17 octubre 2011 Interviu

17 octubre 2011

Que tots coneixem la tasca d’en Robert es indiscutible. I que sempre ha donat tot el seu temps i el seu interès en les víctimes ho tenim clar. Fins i tot per víctimes amb una problemàtica burocràtica immensa i per las que continuarà lluitant, amb o sense recursos.

Com a exemple, l’excel·lent reportatge de la companya Ana Maria Pascual a la revista “Interviu” del 17 d’octubre.

En Robert va col·laborar en la recerca de les víctimes.... deu ser perquè les coneix a totes?

Victimas al 40 por ciento

Los españoles que sufrieron atentados en el extranjero cobrarán menos de la mitad que si hubiera sido en España

“La solidaridad del Estado no puede ser lo mismo dentro de España que fuera”, afirman en la Oficina de Víctimas”.

La nueva Ley de Víctimas del Terrorismo incluye por primera vez a los españoles azotados por atentados internacionales desde 1960, la mayoría, turistas en países islámicos. Pero las indemnizaciones a las que tienen derecho los supervivientes y sus familias suponen solo el 40 por ciento de las contempladas para atentados en España.

La catalana Julia Vilaró trabajaba en el departamento de VIH del Hospital Sant Pau, en Barcelona. El viaje que realizó a Yemen, en el verano de 2007, junto a otros 12 compatriotas, le rompió la vida. La explosión de un colche bomba al paso del convoy de los españoles destrozó los pies de Julia. Ocho españoles y dos guías yemeníes murieron en aquel atentado de Alo Qaeda y otros cónico turistas españoles resultaron heridos.

Tras dos años de rehabilitación, Julia Vilaró ya no puede ejercer su profesión. “He perdido facultades, como memoria y concentración”, explica la catalana, que tiene reconocida una invalidez absoluta. Aquella odisea ha regresado a su vida gracias  la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en vigor desde el 23 de septiembre pasado. Lejos de sentir satisfacción  porque la nueva norma la reconoce, por fin, como víctima del terrorismo, Vilaró siente indignación: “Llevo cuatro años esperando poder decir que soy oficialmente víctima; y lo que me encuentro es una ley que dice que los españoles que hemos sufrido atentados terroristas fuera de España somos menos víctimas que la gente que padeció el 11-M, pese a que los terroristas son los mismos: Al Qaeda”.

Hasta ahora, los damnificados españoles por el terrorismo internacional estaban al margen de las ayudas y las indemnizaciones que contempla el Estado. Ahora, ya son víctimas de pleno derecho, y con carácter retroactivo, desde 1960, pero con matices: en el caso de los turistas percibirán solo un 40 por ciento de las ayudas económicas establecidas para las víctimas en España, y un 50 por ciento en caso de residir en el país donde se haya producido el atentado. Por ejemplo, la indemnización que fija la nueva ley en caso de fallecimiento por un atentado producido en España es de 250.000 euros; si el suceso es en el extranjero, la cantidad se rebaja a 100.000 euros, en el caso de ser turistas; y 125.000 euros si el fallecido residía en aquel país.

Los números hablan por sí solos y las víctimas han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un “menosprecio”. En el caso de Julia Vilaró, su indemnización por la invalidez absoluta que le provocó el atentado de Al Qaeda se quedará en 72.000 euros, frente a los 180.000 que cobraría si el atentado se hubiese producido dentro de las fronteras españolas. “No es justo. Son los políticos los que han marcado esas diferencias económicas” se queja Julia Vilaró.

En cambio, para José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, la nueva ley es todo un éxito: “Refleja la solidaridad de los españoles para con sus compatriotas, y en época de crisis, no lo olvidemos. Era lo único que quedaba por recoger en la legislación: incluir a los españoles afectados por atentados terroristas fuera de España. Es cierto que la cuantía económica es inferior, pero creo que está en la lógica de todos que el compromiso del Estado, la solidaridad o la responsabilidad, como queramos llamarlos, no puede ser lo mismo dentro de España que fuera”.

