23 febrero 2018
La
jueza abre juicio contra Blasco y otras 23 personas por el fraude de 8 millones
en fondos de la cooperación valenciana
La titular del
juzgado de Instrucción número 21 de València, Nieves Molina, ha finalizado la
investigación y acusa a políticos, miembros de ONG y empresarios de
malversación, pertenencia a organización criminal, falsedad, cohecho y
prevaricación
La titular del juzgado de Instrucción número 21 de
Valencia, Nieves Molina, ha abierto juicio oral contra el exconseller de
Cooperación Rafael Blasco y contra otras 23 personas por el fraude de más de 8
millones de euros de los fondos públicos de la cooperación valenciana. La
magistrada finaliza así una investigación que ha durado casi ocho años y en la
que reclama a los acusados que devuelvan subsidiariamente 8,2 millones que
debían haber ido a proyectos en Nicaragua, Perú, Paraguay, Haití o Guinea y que
acabaron en empresas, apartamentos en Miami y un yate.
Esta es la segunda vez que el
exconseller Blasco, en prisión desde 2015, se sentará en el banquillo de los
acusados por el saqueo de los fondos para el tercer mundo. El expolítico
valenciano se enfrenta a 16 años de prisión y sus estrechos colaboradores a
entre 16 y 4 años, entre los que destacan Marc Llinares (jefe de área de
Cooperación), Josep Maria Felip (director general) y Agustina Sanjuán
(secretaria general y también en prisión desde 2015).
Los acusados, entre los que también
se encuentra el empresario Augusto César Tauroni, montaron una red organizada
por la que las ONG de la trama corrupta o asesorada por ella conseguían
proyectos de cooperación millonarios. Cuando recibían el dinero no lo destinaban
a esos países en los que debían ayudar a niños con sida o para seguridad
alimentaria sino que finalizaban en las cuentas corrientes de empresas
constructoras en España y el extranjero. Estos recursos acabaron en la compra
de apartamentos en Miami, en la adquisición de un yate o en mordidas para los
colaboradores.
16 años para Blasco y 21 para Tauroni
En su escrito de calificación, la Fiscalía solicitó 16
años de prisión para Blasco y 21 años y 6 meses para Tauroni. La Abogacía de la Generalitat , que ejerce
la acusación particular, solicita para Blasco una pena de 17 años y 6 meses de
cárcel.
En esta causa se procesa también a
varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las
mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los
sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que
concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
Por diferentes responsabilidades,
se procesa a las mercantiles Fundación Hemisferio, Avance Abogados, Apima,
Dinamize, Fudersa, Esperanza sin Fronteras, Gestiones e Iniciativas Arcmed,
Inversiones y Estudios Caaz, Expande, Chust Alzira, Beconsa, APB Arquitectura,
Matuscas, Macons, Cafcas, Conscas, Gestion Solar Pobla, Monribar Caf, New
Castle Consulting Corporation, Indra Holding and Investment Corporation,
Worldwide Trinning Corporation, International Human Resources, Quinto
Centenario, Desarrollos del Ecuador y Worldwide Human Resources.
Sobre algunas de estas firmas pesa
la acusación de blanqueo de capitales.
Por responsabilidad civil se pide a
los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño
patrimonial de la causa y el resto por "daño moral" pues, según
recoge el escrito del fiscal, "la lesión es mucho mayor para el interés
general por la afección a otros derechos no patrimoniales".
Las dos piezas ahora unificadas se
abrieron por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de las
ayudas públicas a los países del Tercer Mundo por parte de la Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía de la
Generalitat valenciana.
177.000 euros que iban destinados a Haití
Una de ellas, por las subvenciones
concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de
fondos -177.000 euros- para la construcción de un hospital en Haití. Tanto la
investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción
del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del
TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado
autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco, junto a otros miembros de
su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la
primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos
públicos destinados a la
Cooperación y el Desarrollo.
Con respecto a las medidas
cautelares personales, sobre las que ninguna acusación hace petición alguna en
sus escritos, la jueza ha acordado mantener la obligación de comparecer en los
Juzgados de Valencia el primer viernes de cada mes y la prohibición de salir de
España, concretada en la retirada del pasaporte.
En lo que respecta a Tina Sanjuán,
Rafael Blasco y Augusto Tauroni no se acuerda medida alguna, dado que cumplen
condena en estos momentos.
Opinión:
Lo digo con todo el respeto del mundo… pero ¿es el mismo Rafael
Blasco que aparece en las investigaciones sobre los atentados del FRAP en la década
de los 70 en Catalunya?
Tengo mi propia respuesta a la pregunta pero tal y como está
el patio no me atrevo a responder…
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