16
agosto 2020 (13.08.20)
Gobierno se niega a considerar los
crímenes del GAL como terrorismo de Estado
En dos respuestas enviadas al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el
Ejecutivo evita proporcionar datos concretos sobre los atentados registrados en
el marco de la denominada "guerra sucia". Según informes previos del
Gobierno Vasco, al menos el 37% de casos se cerró sin ningún tipo de respuesta
para las víctimas.
Dos
líneas bastaron. Dos líneas ocupadas por 16 palabras que sintetizan la posición
oficial ante
una historia no cerrada. En ese breve espacio de un folio donde
predomina el blanco, el Gobierno de Pedro Sánchez resumió su respuesta en torno
a los crímenes del GAL que siguen sin resolverse, o también sobre aquellos que
fueron objeto de condenas a funcionarios públicos.
Unas condenas que se resolvieron, además, con indultos y salidas anticipadas de prisión.
"En
relación con la información solicitada, se señala que en
España no hay terrorismo de Estado". Así empieza y así termina la
contestación del Ejecutivo a las preguntas formuladas por el diputado de EH
Bildu Jon
Iñarritu, quien pretendía trazar un mapa sobre los atentados no
esclarecidos cometidos por, la
Tripe A , el Batallón Vasco Español y el GAL.
"Llevo
tiempo procurando que el Gobierno facilite datos sobre acciones violentas
cometidas por funcionarios del Estado, lo que comúnmente se llama terrorismo de
Estado o guerra sucia, pero el Gobierno, en un ejercicio de negacionismo y
revisionismo, intenta negar la mayor, cuando hay casos juzgados en los
que la implicación del Estado es clara",
apunta Iñarritu a Público.
En
su pregunta escrita, el representante abertzale citaba una solicitud de
información previa que había formulado al Gobierno sobre los atentados
producidos por el BVE y el GAL para conocer, precisamente, el número de
crímenes y el estado de esos procedimientos judiciales, así como el tiempo de
prisión cumplida de forma efectiva por parte de quienes fueron condenados por
los tribunales.
En
una primera respuesta –con fecha del pasado 21 de mayo–, el Ejecutivo respondía
de forma genérica que "la investigación de los delitos para descubrir
y detener a los presuntos culpables" era "una de las funciones
encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Seguido,
aseguraba que "se llevan a cabo y se seguirán llevando a cabo todas las
investigaciones necesarias para el esclarecimiento de todos aquellos hechos
que puedan ser constitutivos de delito para ponerlo en conocimiento
de la autoridad competente".
En
aquel documento, el Gobierno no respondía a ninguna de las preguntas
que había formulado Iñarritu, quien había solicitado datos
concretos. Por tales motivos, el diputado volvió a presentar las mismas
cuestiones en una nueva solicitud de información.
"Con
fecha 2 de abril y número de registro 19908 se realizaron unas preguntas que
pedían datos precisos sobre el terrorismo de Estado. Sin embargo, en la
respuesta recibida por parte del Gobierno no se facilita ninguna de las cuestiones
planteadas. Es por ello que se vuelven a plantear, pidiendo que se
aporten las respuestas concretas a todas y cada una de las preguntas para que este diputado
pueda realizar su función parlamentaria", argumentó en un escrito
registrado el 28 de mayo.
En
su pregunta, Iñarritu pedía también que el Ejecutivo aclarase si contemplaba "tomar las medidas oportunas" que estuviesen a su alcance para
"esclarecer todos aquellos atentados cometidos por el terrorismo de
Estado".
"Víctimas de tercera"
Entonces
llegó la respuesta del Gobierno de apenas dos líneas en la que se
limita a negar la existencia del terrorismo de
Estado. "Agarrándose a una diferencia terminológica, el Gobierno
hace un ejercicio de ocultación y poca transparencia, mostrando
además su desprecio hacia
las víctimas del terrorismo de Estado, que son de segunda o tercera",
denuncia Iñarritu.
Según
documentó el Gobierno Vasco en un informe presentado en 2014, el
37% de los atentados registrados por el GAL –grupo que estuvo detrás de 27
acciones terroristas– quedaron sin ser esclarecidos, mientras que el 20%
de los atentados del BVE y grupos satélites fueron "sobreseídos y
archivados". En el caso de ETA, dicho informe oficial señalaba que los
crímenes sin resolver alcanzaban el 23%.
Las
sentencias que hubo por crímenes del GAL dejaron clara la implicación de miembros del Gobierno
de Felipe González en dichos atentados. Entre ellos
figuraron el exministro del Interior José Barrionuevo, el exsecretario de
Estado de Seguridad Rafael Vera, el exgobernador civil Julián Sancristóbal o el
exjefe superior de la Policía
de Bilbao, Miguel Planchuelo, entre otros.
"Iniciada
la década de los ochenta, desde determinadas instancias de los aparatos del
Estado vinculadas al orden público, se promovieron acciones violentas con
finalidad contraterrorista totalmente
al margen de la Ley ,
ejecutadas al amparo de la organización autodenominada GAL. Las
acciones terroristas de este grupo se prolongaron durante varios años de la mencionada década, contando en
su haber con un elevado número de personas heridas y asesinadas, especialmente
en territorio vasco-francés", destacaba otro informe elaborado por el
Gobierno Vasco.
"Deficiente
investigación"
En
ese documento se indicaba que el GAL asesinó a 24 personas e hirió a otras 27, mientras que el
BVE "cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras dieciocho 18".
"La Triple A
cuenta, por su parte, con ocho asesinatos en su haber, por otros seis del GAE
(Grupos Armados Españoles), como los grupos más relevantes en su acción
criminal", añadía.
El
informe del Gobierno Vasco apuntaba además que "la escasa
y deficiente investigación policial llevada
a cabo en una parte muy importante de estas acciones violentas impide el
esclarecimiento de un dato de especial relevancia en esta cuestión, cual es el
grado de complicidad, colaboración o inhibición que pudo existir por parte de
determinadas instancias policiales con dichos actos criminales".
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