07 enero 2014 (2) El Correo (opinion)

07 enero 2014

Paz, piedad, perdón

El fin de la violencia ha sido una victoria de la democracia limpia y rotunda.

Ramon Jauregui

Estas tres hermosas palabras, pronunciadas con tanta brillantez como ingenuidad por el presidente de la República, Azaña, en el Salón de Cent del Ayuntamiento de Barcelona en la primavera de 1938, cuando la derrota republicana se intuía inevitable, fueron tan despreciadas por sus enemigos como desoídas por sus amigos. Vuelven a mí con motivo del debate abierto con el ofrecimiento de los presos de ETA de acogerse a las vías de la reinserción, una vez declarado su rechazo a la violencia y su reconocimiento del daño causado.

El mundo de Batasuna quiere aprovechar esta declaración para lanzar una campaña favorable a la relajación de la política penitenciaria que permita ir sacando a la mayoría de los presos de ETA y acercarlos a todos a las cárceles vascas. Es la estrategia de la ‘reconciliación’, basada en las múltiples violencias, “los daños multilaterales generados como consecuencias del conflicto” y en un relato de parte que no cuestiona la lucha armada de tantos años, aunque la rechacen hoy. Su retórica es despreciable. Sus argumentos oportunistas y cínicos.

En el otro extremo, asociaciones de víctimas, articulistas y medios de comunicación y el propio Gobierno Rajoy nos dicen que el comunicado de los presos solo busca facilidades para su liberación y nos recomiendan no hacerles el menor caso. “Nada ha cambiado”, parecen decirnos, o simplemente nos advierten que son terroristas y que deben pudrirse en la cárcel los próximos treinta o cuarenta años que les queden por cumplir.

Son legítimas ambas posiciones. Son incluso comprensibles. Pero ninguna de las dos nos ayudará a hacer irreversible y sólida la paz de la que disfrutamos desde el 20 de octubre de 2011, a superar las inevitables heridas que atraviesan a la sociedad vasca después de tanta tragedia y tanto dolor y, a construir nuestro futuro desde la memoria real de lo pasado, desde un relato fiel y auténtico de lo que ha significado el terrorismo de ETA.

En mi opinión, la mayoría de la sociedad vasca mira este tema crucial de nuestro pueblo con un mayor equilibrio, con un afán más constructivo, con más piedad, si ustedes quieren. Con más capacidad de perdón. No digo con voluntad de olvidar o, mucho menos, de aceptar el engaño de un relato falsario. No, a eso la sociedad vasca no está dispuesta y me parece imposible que tal manipulación de nuestra reciente historia tenga la más mínima posibilidad de asentarse. Pero, dejando claro esto, creo muy mayoritaria la opinión pública vasca que nos pide que aseguremos la disolución y la desaparición definitiva de ETA y que seamos capaces de sentar las bases de una convivencia respetuosa y tolerante en la que quepamos todos. En este esquema, los presos de ETA pueden ser tratados como personas reinsertables y por tanto deben ser objeto de un tratamiento individualizado que persiga, desde luego, el cumplimiento de sus penas pero también que permita su progresiva reinserción social en función de los delitos cometidos y de las penas impuestas, del grado de su cumplimiento, de su edad, de su comportamiento personal, de su salud, incluso de su colaboración en el esclarecimiento de sus crímenes.

¿Por qué es posible hacer esto hoy? Primero, porque ETA ha sido derrotada y hace más de dos años que ha desaparecido la violencia de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a la ausencia de la violencia de ETA y de su entorno, con rápida naturalidad, pero, durante muchos años, hemos dudado de que ese final llegara, incluso de que fuera posible y, salvo en estos últimos diez años, nunca creímos que ese final soñado fuera por rendición y desistimiento de la banda.

Segundo, porque el fin de la violencia ha sido una victoria de la democracia limpia y rotunda. Nada se ha pagado ni nada les debemos. ETA anunció el final de su historia sin negociación previa y sin contrapartidas políticas y lo hizo porque estaba desarticulada policialmente y su expresión política le exigió el abandono de las armas, a riesgo de la desaparición de su causa.

Tercero, porque el comunicado de los presos implica –aunque lo haga con sus inaceptables eufemismos– su rendición a la ley, el reconocimiento del daño causado, la aceptación de sus condenas, el tratamiento individualizado y un compromiso inequívoco de utilizar solo las vías políticas y democráticas. Nunca habían dicho eso. Nunca habían dicho tanto.

Cuarto, porque es la democracia quien controla el proceso y puede condicionarlo absolutamente a los siguientes pasos que faltan: la disolución de ETA y la entrega de su arsenal, de manera que, si esas circunstancias no se dan, o se produjeran otras que cuestionaran la apuesta democrática, el Estado siempre podría revisar su política penitenciaria.

