16 noviembre 2015 (15.11.15)
Medio centenar
de 'políticos' de ETA, pendientes de inhabilitación
Dignidad y
Justicia exige a la
Audiencia Nacional que esté vigilante para que cumplan la
pena
Alerta de un
posible 'fallo generalizado' sobre la ejecución de las sentencias
Las víctimas del terrorismo no están dispuestas a
bajar la guardia. Quieren apurar todos los caminos judiciales para obtener Justicia. Por
eso, siguen presionando para que los tribunales resuelvan los más de 300
crímenes de ETA pendientes.
Por eso, presionan para que los jefes etarras tengan que cumplir condenas por
los asesinatos que ordenaron. Y por eso, ahora, reclaman a la Justicia que esté
vigilante sobre las penas de inhabilitación para los condenados de la trama
política de ETA.
La asociación Dignidad y Justicia, dirigida por
Daniel Portero, ha remitido sendos escritos al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , Fernando Grande Marlaska, y al fiscal jefe de esta misma sede
judicial, Javier Zaragoza. Cifra en 47 los integrantes de estas
tramas con penas de inhabilitación pendientes de cumplir.
Las víctimas entienden que se han producido
situaciones, cuando menos, de falta control sobre la ejecución de las penas de
inhabilitación sobre estos condenados. Y reclaman al jefe de los jueces y al de
los fiscales que traten de depurar esta situación. Recuerdan cómo fue esta
misma asociación la que tuvo que advertir a la Justicia de que la pena
de inhabilitación del parlamentario vasco Iker Casanova estaba siendo
incumplida. Y es que había un defecto: no estaba determinado para qué cargos
debería estar inhabilitado. Un fallo judicial, del tribunal sentenciador, que la Fiscalía no detectó
entonces.
En su escrito, Dignidad y Justicia pormenoriza
cada uno de los casos «vivos», con penas aún pendientes, de los que eran los
políticos de ETA en esta
situación. Según los datos que ha facilitado la asociación a Grande-Marlaska y a Zaragoza, hay 47
integrantes de las diferentes tramas de apoyo a la organización terrorista.
Alerta en sus escritos de un posible «fallo
generalizado por parte de las diferentes instancias judiciales intervinientes
en los procedimientos seguidos contra la organización terrorista ETA en cuando
a la solicitud, imposición y ejecución de las penas de inhabilitación especial,
como pena principal, impuestas a todos aquellos sujetos por su integración en
organización criminal».
Así, la abogada Vanessa de Santiago desgrana que ha revisado todas las
sentencias de los casos Ekin, Gestoras pro Amnistía/Askatasuna y Bateragune.
«En atención a dichas sentencias y, concretamente,
las dictadas por el Tribunal Supremo,
salvo error u omisión de esta asociación, hay un total de 47 condenados por su
pertenencia a la organización terrorista ETA a
diferentes penas de prisión así como de inhabilitación especial para empleo o
cargo público como penas principales, y que a día de hoy la pena de derechos
impuesta a cada uno de ellos no estaría extinguida», apunta el escrito.
El documento recoge en un anexo la relación de estos
condenados, en la que se detalla la pena de prisión y la de inhabilitación
especial. «Es fácilmente verificable cómo ninguna de las penas de
inhabilitación especial para empleo o cargo público impuestas a todos los
condenados está extinguida a día de hoy». Dignidad y Justicia reclama a Grande-Marlaska y a Zaragoza que
estudien la denuncia y eviten «que dicha pena quede vacía de contenido y
[piden] que los sujetos condenados cumplan íntegramente la condena impuesta y,
en concreto, la pena de inhabilitación especial, teniendo en cuenta que muchos
de ellos lo han sido por su función dentro del 'aparato político' de ETA».
En el listado aparecen los nombres más relevantes de
la izquierda abertzale durante las últimas décadas: Arnaldo Otegi, Xabier Alegria,
Rafael Díez Usabiaga, Iker Beristain, José Luis García Mijangos, José María
Matanzas, Iker Casanova, Elena Beloki, Ana Lizarralde, José María Olano, Julen
Celarais, Gorka Zulaiza, Jesús Mirena Beaumont o Iñaki Loizaga son algunos de los nombres que
integran esta relación.
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