17
agosto 2020
Decepción entre los heridos de
Cambrils y Alcanar por la petición de penas
Las asociaciones de víctimas
reclaman penas más duras y lamentan que a los tres procesados no se les vaya a
juzgar por asesinato, lo que puede reducir las indemnizaciones a percibir
A
los tres años de los atentados del 17-A en Catalunya, la justicia ha dejado en
puertas de juicio a los tres únicos supervivientes de la célula, sin
procesarlos por delitos de asesinato, una decisión que las víctimas, tanto de
Barcelona, como de dos puntos clave en la provincia como son Alcanar y
Cambrils, ven con decepción pues amenaza con dejarlas sin indemnizaciones.
Con
un formato adaptado a las medidas sanitarias, la pandemia no impedirá hoy el
acto de homenaje con el que Barcelona recordará esa fatídica tarde del 17 de
agosto de hace tres años, cuando el yihadismo golpeó por primera vez el corazón
de Catalunya, de la mano de un puñado de jóvenes de Ripoll (Girona) de origen
magrebí, y dejó, en unas horas, 16 cadáveres y cerca de 140 heridos.
Poco
antes de las cinco de la tarde, Younes Abouyaaqoub daba inicio a la masacre con
un atropello masivo, al volante de una furgoneta alquilada con la que zigzagueó
durante 800 metros
a toda velocidad por unas Ramblas atestadas de turistas: asesinó a 15 personas
y dejó heridas, al menos, a otras 130.
Tras
dejar la furgoneta sobre el mosaico de Joan Miró de las Ramblas, caminó hasta la Zona Universitaria
de Barcelona, donde mató a cuchilladas a un joven para robarle el coche en su
intento de fuga, que duró escasos días. El 21 de agosto los Mossos lo abatían
en unos viñedos del Penedès.
Ataque improvisado en Cambrils
Mientras
tanto, otros cinco de los terroristas se pertrechaban de cuchillos y un hacha
para intentar, ya en la madrugada del 18A, otra matanza en el paseo marítimo de
Cambrils. Murieron tiroteados por los Mossos tras arrollar con su coche a un
grupo de transeúntes, uno de los cuales falleció, y apuñalar a otros doce
cuando volcaron el vehículo. Fueron esos los ataques terroristas que improvisaron
tras frustrarse el gran atentado que llevaban planeando desde al menos 2016,
con la Sagrada Familia
como principal objetivo, para lo que habían almacenado en un chalé de la
urbanización Montecarlo de Alcanar un centenar de bombonas de butano y entre
200 y 500 kilos de TATP –explosivo casero conocido como «madre de Satán»– que,
según los investigadores, querían hacer estallar el 20 de agosto.
Por
efecto del calor, la víspera del 17A los explosivos hacían saltar por los aires
el chalé de Alcanar, en el que murieron dos de los terroristas, entre ellos
Abdelbaki Es Satty, líder espiritual de la célula y quien emprendió en 2015 el
adoctrinamiento del grupo de jóvenes como imán de la mezquita de Ripoll.
Después
de tres años de investigaciones, la Audiencia Nacional
ha zanjado la causa principal de los atentados sin ningún procesado por los 16
asesinatos y los heridos que provocaron los seis terroristas muertos en los
ataques de Barcelona y Cambrils.
La
sala de lo penal ha abierto juicio oral por los delitos de pertenencia a
organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos contra dos de los
presuntos miembros de la célula: Mohammed Houli Chemlal –superviviente de la
explosión de Alcanar– y Driss Oukabir, hermano de uno de los fallecidos y a cuyo
nombre se alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo.
En
un criterio compartido por la
Fiscalía y algunas de las acusaciones –Generalitat y
Ayuntamiento–, la sala ciñe el papel de estos dos procesados a la pertenencia a
la célula y los preparativos del atentado frustrado, sin vincularlos
directamente con los ataques Barcelona y Cambrils, aunque ha dejado abierta la
puerta a que las partes lo planteen en el juicio.
