17 julio 2024
El
número dos de Interior con el PP dice que las 7.000 consultas sobre Podemos
eran “una actividad policial ordinaria”
Francisco
Martínez asegura que todas las búsquedas responden a trámites sobre
documentación o denuncias, pone como ejemplos las de diputados cuyos apellidos
coinciden con el de otros ciudadanos y obvia otras como las que se realizaron
contra los dirigentes de la formación desde unidades de investigación
El
secretario de Estado de Seguridad durante el último Gobierno del PP Francisco
Martínez niega que las consultas policiales a bases de datos restringidas en
poder de la Audiencia Nacional representen un caso de espionaje. Martínez
asegura en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que esas consultas
responden a una “una actividad policial normal y ordinaria”.
El
abogado de Martínez, principal imputado en la causa por las maniobras contra
Podemos, ha presentado un escrito en el que justifica las más de 7.000
consultas a 55 diputados en 2015 y 2016 de la formación política en “variadas
razones”, tales como “renovación del DNI y el pasaporte, controles en
aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los
propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas y un largo
etcétera”.
Martínez,
para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel en el caso Kitchen, expone casos
como el de la vicepresidenta Yolanda Díaz Pérez, diputada de Podemos cuando se
produjeron las consultas y asegura que las búsquedas no son solo sobre ella
sino sobre otras que se apellidan Díaz Pérez. Lo mismo alega sobre las
múltiples búsquedas a Segundo González García que podrían responder a personas
que tienen apellidos tan comunes.
Entre
los ejemplos expuestos por Martínez se evitan otros casos como el del líder de
Podemos en ese momento, Pablo Iglesias Turrión. El 22 de julio de 2015, un
mismo funcionario de la Brigada Provincial de Información realiza 25 consultas
sobre Iglesias. La Brigada de Información en Madrid investiga, entre otros
asuntos, los radicalismos políticos que degeneran en violencia u otros delitos.
A sus plantillas pertenecen los dos policías que han protagonizado las últimas
revelaciones periodísticas sobre infiltraciones en movimientos sociales.
La
misma dirección IP que buscó a Iglesias con intensidad en mayo de 2016 lo había
hecho también, un año antes, con Victoria Rosell desde la comisaría local de
Maspalomas, en Canarias. O a Iñigo Errejón desde distintas comisarías de
Valencia, Las Palmas y Murcia.
La
auditoría de las bases de datos fue ordenada por Pedraz a petición de Podemos y
estuvo justificada en la conversación que Francisco Martínez mantuvo por
whatsapp con un destacado comisario de la brigada política en la que mostraba
su impaciencia porque no hubiera resultados de la búsqueda que había ordenado
sobre antecedentes o cualquier otro catos que perjudicara a los 69 diputados de
Podemos que habían resultado elegidos por los ciudadanos.
Ahora,
Martínez dice que las informaciones sobre la auditoría de la Policía ha tenido
“un grosero uso político y mediático” con el fin de que los partidos personados
–Podemos, como víctima; el PSOE, como acusación popular– “salieran en tromba a
hablar de espionaje masivo y a pedir responsabilidades penales e incluso
abiertamente penas de prisión, cuando lo único que demuestran los archivos de
Excel es que se han incluido a cientos de ciudadanos ajenos a esta
investigación en archivos filtrados inmediatamente a la prensa afín”.
Martínez
pide que se dejen fuera de la investigación las búsquedas anteriores al 16 de
enero de 2016, cuando se conformaron las Cortes. También recuerda el ex número
dos de Jorge Fernández Díaz que él dejo de ser secretario de Estado el 18 de
noviembre de 2016 y que no tiene ninguna responsabilidad en periodos
posteriores.
Opinión:
A ver si lo entiendo. Desde el gobierno se puede entrar en
bases de datos que se entienden son confidenciales como “una actividad policial
ordinaria”… Bueno, eso ya lo decidirán en su momento.
Lo que no acabo de entender es que, con la intención de
ayudar, asesorar, e informar se prohíba, a través de una Ley de PROTECCION de
DATOS, que un ciudadano pueda hacer esa labor que la administración competente
no hace.
Lo cual me da pie a una pregunta: la administración ¿puede
saltarse las leyes con la excusa de que es una actividad policial?
Mientras tanto, tengo fundadas sospechas de que hay
cientos de personas afectadas por terrorismo que no han tenido el privilegio de
que se les buscara en esas mismas bases de datos que sirven para consultar sobre
miembros de la clase política.
Es raro ¿no?
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