaces de evitar que un chaval de 29 años y un cabo con problemas psicológicos roben millones y millones de documentos sobre actividades supersecretas, poniendo en peligro la credibilidad, la fiabilidad de miles de diplomáticos, políticos y funcionarios en sus relaciones con los de otros países?

¿Dónde están los límites? Si no están claros, ¿cómo impedir que los servicios de seguridad se apropien de forma indiscriminada (con posibilidades de utilizar luego esa información de forma discriminada e incorrecta) de los historiales médicos, académicos o laborales de cualquier persona?

¿Todo con tal de impedir que ganen los enemigos? ¿Para evitar nuevos 11-S, 11-M, 7-J…?
Antes del 11-S —como dejó claro el informe de la Comisión que lo investigó— los servicios de seguridad estadounidense disponían de un volumen gigantesco de datos sobre las amenazas que podían estar en el origen de un atentado como aquel, pero los ignoraron.

La cuestión no es esa. Lo importante es cuánta de nuestra privacidad personal estamos dispuestos a perder en aras de una mayor seguridad —inalcanzable al cien por cien, salvo en el paraíso o en el totalitarismo más absoluto— y qué ganamos, a fin de cuentas, con esa supuesta mayor seguridad. La pérdida total de privacidad no nos garantizaría más seguridad, todo lo contrario: facilitaría los abusos, la manipulación y, en definitiva, la inseguridad.

¿Qué sentido de la legalidad y de la democracia tienen los jueces que, durante años, han dado por legal la interceptación de correos de Internet, mensajes de móviles y todo tipo de comunicaciones por parte de las agencias de seguridad? La interrupción de esos programas de control de ciudadanos estadounidenses parece indicar que la Administración Obama tenía serias dudas sobre su legalidad. ¿Podemos aceptar los ciudadanos de otros países seguir siendo ratas de laboratorio en esas prácticas, inaceptables en territorio estadounidense si se aplican a estadounidenses?

Lo importante es cuánta de nuestra privacidad personal estamos dispuestos a perder en aras de una mayor seguridad

¿Les parecen suficientes los controles legales que existen en EEUU sobre estos programas? ¿Y en España? A los responsables de la seguridad y a la mayor parte de los diputados españoles que asisten a las sesiones de información en el Congreso parece que sí. ¿No deberían ser objeto de una supervisión más rigurosa, menos personal y, por supuesto, mucho menos secreta las actividades de los servicios secretos? ¿Tiene sentido limitarla a un juez, a quien el responsable de las operaciones le comunica un secreto?

Con todos mis respetos para los servicios españoles de seguridad y para el sistema de supervisión judicial y parlamentaria introducido con las reformas de Aznar, me parece insuficiente, igual que a muchos dirigentes y ciudadanos estadounidenses les parecen insuficientes los que existen en su país.

Cuando se publicaron los informes robados por Snowden a la NSA, el general Alexander y otros destacados responsables de la seguridad estadounidenses dijeron: «Cuidado, gracias a esa información hemos evitado 54 atentados graves». Los legisladores que interrogaron a estos dirigentes en el Capitolio en sesión pública redujeron la lista a 12 y, de esos 12, con absoluta seguridad sólo a uno que, en opinión de Leahy, fue neutralizado gracias a una investigación del FBI, no de la NSA o de la CIA.

Mientras la información real permanezca en las sombras o en la penumbra, las justificaciones de sus excesos en aras de la seguridad serán pura retórica, imposibles de demostrar. Puede que, ante una amenaza existencial externa, los ciudadanos estén dispuestos a callar, soportarlo en silencio y apoyar a sus instituciones y a sus dirigentes sin datos para distinguir la verdad de la mentira.

Sin esa amenaza existencial, que se da muy pocas veces en la historia de un país, y menos en tiempos de crisis, ese comportamiento incontrolado, al margen de una supervisión democrática, alimenta la desconfianza de la ciudadanía y la aleja de los gobernantes o, peor aún, la empuja hacia posiciones o grupos que cuestionan los fundamentos mismos del sistema tal como lo conocemos.

Opinión:

Joer... qué cansinos que son algunos. Pues nada, Felipe, el dia 11 manifiéstate en alguna plaza de algún ayuntamiento.... igual te encuentras todavía con alguno de los que siguen pensando como tu...

Pero las ventas de El Mundo, por desgracia, para vosotros, siguen bajando. Solo deberías prestar atención a las declaraciones de la infinita mayoría de victimas del 11M. Yo lo llevo haciendo hace casi casi diez años y cuando quieras te lo explico. Hasta te dejare que lo publiques como si fuera tu propia investigación, al fin y al cabo es lo que muchos llevan haciendo desde hace tiempo.