26 julio 2015
Varapalo a las ayudas de
Interior a grupos de víctimas
El Tribunal de Cuentas observa irregularidades en las ayudas
otorgadas en 2012 por el ministerio del Interior español a las asociaciones de
víctimas. No se aclaran las bases de las subvenciones ni se controla que el
dinero se destinó a los programas previstos.
Las subvenciones otorgadas por el ministerio español
del Interior a diversas organizaciones de víctimas durante 2012 no están
claras. Existen dudas sobre todo el proceso. Desde el modo en el que se realiza
el reparto de los fondos y la selección de las asociaciones hasta el control
posterior para conocer si el dinero se dedicó a lo pactado en la convocatoria.
Así se refleja en el informe realizado por el Tribunal de Cuentas que analiza
las ayudas que repartió hace tres años el departamento que dirige Jorge Fernández
Díaz. El texto es demoledor: en el ejercicio analizado, Interior repartió
463.000 euros entre las asociaciones en diversas convocatorias. El estudio
escogió varias al azar y llega a la conclusión de que no hay partida en la que
no se observe alguna irregularidad. El problema del informe es que pone el dedo
en la llaga sobre las posibles faltas pero no fiscaliza si las instituciones
han puesto remedio a las ineficiencias. De hecho, el documento se publicó en
mayo de este año y, desde entonces, el Ejecutivo español no ha dicho una sola
palabra: ni desmiente al Tribunal de Cuentas ni explica qué hará en el futuro
para que las subvenciones cumplan con la legalidad. Este periódico se puso en
contacto con Interior pero no recibió respuesta.
El informe detecta irregularidades
en todo el proceso de entrega de subvenciones. En primer lugar, a la hora
establecer las bases de las convocatorias. Según los técnicos del Tribunal de
Cuentas, en diversas ayudas ni se estableció el plazo para presentar las
solicitud ni tan siquiera, la forma. Más grave aún resulta el hecho de que se
incluyese la condición de que las agrupaciones debían «acreditar la capacidad
para el desarrollo de la actividad y la experiencia operativa suficiente,
disponiendo de la estructura organizativa adecuada» sin imponer ninguna fórmula
para comprobarlo. Se llega a dar un caso en el que una de las asociaciones (no
se aporta el nombre) obtiene cuatro puntos sobre veinte dentro del criterio que
puntúa las actividades previas realizadas y la capacidad organizativa. Pese a
ello, recibe los fondos. El resto de peticiones había obtenido una media de
doce puntos. En este punto hay que remarcar que el documento revela que no se
detallaban los criterios a la hora de entregar las subvenciones entre las diferentes
organizaciones, lo que terminaba dejando la decisión en manos de la comisión de
valoración.
Sin mecanismos de
fiscalización
En las ayudas analizadas, el
defecto más repetido es la no justificación del total de la actividad, sino
únicamente del importe subvencionado. Esto ocurre en programas de asistencia
(social y material, psicológica y jurídico penal) de la Asociación
11M-Afectados por el Terrorismo, así como en propuestas asistenciales de la AVT y de la Fundación Víctimas
del Terrorismo. El grupo liderado por Pilar Manjón explicó a GARA que la razón
de esta deficiencia está en los tiempos. Es decir, que al solicitar una
subvención se enumeran las actividades previstas pero, en caso de recibir un
importe menor, se opta por reducir el número para que no afecte a la calidad
del proyecto.
El problema está en que, como
indica el Tribunal de Cuentas, Interior no tiene previsto ningún mecanismo de
fiscalización para comprobar que las actividades se realizan tal y como se
habían solicitado. Esto implica que tampoco se reclama la devolución de la
ayuda en caso de no cumplir con las bases estipuladas. Según la Dirección General
de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que depende del Gobierno español, las
mejoras en este sistema se habrían comenzado a implementar a partir de este
ejercicio. No obstante, como el órgano fiscalizador no realiza estudios anuales
sino que establece sus análisis periódicamente, no habrá manera de comprobar
que realmente están siendo eficaces hasta la próxima investigación. Esta no está
prevista en el calendario de 2015, así que habrá que esperar a próximos cursos.
Discusiones por la
representatividad
La representatividad de las
organizaciones es también cuestionada por el Tribunal de Cuentas. En este
sentido, señala que las bases de determinadas convocatorias incluían la
condición de conocer el número de asociados para saber el peso real del grupo.
Esto no se cumplió en el caso de Covite («Colectivo de Víctimas del Terrorismo
del País Vasco») y la
Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del
Terrorismo. Ambas asociaciones rechazaron, en un primer momento, entregar el
listado por no tener el permiso de sus integrantes, según se indica en las
alegaciones formuladas por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo. «Nosotros por norma no damos los afiliados. No tenemos que poner en
la mesa quién son o quiénes no. Obligaba a poner el nombre y apellido de los
asociados y decidimos que no, que son datos secretos y que no íbamos a darlos»,
explica a GARA Maxi Conde Zabala, tesorero de la asociación de Policías
autonómicos, que asegura que, tras decidir no cumplir con esta condición, el
grupo optó por rechazar los fondos de Interior, que no se volvieron a
solicitar.
Situación distinta es la de Covite.
