17 enero 2016
Convocadas las ayudas para las victimas del
terrorismo
El plazo de
presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados desde el día siguiente
a la publicación del BOCM. Es decir, desde ayer.
Podrán ser
beneficiarias fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, con fines
sociales vinculados a las víctimas del terrorismo, informa Europa Press.
Opinión:
En relación a
este tema, me sorprende ver que todavía se funciona en unos niveles muy
anticuados y que me demuestran los favoritismos e incluso un extraño reparto en
los recursos públicos.
Me explico.
Es alucinante
leer que se siguen otorgando subvenciones para abonar los gastos ya realizados.
Ello lleva a un grave problema: si hay asociaciones que reciben fondos desde
otras fuentes aparte de la
Comunidad de Madrid (fondos que pueden ser de libre disposición)
siempre podrán realizar sus “programas” con esos mismos fondos y recuperarlos
mas tarde a través de las justificaciones que presenten.
Pero las asociaciones
que no reciben fondos de libre disposición jamás podrán tener los recursos para
ADELANTAR y así realizar los programas de asistencia que tengan previstos, con
lo que desgraciadamente muchas víctimas no están siendo asistidas del modo que
merecen.
Caso aparte son los
casos en los que pueden intercambiarse los recursos presupuestados para un
proyecto y se utilizan para otro. En ocasiones, cuando se han querido justificar
esas variaciones, la administración que aportó esos recursos no ha aceptado las
justificaciones aportadas para esos cambios y, por tanto, no renuevan o no
aportan nuevas subvenciones. Una decisión absolutamente lógica al tratarse de
recursos públicos y que, por esa causa, deben ser justificados hasta el último
céntimo.
La experiencia y
la investigación en algunos casos tras 25 años de trabajo me aporta una muestra
de todo lo que estoy diciendo. En ocasiones, las subvenciones para “la atención
a las víctimas del terrorismo” se reparten
en correspondencia al número de víctimas que cada entidad representa, con el
error que ello conlleva. Es muy fácil decir que tal entidad representa a “X” víctimas
aportando un listado de nombres y apellidos pero lo realmente importante, lo
que cada administración que aporta fondos públicos debería cotejar, son tres
puntos. Primero, si esos nombres y apellidos corresponden a víctimas o
familiares de víctimas reconocidas como tales. Segundo, si esas víctimas o
familiares de víctimas, en el caso de ser reconocidas, todavía viven.
Recordemos que se han dado casos de entidades a las que se han afiliado víctimas
que ya habían fallecido… Tercero, cuáles han sido las víctimas que han recibido
esa asistencia que se presenta como realizada (y por tanto justificada) en los
proyectos o resúmenes de gestiones realizadas.
¿Se hace eso en
la actualidad?
Por estos
motivos, si la intención es ayudar a LAS víctimas, no puedo entender que se
otorguen las cantidades económicas una vez las actividades hayan sido
realizadas, porque hay quien no podrá iniciar ninguna al no tener los previos recursos
económicos para hacerlo. Sería más coherente que una vez aportados los
proyectos y programas y la valoración económica correspondiente, se esperara a
la realización de los mismos y caso de ser real, contrastada y claramente
justificada, se aprobaran los proyectos y programas siguientes.
Pero si se
descubriera que esos fondos no han ido para lo que estaban presupuestados y pensados,
si se descubriera que los listados son falsos o inflados, si se tuviera noticia
de que no se actualizan los nombres y apellidos de las víctimas supuestamente
destinatarias de esos programas y proyectos… los responsables deberían devolver esas
cantidades y afrontar las posibles responsabilidades que un uso fraudulento de
recursos públicos pudiera conllevar.
Pero ¿quién le
pone el cascabel al gato? Los que obtienen el beneficio por la utilización
partidista del dolor ajeno seguro que no lo harán e intentarán que nadie lo
haga.
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