16 diciembre 2020
“Fiat iustitia et pereat mundus”
Antoni Puigverd
En estos últimos años estamos
asistiendo a una discusión retórica entre la visión legitimista de la crisis
catalana, defendida por los soberanistas, y la visión legalista de políticos y
periodistas que delegan el problema en el poder judicial. La discusión no sirve
para alcanzar un mínimo acuerdo sobre el problema. Sólo alimenta la guerra
cultural: convencer a los convencidos, estigmatizar a los oponentes y
ridiculizar a los ambivalentes. Por ambivalentes me refiero a los que
detectamos parte de la verdad en las dos argumentaciones.
El Rubicón fue atravesado hace años.
Los legitimistas siguen diciendo que la ruptura de la legalidad estaba
justificada por la razón histórica y democrática. Y el poder judicial les va
aplastando con dictámenes jurídicos formalmente impecables que responden, empero,
a prejuicios ideológicos (que los legalistas niegan como si los jueces fueran
ángeles técnicos). Primero fue la condena de los 100 años. Desmedida desde
todos los puntos de vista que no sean los de un poder presidido por un ex
director general de Aznar. Después ha venido la corrección a los jueces de
vigilancia penitenciaria. Y ahora llega la noticia de la repetición del juicio
a Otegi, con la función de alejar la última esperanza de los presos catalanes.
Los independentistas querían poner en cuestión en Europa el juicio que dirigió
el magistrado Marchena. Era una esperanza simbólica: suponiendo que el recurso
culmine favorablemente en el TEDH de Estrasburgo, los presos ya habrán
soportado buena parte de la pena, si no toda. A pesar de ello, una mirada jurídica
neutral podía ayudar a replantear algunas cosas en España. El TEDH nunca entra
en materia, pero un suspenso en la forma podría desatascar la autocrítica (si
queremos resolver el problema, todo el mundo, y no sólo el independentismo,
deberá practicarla). Marchena y Lesmes, el exdirector de Aznar, han encontrado
la manera de humillar doblemente a los derrotados. No solo los condenan a
largas penas, sino que, en caso de que el TEDH les enmiende la plana, impondrán
el castigo suplementario de la repetición del juicio. Han encontrado un
argumento legalista para hacerlo.
Un personaje como Otegi no tendrá nunca el respeto de quien, como yo, era amigo de Ernest Lluch y del juez Lidón y lo es de Robert Manrique, portavoz de las víctimas de Hipercor. Pero la superioridad de los valores democráticos se expresa evitando el ensañamiento en el castigo. Ya es gordo que la doble taza de caldo que se aplica a Otegi y, por tanto, a ETA, tenga que servir de remate final del pacifista soberanismo catalán. Pero más gordo es que alguien pueda pensar que esto es solución. Este pleito político infectará mortalmente a nuestra democracia, si se cierra de acuerdo con los criterios de una corriente judicial que forma parte del tronco de los que se opusieron al título VIII de la Constitución. No recuerdo quién dijo “Fiat iustitia et pereat mundus”, pero viene aquí de perlas: “Que se haga justicia y que todo vaya al carajo”. ¡Bravo!
Opinión:No fui aficionado a las clases de latín y por suerte ahora tenemos el traductor que nos dice que “Fiat iustitia et pereat mundus” significa “Hágase justicia, aunque el mundo perezca”… pues eso.
Por lo demás, agradecer al amigo Puigverd poder tener el honor y el privilegio de ver mi nombre en la misma línea y el mismo artículo junto a personas tan destacadas como Ernest Lluch y José María Lidón.
Sinceramente, ha sido la primera vez que he empezado a leer un artículo sin antes entender el título y la sorpresa ha sido enorme.
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