04 marzo 2019 Deia

04 marzo 2019 

Víctimas, derechos y discriminaciones

 

Por Aitzepa Lezaola y Agus Hernán

 

Conocer la verdad, toda la verdad y todas las verdades nos hará más libres como sociedad”, concluyó el reciente V Foro Social. La principal guía del trabajo del Foro Social Permanente en relación a las víctimas ha sido y es clara: dotar a todas las víctimas de los derechos que les corresponden: derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y conocer, dar a conocer, reconocer y reparar todos los sufrimientos que han ocurrido en el denominado conflicto vasco es responsabilidad de la sociedad vasca en su conjunto, de su ciudadanía y de sus agentes institucionales y políticos.

Así pues, nos centramos en promover espacios de escucha y facilitar procesos de recuperación de la verdad a nivel local y a nivel institucional para lograr el reconocimiento oficial y la reparación de todas y cada una de las víctimas. Hoy queremos expresar nuestra preocupación por la situación de discriminación que aún siguen sufriendo muchas de ellas;con especial relevancia, las que han padecido las violencias practicadas desde estamentos oficiales.

Estas víctimas siguen pendientes de las leyes que les debían ofrecer ese reconocimiento: la Ley 16/2015 de la Comunidad Foral de Navarra, anulada tras ser recurrida por el Estado; y la Ley 12/2016 del Gobierno vasco (de “abusos policiales”), en suspenso. Según el Informe Base del Gobierno de Lakua, de 2013, el efecto de estas leyes alcanza a familiares de al menos 244 víctimas mortales aún no reconocidas, una cifra altísima; pero aunque se tratara de solo una víctima, ya sería grave.

Familiares de 49 personas reconocidas por varias leyes como víctimas del denominado “terrorismo de Estado” esperan aún el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre los recursos presentados a la Ley Estatal de Víctimas del Terrorismo en 2011, cuando el Estado español se negó a equiparar las compensaciones económicas percibidas, como sí hizo en cambio con las víctimas de ETA. El trato igualitario se denegó en base a informes policiales (no judiciales), criminalizando post mortem a unas víctimas.

Y qué decir de las víctimas de la tortura. Tan solo 31 personas han sido reconocidas en sentencias judiciales como “víctimas de la tortura”, cuando el Informe sobre la Tortura en la CAV recoge, “por lo menos, 4.113 casos” verificados.

Pero ¿por qué deben padecer esta exclusión todas estas personas? Por desgracia, en ciertos estamentos se ha impuesto la idea de que el reconocimiento público de un dolor, de una vulneración de derechos humanos, justificaría la existencia de otro.

Ciertos sectores políticos siguen considerando que reconocer a una víctima de violencia de los estamentos oficiales (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, grupos terroristas parapoliciales…), justificaría la violencia de ETA. Durante décadas, ha imperado la posición de negar la existencia de estas víctimas, causándoles con ello una doble victimización, ocultando el origen de la violencia que las golpeó, negando su existencia -“víctimas sin victimario”- o clasificándolas en otra “categoría”. Estos sectores políticos negacionistas que perviven aún en 2019 han tratado muchas veces de patrimonializar el dolor de algunas víctimas con el fin de justificar sus posiciones políticas y establecer así categorías -y jerarquías- entre víctimas.

Utilizar el aspecto emocional es una forma eficaz de influir en el análisis racional y el sentido crítico de las personas. Pero, en nuestra opinión, resulta grosero, peligroso y poco proactivo en estos tiempos. Alimenta posiciones de trinchera frente al necesario carril central: el de la construcción de una convivencia democrática.

Desde la voluntad de construcción de la convivencia, consideramos que el compromiso con los principios democráticos y el respeto escrupuloso de todos los derechos humanos han de ser nuestro principio fundamental. Así, es necesario abordar la realidad de todas las víctimas, todas, sea cual sea el origen de la violencia que las golpeó.

En los últimos meses, el Foro Social Permanente escucha. En estos contactos, sobre todo privados, víctimas de diferentes expresiones de violencia nos transmiten que lo que desean es que su tragedia personal sirva para que no vuelvan a repetirse jamás hechos como los que sufrieron y para superar la confrontación vivida. Avanzar sí, sin olvidar nada de lo ocurrido. No se mueven por venganza. Solo desean que se reconozca su dolor, quién lo provocó y que se asuman responsabilidades por ello.

El campamento base de la convivencia es el trato equitativo a las víctimas. Es conditio sine qua non. Ahí existe una línea roja que las instituciones y la sociedad civil debemos respetar: No se pueden aceptar discriminaciones entre los derechos de las víctimas.

Hemos de referirnos a todos los dolores por igual, sin equidistancias, pero sin discriminaciones. Conocer qué es lo que les sucedió a todas y cada una de ellas. Escucharlas. Nadie debería tratar de instrumentalizar su sufrimiento;el dolor pertenece a quien lo ha sufrido. No sabe de siglas, ni de ideologías. Es idéntico para todos los seres humanos.

Las víctimas que durante largos años han sufrido la violencia practicada y auspiciada directa o indirectamente por estamentos oficiales, merecen exactamente el mismo nivel de reconocimiento del que gozan las víctimas de ETA. Comprometámonos, pues, con ese propósito.

Es necesario superar el discurso de las “tipologías” de víctimas. Demos visibilidad pública a todos los horrores que han tenido lugar en nuestra sociedad, dignifiquemos por igual a todas las personas que los han tenido que sufrir, sin exclusiones, sin categorías, sin “peros”.