14 abril 2024 El País (opinión)

 

 

14 abril 2024 

Lo que queda de ETA.

El reto de la convivencia.

Los casi 400 crímenes sin resolver, la ausencia de memoria entre los jóvenes y las reclamaciones de los presos son hoy las huellas de un pasado terrorista que ya no centra la campaña.

Luis R. Aizpeolea

Hace más de 12 años que en Euskadi han desaparecido los asesinatos políticos. Tampoco existe la extorsión ni la violencia callejera. La preocupación por ETA es casi cero, como señalaba recientemente el Deustobarómetro. El rechazo a la violencia política está muy extendido, tanto que el 89% de los vascos la considera injustificable, diez puntos más que hace ocho años.

El reconocimiento a las víctimas del terrorismo, aunque tardío, está extendido institucional y socialmente. La ley de víctimas del terrorismo es considerada ejemplar en el entorno internacional. El clima político vasco es mucho más distendido que el nacional. Los debates están centrados en las preocupaciones cotidianas y alejados de las cuestiones identitarias del pasado. Consecuentemente, la convivencia como problema figura en el puesto 22º de las preocupaciones ciudadanas, que encabezan la sanidad y la vivienda. Una situación que se aleja de la de otros países que, tras padecer una intensa violencia política, como Irlanda del Norte y Colombia, aún sufren secuelas materiales. Es la realidad que revelan las encuestas y la que perciben muchos de quienes vivieron el terrorismo etarra y la presión de su entorno. Materialmente, nada queda de ETA. Por eso chirrían en Euskadi algunos discursos de la derecha político-mediática que equiparan a EH Bildu con ETA y proclaman el disparate de que ETA hoy manda más que nunca. 

Sin embargo, esta realidad tiene un lado oscuro: en estas elecciones la fuerza emergente es una coalición, EH Bildu, cuyo núcleo duro, Sortu, aunque hoy rechaza la violencia, no ha ajustado cuentas con su pasado cómplice con ETA. Según todas las encuestas, la mayoría de los jóvenes que votarán el próximo domingo lo harán a EH Bildu. No votan a una ETA inexistente, pero sí a una formación que, aunque cumple la legalidad —sus estatutos rechazan la violencia— y goza de una participación parlamentaria plena, sufre aún un déficit ético en su núcleo duro. ¿Por qué se produce esa fuerte subida de EH Bildu pese a estos condicionantes? Porque muchos vascos han percibido su evolución positiva de rechazo a la violencia y colaboración institucional. Para ellos, Batasuna — hoy Sortu— pasó de ser parte del problema terrorista a ser parte de la solución, al presionar a ETA para que pusiera fin al terrorismo a partir del fracaso del proceso dialogado de 2006. Pero Sortu, y con ella EH Bildu, se ha beneficiado también de la ausencia de memoria juvenil. María Silvestre, directora del Deustobarómetro, lo explicaba hace unos meses: “Muchas familias han querido olvidar para perdonarse y proteger a sus hijos del pasado violento, y la educación no ha cubierto esa ausencia”. Ofrecía un dato significativo: el 44% de los vascos limita su libertad de expresión para evitar situaciones incómodas. Recientemente, Raúl López Romo, historiador vinculado al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, denunciaba el déficit educativo sobre la memoria del terrorismo, la Guerra Civil y el franquismo. Precisaba que la mayoría de jóvenes acaba la Secundaria y el Bachillerato sin haber escuchado o leído a una víctima del terrorismo. Lo atribuía a su ausencia en asignaturas como Historia y Valores Éticos, y proponía una aproximación sistemática al asunto, como existe en Alemania y Francia con las víctimas del Holocausto. 

