28 septiembre 2024
Irritación
en el CNI por el pacto de Gobierno y Junts para desclasificar los papeles del
17-A
Los
servicios secretos alertan contra las teorías que buscan culpar al Estado,
mientras Defensa cree que la comisión desmontará "paranoias".
La
reactivación por los partidos del Gobierno de la comisión de investigación en
el Congreso de los atentados yihadistas del 17 y 18 de agosto de 2017 en
Barcelona y Cambrils ha sido recibida con palpable malestar en el Centro
Nacional de Inteligencia. Malestar que alimenta el acuerdo para desclasificar
documentos del CNI relativos a sus relaciones con el imán de Ripoll
identificado como el cerebro de los ataques que mataron a 16 personas e
hirieron a 140, una iniciativa que sacude los ánimos en 'La Casa' porque
supone, según fuentes consultadas, "dar pábulo" a la "más
disparatada teoría conspiratoria" alentada por parte del independentismo
para defender su causa: que los servicios secretos españoles permitieron los
asesinatos como forma de crear inestabilidad en Cataluña en vísperas del
referéndum ilegal del 1 de octubre.
Este
jueves, y tras una semana en la que el Ejecutivo ha multiplicado los gestos
hacia los de Carles Puigdemont -el más relevante, la retirada de la votación
del techo de gasto presupuestario que iba a perder- para intentar reconducirlos
al redil del bloque de investidura, el PSOE, Sumar y Junts estamparon su firma
en el plan de trabajo que da nuevo impulso a la polémica comisión. Un grupo de
trabajo parlamentario con el que los soberanistas pretenden demostrar, al igual
que con el del espionaje de la 'Operación Cataluña', que el Estado ha
practicado 'guerra sucia' contra ellos.
Mientras
los junteros se escudan en que otros países europeos han emprendido
investigaciones similares -Francia tuvo una comisión tras los embates del
yihadismo de hace una década-, en el ministerio de Defensa que dirige Margarita
Robles y del que depende el CNI sostienen que no existe "ningún"
motivo para inquietarse por la revelación pactada de información reservada.
"Mejor que se desclasifiquen y acaben las 'paranoias'", llegan a
aseverar estas fuentes.
Pero
en el centro cunde la inquietud no por el contenido de los eventuales informes,
sino porque el espionaje español esté siendo utilizado como "moneda de
cambio" en las negociaciones del presidente con sus socios para intentar
retener la Moncloa. Los servicios secretos todavía no ha acabado de digerir que
el 5 mayo de 2022 el Ejecutivo de Sánchez, a fin de complacer a sus aliados
catalanes y vascos, obligara a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, a
revelar en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que 'La Casa' había
espiado con Pegasus a 18 dirigentes independentistas durante el 'procés'; entre
ellos, al expresident Pere Aragonès. Seis días después, Esteban, cuya cabeza
fue reiteradamente pedida por ERC, Junts y Bildu, fue fulminada de su cargo.
Ahora,
en el centro califican de "verdadero estriptis" el plan de trabajo de
la comisión sobre el 17-A para "cortejar otra vez a Puigdemont"
manteniendo viva la teoría de que el Gobierno de Mariano Rajoy siempre estuvo
al tanto de que la célula de Alcanar tenía previsto atacar en Cataluña porque,
entre otras cosas, el cabecilla del grupo, el imán Aldelbaki Es Satty era
confidente del CNI. Según esta tesis conspirativa, el Ejecutivo del PP toleró
los atentados ya que así podría elevar el nivel de alerta antiterrorista de 4 a
5. Ello, siempre de acuerdo a esta argumentación, habría permitido a Rajoy el
despliegue de militares en funciones de seguridad pública en Cataluña, con el
propósito final de frenar el 'procés' impidiendo el referéndum ilegal del 1-O.
El pacto del Gobierno con Junts incluye que el Consejo de Ministros
desclasifique "la información reservada o secreta que pueda existir en
relación a los atentados" y la referida al "registro de visitas a Es
Satty en la prisión de Castellón por parte de los miembros de los servicios
secretos y transcripción de las entrevistas mantenidas".
La
irrupción de Villarejo
La
especulación de que los servicios secretos permitieron la matanza yihadista
hizo fortuna entre los círculos del independentismo más radicalizado cuando se
conoció la relación entre el imán y el CNI y se airearon supuestos avisos de
servicios de inteligencia aliados sobre la posibilidad de ataques yihadistas en
Cataluña. En enero de 2022 recobró vuelo después de que el controvertido
excomisario José Manuel Villarejo, archienemigo de los servicios secretos,
afirmara en la Audiencia Nacional que el centro "calculó mal las
consecuencias de dar un pequeño susto a Cataluña" en el verano de 2017.
Aunque
ni Villarejo ni los partidarios de esta maquinación han aportado nunca una sola
prueba, Junts sigue haciendo proselitismo de la misma. Puigdemont ha apuntado a
"la responsabilidad" de aquel Gobierno en los atentados por no
investigar a los servicios secretos y Jordi Turull, secretario general de los
postconvergentes, ha denunciando un presunto "terrorismo de Estado".
