15 julio 2015 (3) El País

15 julio 2015 

Hechos y dichos

El riesgo de acabar ahora con la dispersión de presos es mínimo y se arrebataría una bandera a los ‘abertzales’

“Cuando los hechos cambian, cambio de opinión”. Esa fue la respuesta de Keynes a alguien que le reprochaba haber modificado su criterio sobre un asunto. La frase ha inspirado el título de Cuando los hechos cambian, recopilación de artículos de Tony Judt que ha publicado su viuda, Jennifer Homans. La elección del título es significativa para la obra de un autor que siempre se caracterizó por su apertura a reconsiderar sus convicciones cuando los hechos las cuestionaban. Aunque ello significase ir contracorriente en su medio.

Nicolás Redondo Terreros fue secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2001, cuando fue empujado a dimitir a cuenta de su defensa de un acercamiento al PP frente a la deriva soberanista de un nacionalismo vasco que había pactado con ETA. Acaba de publicar un valeroso artículo a contracorriente sobre el papel del constitucionalismo vasco tras el cese de ETA. Sostiene que una cierta inercia lleva a muchos vascos que sufrieron y combatieron contra ETA a optar por un posicionamiento más sentimental que racional a la hora de reconocer que las cosas han cambiado radicalmente con ese cese; y que, aunque quedan pendientes problemas relacionados con la banda, no deberían ser abordados de la misma manera que cuando mataba.

Plantea que la convivencia requiere resguardar la memoria de las víctimas pero también “capacidad de olvido”, y defiende que la presencia de los herederos de ETA en las instituciones no significa que hayan ganado: que acepten defender sus ideas sin el recurso a las armas es una victoria de los demócratas. Que a ese desenlace se haya llegado de manera diferente de como se había previsto no debería impedir reconocer la importancia del cambio producido.

Uno de sus efectos es que ahora es posible plantear iniciativas antes inconvenientes, y abandonar otras que antes pudieron ser necesarias. En relación con la política penitenciaria, por ejemplo. Exigir la delación como condición para acceder a beneficios penitenciarios no tiene mucho sentido tras el fin de la violencia. Los riesgos que en el pasado habría tenido poner fin a la dispersión serían ahora mínimos y en cambio podría servir para arrebatar esa bandera al mundoabertzale y favorecer una política compartida con el PNV de Urkullu para forzar a ese mundo a exigir a ETA su renuncia a la negociación como condición para la entrega de las armas.

Las declaraciones de Pablo Iglesias invocando la “tragedia” de que haya más de 500 presos de RETA y sobre las penalidades que su alejamiento supone para sus familiares no solo constituyen una desconsideración para con las familias de las víctimas; lo más grave es que las haga quien ha sostenido que ETA tiene el mérito de haber sido quien antes denunció que el régimen nacido de la Transición supuso la continuidad del franquismo: la falacia de ETA para justificar la persistencia del terrorismo en democracia; y para condicionar su desarme y disolución a una negociación con el Estado de contrapartidas políticas.