06 julio
2015 (castellano)
ante las solicitudes recibidas para acceder a una mejor comprensión del texto en la noticia, se presenta traducción al castellano
Fiscalización de las ayudas públicas
Revés a la política de ayudas a las asociaciones de
victimas del terrorismo
El Tribunal de Cuentas del Estado detecta
numerosas irregularidades en las subvenciones de Fernández Díaz
El Tribunal de
Cuentas del Estado es contundente en las recomendaciones del informe que aprobó
el 30 de abril sobre las subvenciones otorgadas en 2012 por el ministerio de
Jorge Fernández Díaz: "las deficiencias e incumplimientos puestos de
manifiesto en la gestión de las subvenciones concedidas por el ministerio de
Interior deberían superarse mediante una evaluación exhaustiva de los
procedimientos implantados que conduzcan al cumplimiento riguroso de la
normativa". El análisis del ente fiscalizador sacaba a la luz un gran número
de irregularidades en la gestión de las subvenciones en todo su proceso, desde
la convocatoria hasta las justificaciones. Pero las principales deficiencias se
referían a las ayudas recibidas por las asociaciones de victimas del
terrorismo, en que la manga ancha fue mas que evidente, ya que el Tribunal de
Cuentas fue incapaz de encontrar ninguna subvención que no presentara como
mínimo dos incumplimientos de la normativa legal.
Según recoge el
informe, las asociaciones de victimas del terrorismo recibieron 463.000 euros
en subvención en 2012, de los cuales el ente fiscalizador analizó una
selección. Pero el problema era de raíz, ya que las bases de la convocatoria de
las ayudas no preveían ni el término ni la manera de presentar las solicitudes,
ni la forma para determinar los elementos que puntuaban, como “la capacidad de
desarrollo de la actividad y la
experiencia operativa suficiente”. Tampoco detallaban los criterios para
determinar las cantidades de las subvenciones, las cuales quedaban bajo
criterio único de la comisión de valoración de las ayudas, que también
determinaba a discreción cómo se repartían los recursos entre las tres líneas
de subvención existentes para víctimas del terrorismo.
Las irregularidades
también aparecían en el proceso de otorgamiento, ya que las bases reguladoras
fijaban que, entre otros criterios, se tendría en cuenta la representatividad
de la asociación al momento de recibir subvenciones, motivo por el que debían
declarar el número de asociados. Pero la Asociación de Hertzianas y Familiares de Víctimas
del Terrorismo y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco
(Covite) se negaron a entregar la lista y aún y así recibieron la ayuda. Por su
parte, la Asociación
de Víctimas del Terrorismo no detalló el presupuesto total de los proyectos en
tres solicitudes de subvenciones –sólo concretaba la parte para la que pedía la
ayuda- y, pese a ello, ingresó mas de 150.000 euros.
Finalmente, la
justificación de los gastos tampoco fue mejor, ya que, según lamenta el
Tribunal de Cuentas, los planes de control de las subvenciones para
asociaciones de víctimas del terrorismo no prevén verificar si la actividad se
ha hecho como se había presupuestado. Para empezar, todas las subvenciones se
justificaron solo por el gasto de la subvención concedida, no por toda la
actividad, cosa que imposibilita saber el coste real. Además, la Fundación Víctimasla Asociación 11-M no pudo
demostrar que realizara dos proyectos subvencionados, pero el ministerio no les
exigió el retorno de parte de las subvenciones.
Pero las ayudas
a las asociaciones de víctimas del terrorismo son solo la punta del iceberg de
un sistema de subvenciones ineficiente. Según el Tribunal de Cuentas, el Plan
Estratégico de Subvenciones –“el instrumento específico de planificación,
gestión y seguimiento” de las ayudas”- solo reguló el 4 % de los créditos
definitivos de las ayudas del ministerio. De hecho, el ministerio sólo publicó
a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones 3 de las 35 líneas de subvención ofrecidas. De
27 en el portal no se publicó nada.
Normativa vulnerada a todas las líneas de subvención
Ayudas sin control a las víctimas del terrorismo
Convocatorias
sin criterios para fijar la cantidad, subvenciones aún no cumpliendo los
requisitos, ningún control en la ejecución… Las irregularidades en las
asociaciones de víctimas del terrorismo son una constante.
Justificaciones insuficientes o inadecuadas de la
policía
Todas las ayudas
a sindicatos policiales están mal justificadas y la Fundación Guardia
Dietas que doblan el límite para funcionarios
extranjeros
Las dietas
aprobadas para los funcionarios extranjeros que identificaban inmigrantes que
debían ser repatriados subían hasta 375 euros diarios por persona, aunque la
ley fija el tope en 155,9 euros.
Ayudas de urgencia que llegan un año y medio tarde
La normativa
fija que debe pagarse en seis meses las ayudas de urgencia para catástrofes y
siniestros, pero cinco expedientes se cerraron entre dos y veinte meses después
de haberse superado este límite legal.
Opinión:
Lo cierto es que no se por
donde empezar, porque esta información ya hace mucho tiempo que algunas
víctimas la estamos advirtiendo. Incluso en conversaciones con representantes
de la Administración
y casi siempre con gente del Ministerio de Interior.
No me extenderé demasiado,
pero hay algunos datos que querría ampliar... por ejemplo el hecho de que pese
a tener la obligación de aportar en número de asociados hayan entidades que no
lo hayan hecho. No quiero entrar en cuales son o cuales no son las que lo hacen
pero la gran mayoría siempre pone excusas aunque es evidente que en muchas de
estas listas aparecen nombres y apellidos de personas que no tienen el
reconocimiento oficial como víctimas del terrorismo. Esta situación lleva a que
parte de los recursos vayan destinados a gente que, evidentemente, no son
víctimas del terrorismo... de hecho hay entidades que incluso sus presidentes o
portavoces no son víctimas, pero ninguna administración se atreve a hacer nada
al respecto.
Por otro lado, es necesario
recordar que, como dice un amigo mío “alguna razón debe haber para que El
Quijote se escribiera en España”. Pero no hemos de confundir picaresca con lo
que podría ser un delito. Cuando se trabaja con dinero público se ha de
justificar hasta el último céntimo y eso, en ocasiones, no se hace. Hay gente
que piden unos recursos para un concepto y después lo quieren justificar bajo
otro concepto. Incluso después van diciendo que las administraciones les
persiguen o que abandonan a las víctimas...
Pero algunas preguntas
quedan en el aire...
¿Ha habido gente que
justificaba gastos bajo unos conceptos cuando en realidad nunca han dicho en
que se los gastaban?
¿ha habido gente que
cobraba dietas por estar censado en otra ciudad diferente de la que residía
habitualmente?
¿ha habido gente que
recibía unas cantidades por un trabajo que nunca llegaron a hacer?
Al Tribunal de Cuentas se
le acumula la faena...
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