10 octubre 2024
Sin
respeto a las víctimas ni a los migrantes
Cualquier
estadística seria constata que la inmigración no es un problema en España. Ni
siquiera lo es la inmigración irregular, la que más atención mediática recibe
pero que supone un porcentaje muy minoritario respecto a la regular. Pueden
darse problemas puntuales como en cualquier situación de convivencia entre
diferentes, pero ningún estudio riguroso eleva el fenómeno a la categoría de
crisis. Lo que sí se está convirtiendo en un problema social y político es la
percepción que los ciudadanos tienen del fenómeno migratorio. Esto explica que
haya escalado varias posiciones entre las preocupaciones de los españoles, como
muestran la última encuesta de 40dB para EL PAÍS y la SER o el barómetro del
CIS.
El
aumento de la percepción de la inmigración como problema es directamente
proporcional al uso irresponsable que la nueva y vieja ultraderecha hace de
este asunto ―al que convierte en una diana permanente― y el efecto arrastre que
provoca entre los conservadores clásicos. Es una peligrosa realidad política de
todo el mundo occidental, pero ayer el Congreso de los Diputados vivió un pleno
en el que quedó patente esa distorsión.
Pedro
Sánchez comparecía forzado por el PP para hablar de su política migratoria tras
meses de tensión entre Gobierno y oposición por la perentoria situación de los
menores no acompañados en Canarias y su necesario reparto entre el resto de las
comunidades autónomas, una medida que los populares siguen bloqueando. El caso
de los menores en Canarias es una derivada dramática para estos niños y jóvenes
y una situación de angustia para la administración autonómica, pero representa
una realidad mínima y puntual en el gran debate de las migraciones.
Pese
a imponer el tema del pleno, Alberto Núñez Feijóo dedicó su presencia en el
hemiciclo y en su tribuna a intentar taponar un asunto interno de su partido:
la grieta de credibilidad abierta en sus filas por la negligencia de los
populares en la tramitación de la reforma legal sobre la convalidación de las
condenas a varios presos de ETA para cumplir con una norma de la Unión Europea.
La sonrojante manipulación del terrorismo por parte de Feijóo alcanzó las cimas
de la ignominia cuando su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, exhibió la
fotografía de una docena de miembros del Partido Socialista asesinados por la
banda terrorista. No quedan ya líneas rojas que traspasar en la exhibición
pública de la instrumentalización de las víctimas. Varios familiares de
socialistas víctimas de la banda salieron públicamente a pedir respeto.
No
sabemos si toda la sobreactuación que contemplamos ayer sirvió para calmar el
incendio en el PP y en su amplio universo mediático nacional y autonómico, pero
lo que dejó en evidencia es que una cuestión tan trascendental como abordar de
forma ordenada y segura la llegada de inmigrantes merece algo más que al líder
de la oposición tratando de enjuagar en el Parlamento los errores de su
partido.
Centrado
en el tema para el que lo había convocado la oposición, Pedro Sánchez negó que
en un país de emigrantes como España haya que copiar la experiencia de otros.
“Somos hijos de la emigración, no vamos a ser padres de la xenofobia”, dijo. Y
subrayó la necesidad de que no solo España sino toda la UE tiene de recibir a
inmigrantes para compensar la caída demográfica y sus implicaciones económicas
y laborales. Trascendiendo esta habitual tesis economicista sobre los
beneficios de las migraciones, Sánchez pronunció un discurso —inédito entre los
mandatarios de esta parte del mundo— proteccionista hacia los derechos de los
migrantes frente al punitivismo acostumbrado en la mayoría de los países.
Muchas veces, lamentablemente, en la propia España y desde su propio Ejecutivo.
El
presidente del Gobierno anunció un plan nacional de integración y convivencia
intercultural para tratar de garantizar a la vez la cohesión y la diversidad.
Afirmó que el próximo mes llevará al Consejo de Ministros, además de ese plan,
el nuevo reglamento de extranjería y otras medidas, como la puesta en marcha de
6.000 plazas más de acogida y un nuevo programa de migración laboral. Además,
solicitará a Bruselas el adelanto de la entrada en vigor del pacto europeo de
migración y asilo para que sus herramientas en materia de control fronterizo y
de reparto de migrantes comiencen a usarse en el verano del año 2025, y no en
el de 2026 como está previsto.
Habrá
que seguir con atención el desarrollo de esos planes a partir de ahora, porque
demasiadas veces la complejidad e imprevisibilidad del fenómeno, la actitud de
otros países con los que es inevitable negociar y la urgencia por resolver
problemas puntuales dan al traste con los grandes discursos. El punitivismo y
las fórmulas estrictamente securitarias son las que tiñen, por ejemplo, el
acuerdo entre el PP y el Gobierno canario firmado hace un mes, la única
propuesta que Feijóo puso ayer sobre la mesa. Sánchez quiso contrastar ayer dos
modelos, dos maneras de enfrentarse al desafío de las migraciones. El objetivo
se cumplió a medias porque la mitad del hemiciclo estaba a otra cosa.
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