Hay muchas víctimas de ETA que aceptamos la generalización de la llamada ‘vía Nanclares’ al conjunto de los presos de ETA. Cada uno es dueño de sus sentimientos y los de las víctimas del terrorismo son especialmente dignos de respeto. Pero, ni todas las víctimas pensamos lo mismo, ni podemos pretender imponer nuestros deseos al interés general. Conviene recordar, además, que ni uno solo de los presos reinsertados por esa vía ha fallado a sus compromisos de reinserción.

Pienso que avanzar con calma por ese camino es también lo más inteligente para que quede claro que es el Estado de derecho el que ejerce su potestad, es la ley la que se aplica, son los derechos humanos los que guían nuestra conducta y que, en consecuencia, es la democracia la que establece las reglas y la que ha derrotado a la violencia. Ese es el relato fiel y justo que nos merecemos.

No se tratará de un proceso fácil ni corto. Durará muchos años, exigirá generosidad para perdonar, que no olvidar, y reclamará apoyos mediáticos y consensos políticos y sociales. Pero así son las grandes causas. Así se hacen grandes cosas. Cuando hicimos la Transición democrática española fuimos admirados en todo el mundo por nuestra capacidad de pacto y de perdón. Algo parecido nos toca hacer en Euskadi los próximos años. Así seremos capaces de poner, de verdad, un final digno y democrático a esta trágica historia y así construiremos un marco de convivencia a la altura de nuestro pueblo.

Opinión:

Estoy de acuerdo en casi todo el artículo de Ramón Jáuregui. Diría que en el 95 por ciento. Pero hay un 5 por ciento en el que no puedo estar de acuerdo porque me deja entrever un cierto aire de “el problema es nuestro”.

Me explico: empiezo a estar harto de escuchar o leer a mucha gente que delimita el tema de ETA al País Vasco y eso, además de un error es una falta de respeto. No creo que sea necesario recordarle al señor Jáuregui que las peores masacres cometidas por ETA han sido, precisamente, fuera de territorio vasco. Estoy seguro que recordara las animaladas cometidas en Hipercor, Sabadell, Vic, Zaragoza… y ello lo circunscribo exclusivamente al número de victimas causadas. No recuerdo que ETA haya atentado jamás en un centro considerado civil dentro de las provincias vascas, ni tampoco contando Navarra.

Por otro lado, me deja perplejo enterarme que el señor Jáuregui se identifica a si mismo como victimas al escribir que “hay muchas víctimas de ETA que aceptamos la generalización de la llamada ‘vía Nanclares’ al conjunto de los presos de ETA”. Ciertamente, hay muchas victimas que estamos de acuerdo con la denominada Vía Nanclares, porque divide al colectivo etarra y eso es una estrategia correcta. Yo mismo colabore acudiendo al encuentro con el etarra Caride Simón en la prisión de Zaballa en junio de 2012. Pero lo que no acabo de comprender es ese interés en decir que alguien es victima cuando (salvo error u omisión por mi parte) no constan en los registros de la Administración correspondiente.

Seria muy farragoso explicar ahora cuanta gente se dedica a pontificar e incluso a representar a “las” victimas del terrorismo sin tener un solo expediente abierto en el Ministerio de Interior o ver su nombre reflejado en sentencia alguna. El día que alguien se decida a cotejar los listados de diferentes entidades con los que obren en poder del Ministerio, tengan por seguro que habrán muchas sorpresas. Y ya no hablo de esos personajes que han empezado a decir que tienen secuelas a los veinte años del supuesto atentado ni a los que se dedican a perseguir a los responsables de algunas oficinas exigiendo un reconocimiento o incluso unas indemnizaciones o pensiones refiriendo extrañas dolencias u opiniones.

Me refiero, evidentemente, a quien cree ser o quisiera ser victima del terrorismo sin figurar en ningún listado oficial. Algunos, incluso, están imputados por trafico de armas.

Solo me gustaría que el señor Jáuregui me dijera cual es su número de expediente. Me consta que hay muchas victimas que nos estamos planteando pegar el puñetazo en la mesa y exigir que la Administración haga algo al respecto. Es bochornoso que los recursos que deberían ser para las victimas reconocidas del terrorismo se deslicen a familiares o contactos que no tienen el reconocimiento oficial. O incluso que hayan asociaciones que han tenido que desaparecer por no recibir los mínimos recursos para seguir trabajando. Otros representantes de “las” victimas se plantean enfrentarse entre si en los tribunales.

Por lo demás, un artículo de 95 puntos sobre 100.