24 julio 2015 La Vanguardia

24 julio 2015

La Audiencia Nacional quiere interrogar a ocho dirigentes de ETA por crímenes contra la humanidad

Mikel Antza y Txeroki son dos de los ocho cabecillas que pretende investigar el juez Juan Pablo González

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha reclamado a las autoridades francesas que le dejen interrogar en el país galo a ocho dirigentes de ETA desde 2004, entre ellos "Mikel Antza" y "Txeroki", dentro de su investigación a la cúpula de la banda por crímenes contra humanidad. 

Este es el primer paso que da el magistrado tras admitir a trámite el pasado día 10 una querella contra los dirigentes de ETA por lesa humanidad en concurso con delitos de asesinato o secuestro cometidos desde el 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España esta figura delictiva, hasta la actualidad. 

Así, el juez ha expedido una comisión rogatoria a Francia para poder desplazarse allí y tomar declaración a Mikel Albisu, alias "Mikel Antza"; Garikoitz Aspiazu, "Txeroki"; Aitzol Iriondo Yarza, "Gurbitz"; Jurdan Martitegi Lizaso; Aitor Elizaran Sarasola; Soledad Iparaguirre, "Anboto"; Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, "Ata", y Gorka Palacios Alday, "Andoni", todos ellos en prisión en el país galo condenados o en espera de juicio. 

Según el juez, estos dirigentes serían responsables de las acciones de ETA desde 2004, ya que "no puede excluirse prima facie la responsabilidad de quienes, como integrantes de los órganos directivos de la banda terrorista, constitutiva de una estructura de poder perfectamente organizada, hubieran asumido la dirección global y las responsabilidades decisorias". 

En el auto notificado hoy, el magistrado recuerda que esta causa, auspiciada por Dignidad y Justica, la Fundación Luis Portero y Antonio Salvá, investiga delitos de lesa humanidad porque en el caso de las víctimas de ETA hubo un "ataque sistemático contra una parte de la población civil". 

Así, este ataque sería contra "colectivos que son perseguidos por razones políticas e ideológicas, cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror, y son considerados por la organización estratégicamente necesarios para la consecución de sus objetivos políticos". 

El 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España el delito de lesa humanidad, Mikel Antza era el máximo dirigente de ETA, cargo que había ocupado desde 1992, año en el que fue desmantelado el colectivo Artapalo que encabezaba el histórico Francisco Múgica Garmendia, Pakito. 

Antza, responsable del aparato político, fue detenido en octubre de 2004 en compañía de la dirigente de los comandos de la banda, Soledad Iparragirre. En cuanto a Txeroki, fue arrestado ese mismo año en las proximidades de Cauterets (Francia). 

La apertura de esta investigación puede suponer juzgar de nuevo a dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad penados con entre 20 y 30 años de cárcel, aunque los querellantes pedían también que se les aplicara el de genocidio, que rechazó el juez y que ahora las acusaciones han recurrido en apelación. 

El magistrado circunscribió la investigación a lesa humanidad tras descartar la existencia de genocidio, al entender que ese delito exige que el elemento identificador del grupo que se trata de exterminar "sea precisamente la nacionalidad, la etnia, la raza o la religión". 

Cuando el pasado día 10 el juez admitió a trámite la querella, pidió a los Servicios de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil que identificaran a los miembros de los órganos directivos de la banda desde el 1 de octubre de 2004 y que informaran sobre la existencia de causas abiertas en relación con asesinato o secuestro que pudieran haber sido cometidos por miembros de ETA, también desde la citada fecha.