7 maig 2006
En Robert sempre ha se ha ofert per col·laborar amb qui ho pogués necessitar, sense importar-li les hores o les distàncies. I això ho va poder demostrar quan va rebre una demanda d’ajut des de les Illes Canàries. Tota la seva experiència posada al servei de les víctimes va assolir la creació de una nova associació de víctimes: la canària.
El company Gabriel Suárez del diari “Canarias 7” ja començava a informar sobre aquest fet el dia 7 de maig de 2006.
Las víctimas secretas del terrorismo. El Estado Español sigue sin reconocer los atentados registrados en el Sahara occidental
Si el Parlamento aprueba la nueva Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, anunciada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero hace poco más de dos meses, numerosos ciudadanos canarios que sufrieron atentados en la antigua colonia española del Sahara serán resarcidos de los daños y contingencias que padecieron en aquel territorio.
Cuando esto se cumpla, seguramente será un día muy importante para Lucía Jiménez, quien lleva siete años trabajando de forma solitaria, pero de manera incansable, para que se otorgue dicho reconocimiento a su padre, Francisco Jiménez Santana, que trabajaba como electricista en la empresa Fos-Bucraa, en el Sáhara Occidental, cuando una mina enterrada en la carretera paralela a la cinta transportadora del mineral hizo saltar por los aires el Land Rover en el que viajaba. En el mismo atentado murió el conductor del vehículo, Raimundo López Peñalver. Jiménez Santana se salvó milagrosamente, aunque quedó sordo, medio ciego y lleno de metralla.
El hecho ocurrió el 10 de enero de 1976, a dos días de que el Tercio Juan de Austria, Tercero de la Legión, dijera su adiós definitivo al desierto, y 49 días antes de que España abandonara de forma precipitada su antigua colonia, lo que ocurrió el 27 de febrero de 1976.
Invalidez.
Recoge la prensa de la época que, tras el atentado, Jiménez y otros afectados por la explosión de la mina fueron traslados en avioneta hasta Gran Canaria, para ser atendidos de sus heridas en el Hospital Insular. En este lugar fueron visitados por el gobernador civil de Las Palmas, Escandell Cortés, quien estuvo acompañado por el delegado de sindicatos, Fernández Escandón.
Jiménez, además de los terribles daños corporales y psicológicos, se quedó sin trabajo y, lo que es más grave, sin poder trabajar. Un año después del atentado el Ministerio de Trabajo calificó lo ocurrido como un accidente laboral y le concedió la incapacidad laboral definitiva. Mientras tanto, este padre de familia con esposa e hijos pequeños se apoyo en sus familiares para poder salir adelante.
Francisco Jiménez, que cuando salió la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, en el año 1999, pidió acogerse a sus beneficios, falleció en octubre del año pasado sin haber obtenido ningún reconocimiento oficial y menos aún las ayudas y el resarcimiento al que sí han tenido acceso los afectados por otros atentados.
Rechazo.
El Ministerio de Interior, de manera sorprendente, ha desestimado dicho evento del Sáhara como atentado terrorista, «porque no ha quedado acreditado que por los referidos hechos se instruyeran diligencias judiciales o procesos penales de los que pudiera resultar acreditada la naturaleza del hecho determinante de las lesiones como acto terrorista imputable al Frente Polisario».
Sin constancia oficial, porque los documentos del Sáhara siguen siendo secreto de Estado, sólo la nueva Ley de Víctimas podrá aportar la respuesta que desde hace años espera esta familia.
La Sepi fue accionista de Fos-Bucraa hasta 2002
Todos los datos indican que el certificado causa-efecto que denegó la condición de acto terrorista al atentado de Bucraa habría sido más el resultado de una interpretación personal que la consecuencia de una investigación. En ese certificado remitido a Francisco Jiménez con fecha 4 de enero de 2000 se dice, entre otras cosas, que «no se acredita que la acción haya sido contra el orden sociológico y jurídico del Estado español».
La información recopilada por este periódico viene a demostrar que Fosfatos de Bucraa SA, conocida también como Fos Bucraa, fue una empresa española, que su negocio exclusivo consistía en la explotación del yacimiento de fosfatos situado en Bucraa y que la presencia española duró hasta el año 2002.
