27 julio 2015
Curioso el anuncio que aparece en la página
38 de la revista número 51 de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Ver todas esas cifras, una debajo de la
otra, es una relación de datos que demuestra que el Gobierno está cumpliendo
con las subvenciones y ayudas que, por ley, deben recibir las víctimas del
terrorismo.
Perdón. Me he equivocado. He escrito “LAS”
víctimas pero en realidad debería decir aquellas víctimas que ya están
localizadas, entre otras cosas gracias a la labor de búsqueda y encuentro
realizadas por un servidor y unas pocas víctimas más. Lo recuerdo porque, de
todas esas cifras, me gustaría saber cuántos euros han sido destinados a ayudar
a casi 280 víctimas del terrorismo con atentados sufridos en Cataluña. Listado del que el Ministerio de Interior no quiere saber absolutamente nada, pese a habérselo ofrecido personalmente el 6 de marzo de 2014 en Madrid.
Pero seguramente la cantidad, de existir,
será casi cero. Entre otras razones porque en la SERIE HISTORICA DE
LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO, los 877.954.128
€ que aparecen en la suma, no han encontrado unos míseros 30.000 euros para organizar
una oficina de localización y asistencia para esas 280 víctimas a las que antes
me refería.
Pero el anuncio tampoco habla de las
trabas burocráticas con las que muchas víctimas anónimas se encuentran para
recibir una indemnización por los días de baja sufridos tras un atentado. Es
alucinante que existan víctimas que no puedan recibir una mísera indemnización
porque no tienen los documentos originales, pongamos que del año 1985. Esa es
la realidad que las cifras no pueden callar. Y lo peor es que parece que a
nadie (bueno, a casi nadie) le importe lo más mínimo.
No todo se puede comprar con dinero.
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