Otro de los detractores de la nueva ley para las víctimas del terrorismo es Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor, perpetrado por ETA en 1987 en Barcelona, en el que murieron 21 personas, y excoordinador del Servicio de Información y Orientación a Víctimas del Terrorismo de la Generalitat de Cataluña: “No tengo respuesta para los que me preguntan por qué un ciudadano español deja de serlo, o lo es menos, cuando sale del país y desgraciadamente sufre un atentado”. Manrique participó en la confección de la anterior legislación de víctimas del terrorismo, en 1998. “Ya entonces planteamos soluciones para este tema, pero nadie os escuchó. A finales de junio de 2005, como presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, presenté un proyecto a todos los grupos políticos para ofrecer protección legal a todos los españoles que sufrieran un atentado en el extranjero. Solo se interesó el fallecido José Antonio Labordeta. Y el 14 de octubre de 2010 presenté en el Congreso de los Diputados una nueva propuesta en este sentido. Finalmente no se ha aprobado una norma justa”. José Manuel Rodríguez Uribes adelanta a esta revista que la nueva ley se aplicará inmediatamente. “No vamos a esperar a desarrollar el reglamento preceptivo, que puede durar seis meses”. Según Rodríguez Uribes, uno de los primeros casos que se van a abordar es el de Silvia San Pío, la española, embarazada de siete meses, que pereció en los atentados de Nueva Cork, en septiembre de 2001. Su padre, José Luis de San Pío, reconoció la semana pasada a esta revista que no conocía la nueva ley ni las indemnizaciones que podrían derivarse de la muerte de su hija. Rodríguez Uribes explica en relación a este caso: “No me consta que Estados Unidos haya pagado nada a la familia. La ley española completa las indemnizaciones que se hubieran recibido del país del atentado”. Como se pregunta Nerea Pomés, cuyos padres murieron en el atentado de Al Qaeda en Yemen en 2007: “¿Quién decide el valor de las lágrimas?”.

Manuela Cañadas

Viuda de Toni Planas, piloto mallorquín fallecido el 28 de junio de 2011 en un atentado talibán en Kabul (Afganistán).

“Los familiares del las víctimas de la T4 cobran el 200 por ciento de pensión. Yo, el 52 por ciento”.

El Ministerio de Interior otorgará una condecoración al piloto fallecido.

El durísimo golpe que sufrió Manuela Cañadas antes del verano pasado no le impide levantar la voz para clamar contra “el atropello y la vergüenza nacional” que supone la nueva ley de Víctimas del Terrorismo, que la considera a ella y a su hija de 9 años, viuda y huérfana, respectivamente, por causa del terrorismo. Su marido, Toni nPlanas, piloto empleado en una línea aérea afgano-turca, falleció en el atentado perpetrado en el hotel Intercontinental de Kabul (Afganistán) el pasado 28 de junio de 201. Murieron 21 personas.

Hasta ahora, a Manuela no la podían considerar víctima del terrori8smo; y de las autoridades afganas no ha percibido un céntimo por el fatal suceso que la dejó viuda. “Si no llega a ser por la familia y por los amigos no hubiéramos podido sobrevivir. El Ministerio del Interior me prometió una ayuda de 3.000 euros dada la situación en la que nos encontrábamos, pero aún no ha llegado. Sí que me ayudaron a gestionar en veinte días mi pensión de viudedad, que es de un 52 por ciento de la base contributiva de mi marido; y la de orfandad de mi hija, de un 20 por ciento de esa cantidad. En caso de terrorismo esas pensiones se calculan sobre el 200 por ciento”. Manuela pone el ejemplo de los fallecidos en el atentado etarra de la T4, en diciembre de 2006: “los familiares de los dos ecuatorianos que murieron perciben la pensión máxima, del 200 por ciento. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Que a unos los mató ETA en España, y da igual si las víctima son españolas, y a mi marido lo asesinaron en Afganistán los talibán, contra los que la OTAN lucha, incluyendo a las tropas españolas”.

Manuela, cuya entereza llama la atención de quien la escucha, no está dispuesta a rendirse en su lucha por el “reconocimiento plano de Toni como víctima del terrorismo. Si los talibán atentan contra intereses de la OTAN, por estar esta organización en su país, y matan a un español, qué menos que nos traten como víctimas del terrorismo a todos los efectos”.

Manuela ha solicitado que se le conceda a Toni alguna de las condecoraciones que prevé la ley. José Manuel Rodríguez Uribes, director general de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior, ha confirmado a Interviú que apoyará esta petición. “Informaré favorablemente, igual que para otros fallecidos en idénticas circunstancias”, dice Rodríguez Uribes a esta entrevista.