Los yacimientos fueron descubiertos en 1947. El 4 de julio de 1962, el Instituto Nacional de Industria (INI) constituye ENMINSA (Empresa Nacional Minera del Sáhara), empresa que el 22 de mayo de 1968 se convierte en Fosfatos de Bucraa SA. En los siguientes años se construiría la cinta transportadora para llevar el fosfato hasta la costa.
En los años anteriores a la retirada española (27 de febrero de 1976), la cinta transportadora y su terminal en el Atlántico se convirtieron en objetivo preferente del Frente Polisario. La firma de los Acuerdos de Madrid incluyó, en sus anexos secretos, la cesión de un 65% de la empresa a Marruecos. El INI vendió el 65% de las acciones a la Office Chérifien de Phosphates (OCP). El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1976, incluyéndose un periodo de transición de unos 16 meses, tras los cuales, la OCP culminaría la transferencia del control de la explotación. Los técnicos y gestores españoles permanecerían en Bucraa hasta mayo de 1977.
En 1996, el consejo de administración de la empresa aprobó una ampliación de capital. El INI (luego TENEO, y posteriormente Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -SEPI-) no acudió a la ampliación, por lo que la participación en la sociedad pasó del 35% a un 12%. En diciembre de 2002, la SEPI dejó de formar parte del accionariado de la compañía.
«El Estado lo olvidó»
Lucía Jiménez, así como su familia, sabe en carne propia lo que significa el abandono del Estado. Su padre, sordo, medio ciego y lleno de metralla desde los 38 años de edad, murió sin que jamás haya recibido ni una sola carta, ningún reconocimiento, «pero nada de nada, sabiendo que trabajaba para un empresa del Estado cuando sufrió el atentado de Fos-Bucraa».
«Creo que es de justicia histórica reivindicar los derechos, los resarcimientos políticos, morales y económicos que corresponda, para todas y cada una de las personas que por cualquier circunstancia han sufrido contingencias durante la transición en el Sáhara», afirma Lucía, quien ha recibido todo el apoyo del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo. El propio Gregorio Peces-Barba se quedó muy impresionado y se comprometió a buscar una solución para la esposa y familia de Francisco Jiménez. También el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha mostrado su preocupación por este asunto.
Aclaración. «Con mi familia no estamos buscando solamente el resarcimiento económico, porque algunos pueden pensar de forma errónea que sólo queremos cobrar las indemnizaciones; nosotros también reclamamos un reconocimiento moral, social y político para mi padre y para todas las víctimas de los atentados registrados en la antigua provincia africana», puntualiza Lucía, quien reprocha a la clase política, diputados, senadores y demás cargos, su absoluta falta de sensibilidad para con todas estas familias. «Mi padre ha sufrido la soledad, el abandono, la depresión, no me explico cómo nunca cometió una locura», apunta.
Pero lo que más duele a la familia de Francisco Jiménez es que todas las veces que intentaron ese reconocimiento recibieron como única respuesta un portazo en las narices. «Todas las respuestas siempre han sido negativas; hasta una semana más tarde de muerto recibió un escrito del Ministerio de Interior en el que le comunicaban que no encontraban en sus archivos mención oficial alguna al atentado. Hasta después de muerto le siguieron negando los derechos sin siquiera haberse preocupado por estudiar el tema. Eso nos da mucha rabia».
La nueva ley de Solidaridad dará amparo
El vicepresidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), Robert Manrique Ripoll, manifestó a CANARIAS7 que desde su organización se hará «todo lo posible» con Peces-Barba para que las víctimas de los atentados en el Sáhara, así como en el banco pesquero canario-sahariano, sean reconocidos como tales en la próxima Ley de Solidaridad». «Hasta ahora Lucía Jiménez ha actuado en solitario, haciéndolo lo mejor que ha podido y muchísimo, pero ella ya sabe que tiene el respaldo absoluto de las asociaciones de víctimas de Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia». Según Manrique, que es una de las víctimas del atentado de ETA en Hipercor, «desde hace más de un año estamos en trámite con la oficina del Alto Comisionado para que todos estos casos de víctimas no reconocidas sean amparados por la nueva Ley de Solidaridad». A su juicio, los atentados del Sáhara se cometieron en territorio español, pero si no lo hubiera sido «es igual, lo mismo se debería haber tramitado como atentado terrorista con víctimas españolas». La ACVOT presentó junto con las víctimas del 11-M una propuesta para que la ley atienda a todos los españoles afectados por actos terroristas, tanto dentro como fuera del territorio español
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