Según informan fuentes de la organización, «no nos negamos a dar el listado,
pero sí a la forma». Es decir, que no consideraban apropiado entregar, como
había hecho el resto de asociaciones, el listado de miembros. Según estas
fuentes, un año después de la elaboración del informe, en 2013, un inspector
adscrito al ministerio del Interior acudió a la sede de Covite para comprobar
la identidad de los asociados. «A partir de este año ya se ha remitido el
listado completo», indican.
Al margen del estudio del Tribunal
de Cuentas, lo cierto es que la representatividad de las asociaciones de
víctimas y su número real de miembros es un asunto que ha generado fricciones
dentro del propio campo de las organizaciones. «En muchas de estas listas
aparecen nombres y apellidos de personas que no tienen el reconocimiento
oficial como víctimas del terrorismo. Hay entidades que incluso sus presidentes
o portavoces no son víctimas, pero ninguna administración se atreve a hacer
nada al respecto» aseguraba en su blog Robert Manrique, antiguo delegado de la AVT en Catalunya. «Hay gente
que se inscribe en tres o cuatro asociaciones. No deja de ser una mentira»,
argumentan desde otra organización. La opacidad que permite la ley en cuentas y
listas favorece las irregularidades.
«El Gobierno gestiona todas las ayudas y
subvenciones públicas de la Administración General del Estado atendiendo a
los criterios de austeridad, eficiencia, fiscalización, control y
transparencia. En el caso de ayudas y subvenciones que se destinan a las asociaciones
de víctimas del terrorismo, esos criterios se acompañan de los principios de
reconocimiento moral y generosidad infinita para quienes lo han dado todo por
la libertad, la convivencia y la democracia. Una generosidad y un
reconocimiento que nunca haremos extensivo ni a sus verdugos ni a quienes les
apoyan». Esta impertinente respuesta fue la que recibió por escrito el diputado
de Amaiur Jon Iñarritu cuando solicitó la relación de subvenciones recibidas
por las distintas asociaciones de víctimas de ETA desde 1979 y el control al
que estas han sido sometidas. Como viene siendo habitual, el Ejecutivo que
lidera Mariano Rajoy no dio ningún dato pero, además, se permitió el lujo de
responder de este modo a una interrogación oficial formulada por un diputado.
Esto no va a evitar que el propio Iñarritu reformule la pregunta y vuelva a
interesarse por las ayudas. Hay que recordar que las diferentes asociaciones no
solo cobran del ministerio del Interior, que es quien gestiona la Oficina de Atención da
Víctimas, sino que también tienen otras líneas de financiación y apoyo. Desde
finales de los años 70 del pasado siglo, cuando las primeras ayudas se
vehiculaban a través del ministerio de Defensa, pasando por la creación de la AVT en 1981, hasta la
actualidad, en la que se han multiplicado el número de agrupaciones, no hay
datos sobre cuánto dinero público se ha destinado y, sobre todo, si estos
fondos terminaron sirviendo a este sector de los afectados por la violencia
política.
«Denunciamos el oscurantismo y la
falta de transparencia ante un hecho que denuncia el propio Tribunal de
Cuentas», indica el propio Iñarritu, que asegura que, ante la falta de
respuesta del Ejecutivo, «hemos vuelto a repreguntar, para fiscalizar ayudas públicas
dentro de nuestras funciones legislativas». Sobre las supuestas irregularidades
denunciadas por el órgano fiscalizador, el diputado abertzale insistió en
«pedir claridad en todos los casos», al tiempo que denunciaba la «vergonzosa
respuesta» formulada por el Ejecutivo. En este sentido, Iñarritu también
denunció la «diferenciación» establecida por el poder ejecutivo y judicial
entre «víctimas de primera y de segunda», dejando fuera, precisamente, a
aquellas que padecieron «la violencia del propio Estado». Una reflexión sobre
la decisión de la
Audiencia Nacional española de denegar la actualización de
las indemnizaciones a las familias de víctimas como Josu Muguruza, muerto a
tiros en 1989 cuando acudía al Congreso español a recoger su acta como diputado
de HB.
Habrá que ver si, ante la nueva
pregunta formulada por Amaiur, el Gobierno español cumple con su obligación de
informar a los diputados y facilita el listado de subvenciones y los mecanismos
de control o si, nuevamente, intenta eludir su responsabilidad y se escuda en
respuestas que no aportan ningún dato.
Opinión:
Curiosa manera
de “descansar” el día siguiente a la boda de mi segundo hijo... atendiendo a
medios de comunicación por la noticia publicada hoy en Gara.
No me
extenderé en la opinión sobre la noticia porque ya lo hice al publicarse algo
similar en el catalán “diari ARA” hace un par de semanas. Lo que no acierto a
entender es porqué otros medios no
hablan sobre el tema... ni porqué es ahora cuando el Tribunal de Cuentas
realiza estas fiscalizaciones que, como era de esperar, ofrecen numerosas
preguntas y sorpresas diversas. Como me decía un seguidor del blog ¿no será que
en noviembre, sin mayorías absolutas, podrán salir a la luz muchos temas de difícil
explicación?
Lo que sí está
claro es que ayer domingo fueron casi 300 las entradas en el blog seguramente
porque se menciona el mismo en la noticia. Y a quien no le guste...
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