07
abril 2024
Investigaciones
parlamentarias: entre la búsqueda de la verdad y el ajuste de cuentas
Las
comisiones indagatorias han arrojado luz sobre asuntos de gran trascendencia en
las últimas décadas, pero su uso se ha pervertido
En
la brutal contienda política, las comisiones de investigación parlamentarias
son las nuevas armas de destrucción del oponente. El PP quiere exprimir hasta
la última gota del Caso Koldo con una investigación en el Senado paralela al
sumario judicial. Y la izquierda responde con otra en el Congreso para ampliar
la investigación a la compra de mascarillas por parte de todas las
administraciones, incluidas las populares. Unos amenazan con hacer desfilar a
Pedro Sánchez y otros a Alberto Núñez Feijóo. Paralelamente, en la Cámara Baja
están en marcha otras tres comisiones reclamadas por los independentistas, una
de ellas que volverá a un tema recurrente: la guerra sucia de la policía al
mando del PP contra el secesionismo catalán.
Analistas,
comentaristas y numerosos políticos critican que un instrumento parlamentario,
previsto en la Constitución para arrojar luz sobre «cualquier asunto de interés
público», se haya convertido en un pretexto para el espectáculo y el
enfrentamiento. También lo lamentan los implicados en algunas de las 23
investigaciones abiertas en el Congreso desde la primera, en 1979, sobre las
finanzas de RTVE. Pero la mayoría cree al mismo tiempo que su trabajo fue útil
para comprender en profundidad los acontecimientos que sacudieron al país
-desde el 11-M hasta la crisis financiera o el accidente del tren Alvia en 2013
en Santiago- y proponer medidas correctoras.
El
veneno de la colza. El envenenamiento masivo por la venta de aceite de colza
adulterado motivó la primera investigación conjunta del Congreso y el Senado
sobre la democracia. Después de ocho meses de trabajo -entonces todavía eran
secretos- e interrogar a 184 personas, el pleno de la Cámara Baja aprobó el 9
de junio de 1982 una batería de medidas para mejorar la seguridad alimentaria.
A UCD, el partido gobernante, le correspondió a un joven diputado todavía en
activo, en las filas del PP, defender las conclusiones. José Manuel
García-Margallo, que no había participado en la comisión, fue el encargado de
contestar a algunas críticas a la falta de colaboración de las Administraciones
-“alguna información hubo que sacarla de sacacorchos”, se quejó el socialista
Javier Sáenz de Cosculluela-. y anunció que el informe sería enviado a la
Fiscalía para determinar responsabilidades. Margallo es enfático en defender la
validez del instrumento: “Es una de las funciones del Parlamento: controlar al
Gobierno y dirimir responsabilidades”.
Llega
la transparencia.
Las
comisiones proliferaron en la primera mitad de los noventa, cuando los
escándalos asediaron al Gobierno de Felipe González. En 1994 se abandonó el
carácter secreto de las sesiones. Con el PP en el Gobierno, el caso más sonado
fue el de Gescartera, una agencia de valores que tenía vínculos con altos
cargos populares y despilfarró los ahorros de 4.000 clientes. Tras tres meses
de investigación, la mayoría absoluta del PP impidió en 2001 señalar
responsabilidades políticas en la Administración. Aun así, Juan Fernando López
Aguilar, que ejerció como portavoz socialista, cree que valió la pena, entre
otras cosas, porque «ya reveló entonces que Rodrigo Rato (ministro de Economía)
manejaba dinero en el extranjero».
López
Aguilar, hoy eurodiputado, demuestra que estas comisiones son “un instrumento
político”, en el que “la mayoría tiene la sartén por el mango a la hora de
decidir el orden del día, la lista de comparecientes y las conclusiones”, y
que, por tanto, no Debemos esperar de ellos la “verdad judicial”. Pero el ex
ministro de Justicia también las defiende como “caja de resonancia para asuntos
de interés público” y un medio para detectar defectos en la legislación y
proponer las consiguientes reformas. Él mismo presidió la comisión del
Parlamento Europeo que investigó el espionaje masivo en Europa por parte de la
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Allí, explica, la diversidad
de grupos políticos impide que se imponga una mayoría y facilita un “diálogo
racional para llegar a conclusiones”. racional.» Aquí, sin embargo, las
investigaciones se utilizan “con fines vengativos”.
Aznar
contra el mundo.
La
comisión sobre la masacre del 11-M duró más de un año entre 2004 y 2005 y dejó
algunas de las imágenes icónicas de las investigaciones parlamentarias en
España: la presidenta de la asociación de víctimas, Pilar Manjón, envuelta en
lágrimas y reprendiendo a los diputados… “¿De qué se ríen, señoras y señores?”
– o el expresidente José María Aznar enfrentando a todos con su “ego
desbordante”, en palabras de Gaspar Llamazares. El entonces dirigente de IU
tiene también un recuerdo especial de la comparecencia del Comisario General de
Información Policial, Jesús de la Morena, que «se lo tomó muy en serio y no se
casó con nadie».
“Se
dio voz a las víctimas y a los investigadores. Y se propusieron medidas para
mejorar la coordinación entre los agentes de policía o controlar el papel de
los infiltrados”, evalúa el veterano político. Esta función de hacer
recomendaciones para evitar repetir errores es, según él, una de las mejores
aportaciones de estas comisiones parlamentarias que, además, favorecen «una
cierta catarsis» ante acontecimientos traumáticos. Ahora, «en un contexto de
polarización y contaminación partidista», las comparecencias están previstas
para infligir «la pena informativa» a los convocados.
Abriendo
las alcantarillas.
