04 febrero 2015
Sumar fuerzas contra el terrorismo
Para derrotar a los violentos no
valen tacticismos ni cálculos electorales
Antonio Hernando Vera es portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En los pasillos del Grupo Socialista en el Congreso
hay una gran foto que muestra a los portavoces de todos los grupos leyendo un
comunicado conjunto tras el asesinato del inspector de policía Eduardo Puelles.
La foto está fechada el 19 de junio de 2009, después de que cuatro etarras
colocaran dos kilos de explosivos en el coche de Puelles y acabaran con su
vida. El pie de foto se titula “Unidad frente a ETA”. En esa, como en otras
ocasiones, los representantes de los partidos alzaban una voz unida tras un
nuevo y brutal acto terrorista.
Nueve años y medio antes, el PSOE y el PP firmaban
en Madrid el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. El punto
primero de ese acuerdo contiene la siguiente declaración: “El terrorismo es un
problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha
antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a
todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la
oposición”. Esta manifestación condensa la que ha sido la filosofía del PSOE en
materia de terrorismo: corresponsabilizarse en la lucha contra el terror en el
Gobierno o en la oposición.
Por eso, cuando hace un mes se produjeron en París
los asesinatos terroristas en la revista Charlie Hebdo y en un supermercado kosher, tuvimos
la convicción de que era necesario reafirmar en España el espíritu de unidad
que se vivió en la gran movilización cívica posterior a los atentados en
Francia, que se había vivido tras demasiados actos terroristas y víctimas de
ETA en nuestro propio país o después de los atentados yihadistas del 11-M.
Habíamos aprendido la lección y uno de los objetivos del pacto de 2000 fue no esperar
a que los asesinos actúen para manifestar nuestra unidad y repulsa frente a su
violencia.
Ese es el motivo por el cual el Partido Socialista y
Pedro Sánchez han impulsado el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de
las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Desde la convicción de que
quienes representamos a la ciudadanía de una sociedad libre tenemos la
responsabilidad de sumar fuerzas frente a quienes amenazan nuestra paz,
libertad y derechos fundamentales.
El acuerdo suscrito inicialmente por el PSOE y por
el Gobierno responde precisamente a los factores de éxito contrastados frente a
la violencia terrorista después de tantos años sufriéndola. Como en el año
2000, el acuerdo ha sido impulsado desde la oposición, lo que en sí mismo tiene
un mérito especial, porque significa renunciar a la dialéctica de la
confrontación partidista en materia de terrorismo, anteponiendo el interés
general de derrotar a los violentos a cualquier propósito o ventaja partidaria.
El acuerdo incorpora la mejora y actualización de
nuestra normativa penal en la lucha contra las nuevas y complejas formas que
adquiere en la actualidad la amenaza del terrorismo yihadista. Este terrorismo
no suele actuar ya mediante la adscripción a estructuras organizativas
concretas, lo que dificulta su persecución eficaz por parte de las fuerzas
policiales y de la propia justicia. Por tal razón se perfecciona la
tipificación del delito de terrorismo salvando esas dificultades.
Se garantizan igualmente todos los recursos humanos
y materiales precisos para que la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia puedan prevenir,
perseguir y castigar a quienes perpetren las acciones destinadas a infundir
terror entre la ciudadanía.
La participación del PSOE en las negociaciones
conducentes a este acuerdo ha tenido siempre como objetivo asegurar la garantía
de la libertad y la seguridad jurídica, preservando todas las garantías sobre
los derechos de la ciudadanía en la lucha eficaz contra el terrorismo.
El éxito de la sociedad española contra el
terrorismo etarra se fundamentó también sobre una constante y fructífera
cooperación internacional. Y el presente acuerdo, en consecuencia, persigue la
adopción de políticas de prevención, persecución y sanción penal contra el
terrorismo, de forma coordinada en el seno de la Unión Europea y en
otros foros internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
La lucha contra el fanatismo violento requiere de
una defensa firme de la libertad de expresión y de prensa, fundamentales en las
sociedades democráticas. De igual manera, son precisas estrategias eficaces
frente a cualquier forma de racismo, xenofobia y discriminación, con origen en
la intolerancia respecto a opiniones o creencias diversas. También estas
consideraciones forman parte del texto suscrito.
Por último, el acuerdo expresa el reconocimiento y
el apoyo permanente que todos los españoles debemos a las víctimas del
terrorismo. Quienes han sufrido personalmente el zarpazo de la violencia
fanática cuentan y contarán siempre con el afecto y el respaldo pleno de los
socialistas.
Nuestro trabajo ha servido para modificar
sustancialmente la redacción inicial de algunas de las enmiendas sobre materia
antiterrorista que el Partido Popular había presentado en el trámite
parlamentario de la reforma del Código Penal. Los socialistas hemos procurado,
por ejemplo, evitar redacciones confusas y extensiones poco justificadas en la
definición de las conductas de terrorismo. Hemos contribuido a excluir de tal
consideración las manifestaciones sin autorización o la perturbación de las
sesiones de órganos constitucionales, por citar solo dos ejemplos.
Hemos tenido en todo momento la intención de
reforzar los instrumentos más eficaces contra la violencia terrorista, sin
poner en riesgo los derechos de la ciudadanía y garantizando una mayor
seguridad jurídica.
El acuerdo incluye una discrepancia importante del
Partido Socialista respecto a la pena de prisión permanente revisable. No hemos
querido apartar, ni aparcar ni soslayar la discrepancia, la hemos integrado.
Esa diferencia está incluida en el pacto y asumida por las partes, reconociendo
ambos que el cambio futuro de la prisión permanente revisable por la máxima
pena privativa de libertad para los asesinatos terroristas no afectará a la
vigencia del acuerdo. Esa es una de las grandezas de este pacto y también de
hacer política pensando en los intereses de un país. La capacidad para asumir
las diferencias e integrarlas en orden a conseguir un fin superior.
Por eso el texto acordado en la proposición de ley
no habla de la prisión permanente revisable sino de la máxima pena privativa de
libertad con la que el Código Penal castigue el asesinato terrorista en cada
momento.
Somos conscientes de que el Partido Popular tiene
intención de aprobar la prisión permanente revisable como pena máxima en la
vigente reforma del Código Penal. Todos los españoles saben que los socialistas
somos firmemente contrarios a esta formulación, que entendemos contraria a la Constitución Española
de 1978 y por eso interpondremos un recurso de inconstitucionalidad al día
siguiente de que el Código Penal sea publicado en el BOE. Mientras tanto, hemos votado en contra
de esta pena en el Congreso de los Diputados. Votaremos en contra en el Senado.
Y nos comprometemos a derogar esta pena en cuanto tengamos la mayoría
parlamentaria precisa para ello.
Como en el Pacto de Madrid de 1987, como en el Pacto
de Ajuria Enea de 1988, como en el Pacto Antiterrorista del año 2000, el Partido
Socialista vuelve a impulsar la unidad de los demócratas contra la intolerancia
fanática y vuelve a comprometerse firmemente en la lucha contra los violentos.
Frente al terrorismo no valen los tacticismos ni los cálculos electorales. No
hay consideración electoral que valga cuando está en juego la unión de la
ciudadanía frente al terror. El PSOE siempre ha estado en primera línea contra
los terroristas y lo seguirá estando en lo sucesivo.
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