04 febrero 2015 (6) El País

04 febrero 2015

Los grupos critican el pacto y dicen que avala la cadena perpetua

CiU baraja abstenerse en la votación aunque no suscribe la reforma legal

Ningún otro grupo parlamentario ha suscrito la reforma del Código Penal para delitos de terrorismo pactada por el PP y el PSOE y todos ellos criticaron con dureza el acuerdo y anunciaron que presentarán enmiendas en el trámite parlamentario.

Solo CiU aseguró que está dispuesto a estudiar el contenido para no oponerse en el trámite parlamentario. Fuentes de los nacionalistas catalanes aseguran que valoran la posibilidad de abstenerse y no votar en contra, a la espera de que su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, regrese de Filipinas donde se encuentra en viaje oficial del Congreso.

La proposición de ley fue presentada este martes en el registro del Congreso por los portavoces del PP y del PSOE, Rafael Hernando y Antonio Hernando, respectivamente. Solo les acompañaron con su firma los diputados de Coalición Canaria y los de UPN y Foro Asturias. Estos dos últimos suelen votar con el PP en casi todos los asuntos.

Del resto de grupos solo salieron críticas sobre el procedimiento de elaboración y sobre el fondo, por lo que tienen previsto presentar enmiendas en el trámite parlamentario. Todos ellos dieron por hecho que el acuerdo entre populares y socialistas avala la prisión permanente revisable, que consideran en la práctica una cadena perpetua, que aprobó el PP solo con sus votos y frente al resto de la Cámara.

“La prisión permanente revisable, eufemismo de la cadena perpetua, es una línea roja para el Grupo Vasco, porque es inconstitucional y contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque esta pena desaparezca del texto de manera expresa, considerar que no está prevista es una burda manipulación ya que esta iniciativa se remite al sistema de penas del Código Penal donde sí está contemplada”, explicó el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría.

Para el portavoz del PNV el pacto es “una extravagancia y está plagado de defectos técnico-jurídicos”.

Rosa Díez (UPyD) afirmó que “al no tener aportación presupuestaria para prevenir y perseguir el terrorismo, lo único que aporta es inseguridad jurídica: contradicciones con la ley de justicia universal, búsqueda de datos en Internet, riesgo de no avanzar en la consideración de crimen de lesa humanidad...”. Según Díez es “una foto para el álbum de Rajoy y Sánchez: los estertores del bipartidismo”.

Cayo Lara (IU) explicó en el congreso que si el PSOE ha “caído en la trampa que le ha puesto el PP con su pacto antiyihadista es porque ha querido caer y que lo que han hecho los dos grandes partidos con ese acuerdo es una gran coalición para aplicar la cadena perpetua por la puerta de atrás". “No se puede entender que con una mano se esté firmando la cadena perpetua y luego se diga que se va a recurrir el Código Penal que la contempla. Si se está en contra de la prisión permanente revisable, sencillamente no se firma”, dijo Lara sobre el PSOE.

El portavoz socialista, Antonio Hernando, esgrimió también la opinión pública para asegurar: “La inmensa mayoría de ciudadanos quiere vernos unidos frente al terrorismo”. Hernando ratificó que el PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional la cadena perpetua que permite aplicar el pacto.

Rafael Hernando, portavoz del PP, aseguró que España se ha colocado “a la cabeza” en materia legislativa para hacer frente a estas “nuevas modalidades de terrorismo”. Según dijo, es una regulación “pionera y novedosa” que coloca a España como el primer país europeo que, conforme a la resolución de la ONU del año pasado, da una “respuesta eficaz y rápida” a este tipo de terrorismo.

Los otros acuerdos

Madrid. Firmado el 5 de noviembre de 1987 en el Congreso por todos los grupos excepto Eusko Alkartasuna, surgió a iniciativa del PSOE meses después del atentado de Hipercor. Emplazaba a los terroristas a abandonar las armas y a aceptar las vías democráticas.

Ajuria Enea. El Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi, firmado el 12 de enero de 1988, duró 10 años y fue suscrito por todos los grupos con representación parlamentaria en la Cámara vasca, excepto HB.

Por las libertades. Este acuerdo fue suscrito en La Moncloa el 12 de diciembre de 2000 por PP y PSOE para buscar una solución a la amenaza terrorista de ETA a través de una oposición democrática que aunara medidas políticas, judiciales y la cooperación internacional.