Las
actuaciones ilegales del Ministerio del Interior bajo el mando del PP, las
conocidas como cloacas, han provocado hasta cuatro comisiones de investigación
en los últimos años, una aún pendiente de iniciar. El primero se creó en 2017,
funcionó durante cuatro meses, y, según la entonces diputada de Podemos, Gloria
Elizo, era “muy pertinente, porque por primera vez se ponía en un documento
público la perversión de los medios públicos para su instrumentalización
partidista”. .”
En
otros países las comisiones tienen la facultad de realizar registros e
incautaciones de documentos. Aquí, sin embargo, Elizo dice que se enfrentaron a
la falta de colaboración del Gobierno del PP. “Si se hacen bien, estas
comisiones son tremendamente útiles”, sostiene. El problema, añade, es cuando
se desenfoca debido a la lucha partidista, como lo demuestra la repetición de
volver al mismo tema. Elizo aboga por reformas para evitar que se impongan
mayorías, como eliminar el voto ponderado dentro de la comisión, en la que cada
diputado tiene tanto peso como su grupo, e imponer el voto individual.
El
colapso de las cajas.
Durante
un año y medio, entre mayo de 2017 y diciembre de 2018, en sesiones que a veces
se prolongaban hasta la madrugada, una comisión del Congreso examinó el colapso
de las cajas de ahorros y de parte del sistema financiero español. Por allí
pasaron comisarios europeos, gobernadores del Banco de España, ministros de
Economía y responsables de las entidades. “Fue emocionante”, recuerda Ana
Oramas, de Coalición Canaria, que ejerció de presidenta. Hubo comparecencias
como la del ex ministro Pedro Solbes que admitió errores. Y cruce de
acusaciones con repercusión judicial, como las protagonizadas por los ex
directivos del quebrado Banco Popular.
“La
verdad salió a la luz”, dice Oramas. “Para eso es este instrumento: para
atender una demanda social de conocer la verdad. Y luego ver si tenemos que
tomar medidas y legislar para que no se repita lo que pasó”. Más allá de las
responsabilidades penales, abunda el ahora vicepresidente del Parlamento de
Canarias, hay políticas o la “desaprobación ética” de determinadas conductas. Y
eso sólo puede dilucidarse en un marco parlamentario.
Demasiado
ruido.
El
duelo de comisiones entre Congreso y Senado ya se produjo en 2017. La Cámara
baja acordó investigar la financiación ilegal del PP y reaccionó aplicando su
mayoría en el otro brazo legislativo para escrutar la financiación de todos los
partidos. Después de casi dos años, el Congreso ni siquiera llegó a un acuerdo
para elaborar el dictamen. Por el camino hubo imágenes como la del extesorero
del PP Luis Bárcenas prestando declaración por videoconferencia desde prisión.
“Cuando
una comisión trata un asunto que está en los tribunales, la comisión colapsa”,
afirma el diputado del PNV Mikel Legarda. Si bien existe obligación legal de
comparecer, no existe obligación de contestar las preguntas y menos cuando,
como era el caso, podría comprometer la situación jurídica del citado. Legarda
ya perdió la cuenta de las comisiones en las que ha participado y se muestra
muy escéptico sobre su utilidad. “El 60% o 70% de lo que se hace es más ruido
que aclaraciones. La mayoría prevalece y muchas veces las conclusiones están
predeterminadas desde el principio. Y esto contribuye al deterioro que sufren
las instituciones por el comportamiento de los políticos”.
Decepción
de las víctimas.
La
creación de una comisión parlamentaria de investigación fue una larga batalla
para las víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago, el 24 de julio de
2013, con 80 muertos. La cuestión afectó a sucesivos gobiernos del PP y del
PSOE, y ambos la vetaron en 2016. Dos años después, ya con Pedro Sánchez al
mando, los socialistas permitieron su creación. Los trabajos concluyeron sin
sacar conclusiones debido a la disolución del Congreso, y las víctimas han
quedado con un sentimiento agridulce. Jesús Domínguez, presidente de la
plataforma de afectados, destaca que se recogieron testimonios importantes y se
obligó a representantes de la Administración a dar explicaciones. “Pero
mandaron los intereses políticos”, lamenta. Los dos grandes partidos vetaron la
escucha de la grabación del conductor inmediatamente después del accidente
quejándose de la falta de seguridad y la emisión de un documental que las
víctimas pudieron proyectar en el Parlamento Europeo. El PP le obligó a
comparecer por segunda vez para rectificar a un testigo que había dejado en mal
lugar a la ex ministra Ana Pastor. Posteriormente se sabría que Adif, la
empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviaria, gastó 14.900 euros
en contratar un despacho de abogados para formar a sus cargos antes de
comparecer. Fue descubierto por David Reinero, periodista de Praza Pública,
quien durante una década siguió todos los detalles del caso.
Domínguez,
a la luz de su experiencia y sin perder del todo la fe en este tipo de
consultas parlamentarias, cree también que sería necesario cambiar las reglas
«para evitar que las mayorías impongan sus criterios».
Opinión:
Bueno, de toda la información quero destacar la frase que
dice: “esta función de hacer recomendaciones para evitar repetir errores es,
según él, una de las mejores aportaciones de estas comisiones parlamentarias
que, además, favorecen «una cierta catarsis» ante acontecimientos traumáticos”.
Pues parece que, a fecha de hoy, todavía no hay acuerdo
para constituir la Comisión de Investigación por los atentados de agosto2017…
¿quizás porque no interesa comentar los errores cometidos? ¿Quizás porque habrá
que hablar de documentación denominada “clasificada”? ¿Quizás porque cabe la
posibilidad de encontrarse con sorpresas tanto en relación a la realidad actual
del imán de Ripoll o de sus contactos con el CNI?
Y conste que si hablamos del CNI no significa que algunos
que saben mucho sobre el tema fueran socios del Club Natación Igualada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario