04 enero 2016
La juez archiva la denuncia
presentada por Covite y remite a un juzgado de Valencia la causa por falsedad
La juez de la Audiencia Nacional
Carmen Lamela ha archivado la causa que instruía para determinar si 76 presos
de la organización terrorista ETA utilizaron títulos universitarios falsos para
reducir sus condenas, al entender que los hechos no son constitutivos de un
delito de colaboración con el terrorismo, lo que justificaría la competencia de
este tribunal.
En un auto notificado este lunes,
la magistrada archiva el procedimiento que abrió en noviembre pasado su
antecesor en el cargo, Juan Pablo González, a partir de una denuncia
interpuesta por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), y remite al
Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia la investigación que a su vez le
había remitido en octubre por si, en todo caso, pudiera existir un delito de
falsedad.
La magistrada recoge el argumento
de la Fiscalía
de que el delito de colaboración con el terrorismo que se investiga no habría
sido cometido por los presos de la banda -entre los que se encontraban Iñaki de
Juana Chaos, Inés del Río, Francisco Múgica Garmendia, alias 'Pakito', o
Domingo Troitiño-, sino por "aquellas personas que hubieran
facilitado" los documentos a los presos para conseguir
"fraudulentamente" su "libertad anticipada".
Aunque la denuncia de Covite
hablaba de títulos universitarios otorgados por la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de
Bergara (Vizcaya), Lamela señala que en la misma no se facilita "la
identidad" de los trabajadores que los entregaron y "contra los
cuales" debería dirigirse el procedimiento.
A su juicio, la denuncia pone de
manifiesto que podría haberse producido la comisión de uno o varios delitos de
falsedad por parte de "personas ya condenadas", en referencia a los
76 presos etarras, y "en beneficio exclusivo" de ellos, por lo que la
colaboración imputada a tercera personas sería en relación a un delito de
falsedad y no de terrorismo. "La acción principal constitutiva de delito
es el uso de documentos falsos", recuerda.
Lamela también destaca que, a pesar
de que el colectivo de presos de ETA haya sido considerado "un frente de
lucha" de la organización terrorista, las falsedades documentales que se
denuncian "no pueden entenderse cometidas con ninguno de los fines o
medios" que el Código Penal atribuye a los delitos de terrorismo.
Documentación
en la UPV
En su resolución, el juez se dirige
a la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) de Bergara (Guipúzcoa) a fin de que aporten los certificados,
"firmados y sellados por el tribunal colegiado", que presentaron para
hacer el examen de Selectividad o acceder a la formación universitaria a través
del curso de acceso para mayores de 25 años.
El juez González solicitó en
noviembre a la UPV
y a la UNED de
Bergara los certificados, "firmados y sellados por el tribunal
colegiado", que los presos presentaron para hacer el examen de
Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso de
acceso para mayores de 25 años.
Entre los etarras denunciados por
Covite también se encuentran José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta; el ahora
dirigente de Sortu Joxean Agirre Agirre, quien "supuestamente obtuvo la
carrera de Sociología pese a que realizó la Selectividad en 2001,
más de diez años después de iniciar sus estudios universitarios (1988)";
Ramón Aldasoro Magunacelaia; Imanol Haranburu Carrera; José Antonio López Ruiz,
alias 'Kubati'; e Iñaki Arakama Mendia, alias 'Macario'.
Asimismo, fueron denunciados Juan
Luis Aguirre Lete; Iñaki Arakama Mendia; Cándido Aspiazu; Dolores Gorostiaga;
Juan Lorenzo Lasa Mitxelena; Valentín Lasarte; Idoia López Riaño, 'la Tigresa' y Jon Igor
Solana Matarran.
En su denuncia, Covite aseguró que
los documentos "habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con
números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo
que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado
los estudios". En otros casos "ni siquiera constaban las vías de
acceso".
Opinión:
Para empezar, decir que estos
incumplimientos de la legalidad por parte de miembros (o ex-miembros, lo mismo
me da) de la banda terrorista ETA han sido comunes durante muchos años. Lo que es
extraño es que haya sido ahora, cuatro años después de que la banda haya
reconocido su derrota, cuando se vuelvan a investigar.
Si es un delito (y para mí lo es)
hay que perseguirlo pero mucho me temo que al final todo quedará en nada. Aunque
sin importar como termine el procedimiento, lo que sí sería correcto es que quienes
hayan conseguido algún trabajo “gracias a sus estudios” sean despedidos de
inmediato y que esas plazas las cubran personas que tengan realmente los conocimientos
necesarios para desempeñar ese mismo trabajo.
Y, evidentemente, despedidos sin
derecho a recibir compensación alguna ni subsidio de desempleo. Quien incumple
la legislación de modo voluntario no tiene derecho a beneficiarse de la misma.
Y a los que les hayan ayudado a
realizar tales engaños, lo mismo.
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