19 junio 2015
Velasco pide
la extradición de De Juana
El magistrado insta al Gobierno a
solicitar a Venezuela la entrega del miembro de ETA
Se le acusa desde el 2 de agosto de 2008 por la “carta
que entregó para ser leída en su nombre, en la que entre otros extremos, se
hacía un llamamiento a la continuación de la lucha armada”. En el auto en el
que se solicita que se inicien los trámites para lograr la entrega de De Juana
se afirma que en la misiva “se hacían referencias expresas al histórico
dirigente de ETA Domingo Iturbe Abasolo, Txomin”, implicado en cinco asesinatos
terroristas y otros atentados.
Se refería también a supuestas medidas de excepción
contra “los prisioneros políticos vascos, tribunales de guerra”, y se remitía
al “largo camino que queda para la independencia del País Vasco”.
La carta fue leída por una mujer que no ha sido
identificada en el acto de homenaje que se dispensó a De Juana en San
Sebastián, con motivo de su salida de prisión, tras cumplir 21 años de cárcel
por 25 asesinatos y un delito de amenazas, que prolongó in extremis su estancia
en prisión.
Se concluyó que De Juana era el autor de la carta
tras realizarse, por primera vez en un procedimiento de terrorismo, una prueba
lingüistico forense en la que se determinó que los modismos y las formas que
incluía coincidían con los que habitualmente utilizaba en sus escritos el que
hasta ese momento había estado preso.
Tras publicarse por este diario el paradero de De
Juana, así como que regenta una tienda de licores junto con su mujer Irati
Aranzabal, la primera actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6 fue dirigirse a Interpol Venezuela, para contrastar la información, ya
que es imposible actuar judicialmente contando únicamente con informaciones
periodísticas no contrastadas por otra vía.
No obtuvo respuesta y el magistrado se dirigió a la Embajada española en ese
país, a través del Ministerio de Exteriores. Esta opción sí dio fruto. El
pasado 21 de marzo la
Embajada informó de que De Juana había sido localizado “en
una licorería llamada Falcon FJJ, CA, ubicada al final de la calle Zamora, a
escasos 25 metros
del malecón, sita en la localidad de Chichiriviche, perteneciente al Estado
Falcón (Venezuela)”.
La comunicación oficial llegó al Juzgado el pasado
21 de mayo a través del Grupo de Información de la Comandancia de
Guipúzcoa de la Guardia
Civil , que es la competente al ser ese el lugar donde se
cometió el delito por el que le reclama la Justicia española.
Una vez recibida la notificación, el fiscal informó
a favor de solicitar la extradición para acabar con una búsqueda que había
comenzado el 11 de noviembre de 2008, cuando se negó a comparecer en la Audiencia y el juez
Velasco decretó su ingreso en prisión y su busca y captura nacional e
internacional.
De Juana huyó en un principio a Irlanda del Norte,
donde dirigentes del IRA le proporcionaron cobertura y apoyo logístico, pero
pronto fue descubierto y el magistrado cursó una orden europea de detención y
entrega a las autoridades británicas para volver a intentar que el miembro de
ETA compareciera ante él. Para cuando Reino Unido accedió a la reclamación
española, el 1 de marzo de 2010, De Juana Chaos ya había vuelto a fugarse. Su
siguiente destino conocido sería Venezuela.
Cubillas, un mal precedente
Velasco tiene experiencia en peticiones de
extradición a Venezuela. Y no buenas. El juez reclamó hace años la entrega del
etarra Arturo Cubillas por mantener en ese país su actividad terrorista. Hasta
la fecha, España no ha obtenido respuesta. El caso de Cubillas era más delicado
aún que el de De Juana porque ostentaba un cargo de confianza en el régimen
chavista. Tal vez por eso, tras la localización de De Juana por este diario el
ministro de Justicia se mostró optimista sobre la nueva petición de
extradición: “Hay que confiar en que Venezuela atenderá al requerimiento del
Gobierno y que actuará con lealtad y buena fe en cumplimiento de sus
obligaciones internacionales”, dijo Rafael Catalá.
Opinión:
El hecho de que la banda terrorista ETA haya
declarado, hace unos años, que “cesaba la actividad armada”, implica a ciertos
sectores a exigir el cumplimiento de la legislación en lo relacionado con los
presos de la banda. Si la ley permite esas exigencias, adelante.
Pero por la misma regla de tres, la ley también
obliga a perseguir el delito, sea cual sea el delincuente y la situación del
mismo o de su “entorno”. Por lo tanto, si se exigen los derechos, también hay
que cumplir las obligaciones.
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