También denunciaba López Romo los límites de una experiencia positiva como fue la de las víctimas educadoras. Sólo hay cien víctimas educadoras en toda España, casi la mitad para Euskadi y Navarra, y buena parte del profesorado, sobre todo en la red pública, se muestra reacio a esta experiencia, subraya el historiador. Ese déficit se ve parcialmente contrarrestado por la literatura y el cine —con películas recientes como Patria o Maixabel— y textos frecuentes en los periódicos vascos que reivindican la memoria de las víctimas. La solución a este problema es política. Pasa por que Sortu haga autocrítica sobre su pasada complicidad con el terrorismo etarra. Recientemente ha surgido un problema añadido procedente del flanco conservador, donde Vox boicotea las políticas de memoria democrática sobre la Guerra Civil y el franquismo, arrastrando al PP en comunidades donde gobiernan en coalición. Otra secuela del pasado terrorista son los asesinatos pendientes de resolver. No solo de ETA, también de la guerra sucia contra la banda, aunque los primeros son abrumadoramente superiores. Solo 21 de los 379 asesinatos de ETA sin resolver son susceptibles de ser investigados con el Código Penal vigente. El resto — la inmensa mayoría anteriores a 1982, cuando la frecuencia terrorista desbordaba las administraciones policial y judicial— han prescrito. Lo afirman expertos juristas en un libro coordinado por el catedrático de la Universidad del País Vasco Antonio Rivera y por Eduardo Mateo, de la Fundación Fernando Buesa. 

Los intentos de algunas asociaciones, como Dignidad y Justicia, así como del PP y Vox, de sortear la prescripción por la vía de que las instituciones internacionales califiquen los atentados terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad o de genocidio han resultado fallidos. Expertos juristas y el director del Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, abogan por que las víctimas se acojan al derecho a la verdad, reparador e imprescriptible. Domínguez añade que, según el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, España es el Estado que ha resuelto un mayor número de atentados. En las cárceles quedan 155 presos de ETA. La inmensa mayoría cumplen largas condenas en prisiones vascas, cerca de sus familias. 

Las asociaciones de apoyo a los presos pretenden reducir las condenas por la vía de la revisión de la legislación especial o el alivio del tercer grado penitenciario. Las juntas de tratamiento penitenciario, avaladas por el Gobierno vasco, han chocado en varias ocasiones con la Fiscalía y la Audiencia Nacional al defender el tercer grado para estos reclusos. La organización terrorista fue derrotada, pero bastantes historiadores, como Luis Castells, matizan esa conclusión: “ETA fue derrotada, pero no está del todo deslegitimada. Hay que construir la convivencia sobre la verdad”, señala. El periodista Gorka Landaburu, víctima de la banda, lo dice de otra manera: “Tenemos que pasar página, pero antes hay que leerla bien”.

Opinión:

Dice el amigo Luis que ”la ley de víctimas del terrorismo es considerada ejemplar en el entorno internacional”. Y solo me queda añadir que si se cumpliera ya sería el no va más…

Me explico. Pese a que la UAVAT cerró “técnicamente” haca un año, seguimos recibiendo multitud de llamadas y contactos de víctimas de los atentados de agosto2017 a las que hemos asistido desde fínales de 2017.

Estos últimos días estoy recibiendo diferentes llamadas y wasaps de víctimas que están solicitando el RVT (reconocimiento víctima terrorismo), un simple documento que acredite que son lo que marca la sentencia firme de noviembre pasado: víctimas de atentado terrorista.

Lo solicitan para tramitar algunas de las ayudas (pocas, tampoco seamos exagerados) que la legislación aporta.

La respuesta desde el Ministerio de Interior no puede ser más fría, cortante y descorazonadora: no se les aportará el mencionado documento de RVT hasta que no se hayan tramitado, aprobado y abonado las indemnizaciones a las que tienen derecho. ¿Qué pasa? ¿no sirve una sentencia ya firme de finales de noviembre pasado o incluso la ejecución de la misma de 13 de diciembre?

Voy más allá… si previa solicitud de la persona interesada no se le aporta ese RVT hasta que le ingresen en la cuenta la indemnización… las víctimas que no lo han solicitado porque, sencillamente, no saben que tienen ese derecho ¿no constan como víctimas del terrorismo? Es más, si la/s administración/es no las han buscado para informarles y, por lo tanto, no conocen ese derecho a solicitar la indemnización y, en consecuencia, recibirla ¿no son víctimas del terrorismo? ¿O quizás lo son, pero no tienen ningún derecho reconocido porque no se les informa ni explica?

Ya sé que es difícil de entender, pero es la realidad de este mismo lunes por la mañana. Y si alguien quiere pruebas, que me contacte.