24 noviembre 2016
Los subordinados de
Esperanza Aguirre explicarán en el juicio de Gürtel el troceo de contratos
La acusación popular
del PSOE quiere que los cargos técnicos de la época de Aguirre como presidenta
regional tiren de la manta en el juicio
Aunque la lista de
testigos no está cerrada, en ella no estarán cargos políticos como Ignacio
González o Juan José Güemes
Varios integrantes de
la red corrupta declararon que era el Gobierno de Aguirre quien les pedía que
fraccionasen las facturas
La larga lista de testigos del juicio de la primera época
de Gürtel se amplía. El tribunal ha acordado este martes que sean llamados a
declarar diez personas más para que den explicaciones por el troceo de los contratos que la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, hizo con la trama
corrupta. La acusación popular ejercida por el PSOE tiene que decidir quiénes
son esa decena de nuevos testigos.
El abogado que ejerce esa acusación en nombre de los
socialistas, Wilfredo Jurado, presentó una lista de casi 60 nombres para que
fuese llamados a declarar. Pero el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le
ha pedido que acote esa lista, en la que están nombres como el que fuera número dos y sucesor de Aguirre, Ignacio González, o su consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
Previsiblemente, ninguno de los dos, ni otros exconsejeros
de la época, acabarán por testificar en el juicio. Aunque el letrado no ha
decidido la lista de nombres que presentará en los próximo días, sí que
advierte de que ésta no incluirá los nombres más importantes. No habrá cargos
políticos, sino técnicos.
Jurado explica a eldiario.es que lleva detrás del
fraccionamiento de contratos desde que comenzó la instrucción del caso, pero
que hasta ahora no había conseguido que el tribunal abriese esa vía
permitiéndole llamar a nuevos testigos. Hasta ahora, varios imputados han
acusado a la Comunidad
de Madrid de estar detrás de esa práctica.
Para saber quién daba las órdenes de trocear los
contratos que se hacían con la red Gürtel, la acusación popular del PSOE quiere
centrarse en los cuadros técnicos del Gobierno de la época, en los
interventores y secretarios generales técnicos. Su estrategia pasa por
conseguir que den los nombres de quienes les ordenaban fraccionar las
facturas para evitar sacarlas a concurso y que fuesen a parar las empresas
de Francisco Correa.
La lista final de 10 testigos incluirá a los interventores
que firmaron varias facturas en un mismo día para un solo acto, o a aquellos
cargos que emitieron informes contra esa forma de actuar, pero que acabaron sumándose
a ella. Jurado asegura que buscará a quien estuvo implicado en los
fraccionamientos "más groseros", como el del acto de homenaje a las víctimas del 11M.
La orden salía del Gobierno de Aguirre
Desde que comenzó el juicio, varios imputados en la trama
de corrupción señalaron a los gobiernos de Aguirre. El propio cabecilla,
Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y la administradora de varias
sociedades de Gürtel, Isabel Jordán, reconocieron el troceo de contratos y
pusieron el foco en la
Administración madrileña.
Correa dijo que, si no se fraccionaban los contratos
–algo que no consideró como un delito–, la Administración
"tendría que cambiar su forma de trabajar". Crespo añadió que el
Gobierno de Aguirre era el responsable de ocultar los contratos que se hacen con las empresas de Gurtel. La
cantidad de actos que la red organizaba para la presidenta y sus consejeros
quedaban fuera de todo control porque la propia Comunidad de Madrid pedía a las
empresas que emitiesen facturas de menos de 12.000 euros.
Jordán dio más datos y fue quien dio un ejemplo
concreto. Entre los actos que el Gobierno de Aguirre pidió a la red Gürtel
que fraccionase estuvo el homenaje a las víctimas de atentado del 11 de
Marzo que se celebró dos semanas después del atentado. Costaba
140.000 euros, pero se emitieron más de 10 facturas por valor de 11.954,39
euros, según explicó Jordán.
Durante la instrucción se señaló al exconsejero Alberto
López-Viejo, imputado en el caso, como el responsable del fraccionamiento. Pero
los principales imputados han señalado a todo el Gobierno regional, y el
letrado del PSOE cree que López-Viejo no tenía tanta influencia en el resto de
consejerías.
Opinión:
Veremos cómo acaba el tema de los fraccionamientos de
facturas relacionados con el acto de homenaje a las víctimas del 11M.
Pero acabe como acabe, lo que sí es cierto es que en
demasiados casos hay sospechas de que, con la excusa de “las” víctimas del
terrorismo, hay quien no ha justificado correctamente las subvenciones recibidas,
o las ha justificado mal, o ha hecho extrañas componendas económicas… para
luego decir que la culpa es de quien ofrece los recursos y por tanto tiene el
derecho a exigir explicaciones y no de quien incumple las normativas de
justificación.
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