01 octubre 2024
Interior
no prevé incluir a los asesinados en el 'caso Almería' como "víctimas del
terrorismo"
El
Ministerio del Interior ha asegurado que no ha efectuado ningún tipo de
actuación para incluir a Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas
Morales, quienes fueron asesinados por la Guardia Civil tras ser erróneamente
identificados como miembros de ETA el 10 de mayo de 1981, en la Ley de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo al
considerarlos únicamente como víctimas de la “violencia policial”.
Así
lo ha trasladado el Gobierno en una respuesta parlamentaria, consultada por
Europa Press, dirigida al grupo parlamentario plurinacional Sumar, que reclamó
los cambios legislativos necesarios para que las víctimas del 'caso Almería'
fueran reconocidas como víctimas del terrorismo al representar uno de los
episodios “más oscuros y vergonzosos” de la Transición española.
Según
el Gobierno, la Ley 29/2011 de 22 de septiembre incluye en su ámbito de
aplicación solo a “quienes sufrieron la acción terrorista desde 1960”, es
decir, aquella que fue llevada por “personas integradas en organizaciones o
grupos criminales” o que no estuvieran en dichos grupos, que tuvieran por
finalidad o por objeto “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente
la paz pública”.
Así,
desde el Ministerio del Interior se apunta que se ha reconocido como víctimas
del terrorismo “a fallecidos y heridos por hechos acaecidos durante la
transición democrática, siempre y cuando la naturaleza de tales hechos haya
sido calificada de acción terrorista”.
En
este contexto, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande Marlaska
se remonta a la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería del 30 de julio
de 1982 que condenó a los autores de los tres crímenes por delitos de homicidio
pero “sin determinar que en la comisión del acto delictivo hubiera mediado
banda armada y, menos aún, un grupo terrorista”.
Con
ello, incide en que tanto los hermanos de Luis Montero García como los padres
de Juan Mañas Morales solicitaron en el año 2000 una indemnización por el
fallecimiento de sus parientes que fue desestimada --tras ratificación de la
Audiencia Nacional en 2003-- por la falta de reconocimiento, toda vez que
señala el reconocimiento de una responsabilidad civil en la sentencia.
Los
cuerpos de los tres residentes en Santander, que emprendieron el viaje para
acudir a la comunión del hermano de uno de ellos, aparecieron al día siguiente
de su detención calcinados en el interior del vehículo en un paraje de Gérgal
(Almería) tras haber sido torturados.
Desde
Sumar se incidió en la necesidad de aplicar los cambios legislativos para
reconocer a las víctimas de la violencia policial, de los grupos de
ultraderecha y los grupos parapoliciales como víctimas del terrorismo y, por
otro lado, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y de la Guardia
Civil, “quienes deben asumir plena responsabilidad y pedir perdón formalmente a
las víctimas y sus familias”.
En
este sentido, recalcaron que las familias de las víctimas “han mantenido una
lucha incesante durante más de cuatro décadas, en busca de verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición”.
“A
pesar de sus esfuerzos, los avances han sido limitados y fragmentarios”,
señalaron desde Sumar puesto que “sólo tres de los once guardias civiles
implicados fueron condenados, cumpliendo sus penas en condiciones
privilegiadas, lo que pone de manifiesto un cumplimiento parcial de los
principios de justicia”.
Según
Sumar, para alcanzar una reparación completa es “crucial” abordar tanto el
cambio legislativo demandado como la asunción de responsabilidad por parte del
Estado y la Guardia Civil más allá de la “serie de declaraciones
institucionales y actos de disculpas” que han tenido lugar en los últimos años.
Diplomas
de “reparación”
En
concreto, fue el 20 de enero del pasado año cuando el secretario de Estado de
Memoria Democrática, Fernando Martínez, pidió perdón “desde el corazón del
Estado” a los familiares de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero en un acto con
la entonces directora de la Guardia Civil en el que se entregó a sus familiares
unos diplomas de reparación.
Las
tres familias recibieron unos diplomas de reparación por parte del secretario
de Estado de Memoria Democrática y por parte de la entonces directora general
de la Guardia Civil María Gámez, quien manifestó en nombre del Cuerpo que
“aquellos terribles hechos en Almería no deberían haberse producido jamás”, si
bien el reconocimiento no supuso ningún tipo de declaración de los fallecidos
como víctimas del terrorismo.
Durante
el acto, Martínez subrayó la petición de “perdón” del Gobierno a los familiares
de las víctimas, también por “el injustificado abandono de décadas” que
sufrieron a nivel institucional. “Somos conscientes del extraordinario
sufrimiento que habéis pasado y sabemos que este acto llega tarde”, dijo antes
de asegurar que no volverán a estar “solos”.
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