Nerea Pomés Pérez, perdió a sus padres en el atentado islamista de Yemen, el 2 de julio de 2007.

“En el momento en el que cruzamos nuestras frionetras pasamos a ser españoles de segunda”.

“Cómo pueden aprobarse leyes que excluyen a los que han pasado por lo mismo que otros españoles”.

“Esta ley  se olvida de que los españoles viajamos y que todos somos víctimas potenciales del terrorismo islamista, que con nuestro ejército tratamos de frenar en el extranjero”. Esta reflexión de Nerea Pomés podría resumir el sentir de las víctimas españolas azotadas por el terrorismo fuera de España.

Nerea, de 30 años, ingeniera de Telecomunicaciones, de Barcelona, se quedó huérfana hace cuatro años. Sus padres, Antonio Pomés y Teresa Pérez, perecieron en el atentado perpetrado por la red Al Qaeda en las inmediaciones del templo de la reina de Saba, en Marib, a unos 200 kilómetros de Saná, capital de Yemen. Un coche bomba estalló al paso de un convoy de todoterrenos ocupado por 13 españoles; ocho de ellos murieron. Nerea se pregunta, no sin sarcasmo: “¿Debo alegrarme porque los políticos españoles han decidido que mis padres, al fin, son víctimas del terrorismo? Mas de cuatro años después, sigue viva la esperanza de un regreso que no va a llegar. Se ha aprobado una ley que dice basarse en los conceptos de memoria, dignidad, justicia y verdad. Y sin embargo hay vacíos, preguntas sin respuesta y muchos artículos que no contemplan la realidad e los españoles. ¿Acaso la gente de nuestro país no viaja? Cada vez más. Por turismo o por negocios. Y resulta que pasamos a ser españoles de segunda en el momento en el que cruzamos nuestras fronteras”.

Nerea recuerda con gratitud “el calor y la ayuda inmensa del personal del Ministerio del Interior en los primeros momentos. Por eso no entiendo cómo pueden alir aprobadas leyes que excluyen a los que han pasado por lo mismo que otros españoles. ¿Quién decide el valor de las lágrimas?”.

Belén Sanz Urcía

Herida en el atentado de Sharm-El-Sheij (Egipto) el 23 de julio de 2005, reivindicado por Al Qaeda.

“Pedía que me trasladaran a España y me dijeron que no. Me quedé en el paro”.

Numerosas cicatrices en las piernas y algunas en los brazos marcan de por vida a la ingeniera granadina Belén Sanz Urcía, de 32 años. Fue una de los cuatro españoles heridos en la matanza de Sharm-El-Sheij, una de las zonas más turísticas de Egipto, el 23 de julio de 2005. En el atentado, reivindicado por Al Qaeda, murieron 90 personas. Belén arrastra las secuelas, ninguna invalidante, con resignación. “Por lo menos estoy viva. Trabajaba en una empresa española afincada en Egipto que se dedica a licuar el gas. Aquel 23 e julio de 2005 mis compañeros y yo estábamos en el centro de Sharm-El-Sheij. De repente estallaron los cristales de la recepción del hotel que teníamos al lado. Nos acercamos para ayudar y entonces explotó un coche. A partir de ahí solo recuerdo sangre, ruidos, nervios.”. Ese fue el final de su fructífera carrera en Egipto. “Tras pasar un calvario en los hospitales egipcios, donde me extrajeron los cristales y me cosieron sin anestesia, me di cuenta de que no podía recuperarme en Egipto. Vivía cerca de la empresa, con los tanques de gas. Me daba miedo de otro atentado y de que todo explotara. La empresa se portó muy mal. Pedí que me trasladaran a un puesto en España y me dijeron que no, que tenía que ser fuerte y asumir lo que había pasado. Así que me quedé en el paro”, rememora Belén.

Seis años después, cuando puede optar a ayudas en España por aquel atentado y cuando se está preparando para unas oposiciones, esta ingeniera no celebra precisamente la novedad. “Esta norma no iguala a las víctimas. ¿Es que soy menos española por irme a trabajar fuera de España porque en mi país no he encontrado trabajo? Cuando el atentado es en un país del Tercer Mundo, como en mi caso, no se nos trata ni médica ni económicamente de manera adecuada. ¿Por qué no puede ocuparse mi país de eso en plena igualdad con el resto de los españoles?”, reflexiona Belén Sanz.