Más
tangencial sería la participación del tercer procesado, Said Ben Iazza, a quien
la Audiencia
procesa por colaboración con organización terrorista, al entender que su
intervención se limitó a facilitar la furgoneta frigorífica en la que
transportar el peróxido de hidrógeno necesario para fabricar los precursores de
los explosivos, así como la documentación para adquirirlo.
Gran
parte de las acusaciones particulares ejercidas por las víctimas –incluidas las
colectivas, como la AVT
o la del 11M– se han apresurado a desmarcarse de la Fiscalía , con escritos
que plantean penas superiores a los 2.000 años de cárcel y prisión permanente
revisable para los procesados, por los asesinatos e intentos de asesinatos de
los ataques.
Dinero en juego
No
solo la posible impunidad simbólica de los atentados preocupa a las víctimas y
familiares de fallecidos: también están en juego las indemnizaciones que les
puedan corresponder en sentencia por los daños y secuelas que arrastran y que
suman cifras millonarias.
En
el caso de que los procesados se declararan insolventes, las indemnizaciones
podrían ser asumidas por el Estado, de acuerdo con la Ley de Protección de Víctimas
del Terrorismo, pero esa solución se adivina más improbable si tras el proceso
penal no hay condenados por los muertos y heridos en los atentados.
Robert
Manrique, portavoz de la Unidad
de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), no oculta su
«decepción» con el proceso judicial, que a su parecer permitiría al Estado
ahorrarse indemnizaciones millonarias. «¿Cómo se puede entender que esos tres
procesados no sabían lo que iban a hacer sus compañeros? No son nueve lobos
solitarios», lamenta. «No es un tema simplemente simbólico. Al final es un tema
económico, en que el Estado quiere ahorrarse un dinero en las indemnizaciones»,
añade Manrique.
En
la misma línea se expresa José Vargas, presidente de la ACVOT , que apunta: «¿Qué se
puede esperar de una Fiscalía como la que tenemos y jueces que solo atienden a
los políticos? No me extraña en absoluto».
Con
la causa principal de los atentados lista para juicio, la Audiencia Nacional
mantiene, bajo secreto de sumario, otras líneas de investigación que rastrean
las posibles conexiones internacionales de la célula y los apoyos con que
pudieron contar en el extranjero para sus planes.
Algunos
movimientos, sin explicación aparente, de los terroristas en Francia, Bélgica o
Marruecos alimentan esas sospechas; en especial, un viaje relámpago a París
días antes de los atentados, en el que compraron una cámara de fotos y tarjetas
de teléfono y estudiaron los accesos a la Torre Eiffel. Es ahí
donde están las lagunas de la investigación que deberán ser aclaradas.
Ya
en diciembre de 2016, tres des los terroristas –entre ellos Abouyaaqoub– habían
viajado a París entre los días 25 y 28 de diciembre, con una breve escapada de
un día a Bélgica, donde Es Satty había estado ejerciendo de imán en una
mezquita de la que fue expulsado por su deriva radical.
Las conexiones del imán
Las
conexiones del imán de Ripoll, que mientras estuvo preso en Castellón entre
2012 y 2104 por tráfico de drogas se entrevistó con dos agentes policiales,
suscitaron recelos entre el independentismo ya desde los días posteriores a los
atentados, ocurridos en un momento de alta tensión política en Catalunya por la
inminencia del referéndum del 1-O.
El
diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de la familia de una de las
víctimas del 17A, ha tratado sin éxito de que la Audiencia Nacional
indagara las relaciones de Es Satty con el CNI y hasta ha puesto en duda que el
imán muriera en la explosión de Alcanar, dado que nadie ha reclamado su cuerpo
ni, asegura, se encontraron los restos de sus móviles y tarjetas telefónicas.
El
juez instructor, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía , denegó las
diligencias solicitadas por Cuevillas argumentando que no hay indicio alguno de
esos vínculos, que, sin embargo, han servido de munición para quienes defienden
que, cuanto menos, los servicios secretos españoles no fueron diligentes al
impedir los atentados.
Será
a la vuelta de verano cuando la Audiencia Nacional marque la fecha de la vista
oral, después de que la declaración del estado de alarma paralizase el sistema
judicial durante varios meses.
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