Ello a pesar de que el CNI ha dado explicaciones sobre su relación con el imán.
En
noviembre de 2017 y entre la información remitida al instructor en la Audiencia
Nacional de los atentados, Fernando Andreu, admitió que el religioso fue
captado durante su estancia en la prisión de Castellón, en la que estuvo preso
desde 2010 a 2014 tras ser interceptado con un coche con 120 kilos de hachís en
el ferry de Ceuta a Algeciras. El CNI explicó a Andreu -quien incluyó esta
información en una pieza secreta y separada- que se acercó al detenido al
conocer sus nexos con redes radicales islamistas desde septiembre de 2005. En
particular, con las que operaban desde Vilanova i la Geltrú (Tarragona),
golpeados por la fallida 'operación Chacal' en 2006, desmontada luego por el
Supremo ante la descoordinación, precipitaciones y supuestas irregularidades en
la investigación de la Guardia Civil y la Policía.
El
nombre del que se convertiría en imán de Ripoll había aparecido en una agenda
de uno de los detenidos por la masacre del 11-M en Madrid. El preso marroquí,
siempre de acuerdo con la información de los servicios secretos, no era
considerado una "pieza clave" en los grupos yihadistas de Cataluña ,
sino un "personaje periférico" que podría servir de chivato una vez
que recuperara la libertad. Las fuentes oficiales del CNI insistieron en que
solo hubo contactos en prisión hasta 2014 -es decir, tres años antes de los
atentados- y siempre "siguiendo los protocolos". Cuando salió en
libertad, no siguió como colaborador con el CNI.
Opinión:
La información publicada por el amigo Melchor Sáiz da para
muchas horas de debate. Conociendo la profesionalidad de Melchor es indiscutible
que son fuentes del propio CNI las que muestran su “irritación” por “el pacto
de Gobierno y Junts para desclasificar los papeles del 17-A”.
Vamos por partes.
Hasta donde yo se del tema, a los señores irritados del
CNI se les paga un suculento sueldo (de dietas y otros gastos ya no puedo
hablar) por la función de “máximo asesor” del Gobierno de España (poder
ejecutivo) en cuestiones de seguridad nacional e inteligencia.
Vale, pues muy bien. Puedo entender que estén “irritados”
porque se encuentren ante la obligación de dar explicaciones como consecuencia
de un pacto político. Sí, puedo entenderlo.
Pero estos señores tan “irritados” no fueron tan valientes
cuando se citó a sus representantes a la Comissió d’Investigació del Parlament de Catalunya en
2020. No vinieron entonces a aclarar unas dudas que, de haberlo hecho en su
momento, seguramente habría evitado la “irritación” que ahora muestran. Con un
hecho añadido: que en 2020 la situación política era muy distinta y los votos
de Junts no eran imprescindibles para que el gobierno continuara en su puesto.
Además, la NO comparecencia de esos señores que ahora
están “irritados” habría sido de gran ayuda para las víctimas que siguen
exigiendo que se investigue lo que se hizo mal para que no vuelvan a ocurrir
los mismos errores. Esas víctimas SI TENDRIIAN DERECHO A ESTAR IRRITADAS pero
tienen muchísima más dignidad que los responsables del CNI ahora tan “irritados”.
¿Qué les pasa? ¿Están “irritados” porque hay quien les
pide explicaciones por su trabajo? Al fin y al cabo, cobran sus sueldos con los
impuestos que pagan, entre millones de españolitos, muchas de las víctimas de
esos atentados.
Dicho esto, vamos a otra cuestión. Cuando estos señores “irritados”
dicen que la Comisión que se ha pactado servirá para desmontar “paranoias”… ¿por
qué no las desmontaron el año 2020 declarando a la Comissió d’Investigació del Parlament de Catalunya? Al
fin y al cabo, esas “paranoias” que tanto les molestan son las mismas ahora que
entonces… ¿o han dedicado tiempo a ir destruyendo pruebas en estos cuatro años?
¿Han esperado a las sentencias de 2021 y 2023 para estudiar la jugada? ¿Por qué
tanto interés en destruir ahora pruebas que están almacenadas de los atentados?
¿Paranoias? ¿En
serio? Me recuerda a aquella película en la que tuve el honor de participar: LA
REVOLUCION DE LOS ANGELES. En ella se relatan las accines que, desde un
gobierno, se organizan para acabar con un grupo de personas que ante la
injusticia, acaban haciendo las cosas a su manera. Curiosamente, una de las frases
míticas de la película es aquella en la que un asesor gubernamental obliga a un
médico a decir que una paciente “está loca, ¿de acuerdo?”. La cara del médico es
digna de un premio Oscar.
Con toda sinceridad, si los “irritados” señores del CNI
aprecian la verdad y quieren permitir que las víctimas se adhieran a su derecho
de “conocer la verdad” (tal y como marca la sentencia de 2021), que guarden su “irritación” en el cajón de los secretos
oficiales y sean valientes a la hora de explicar las cosas y reconocer los
[supuestos] errores cometidos.
Porque los cometieron y lo saben
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