5
febrero 2015
Terrorismo Cárcel
de Herrera de la Mancha
Una biblioteca digital para que un preso de ETA pueda leer su 'ebook'
La juez pide un
archivo de libros electrónicos por seguridad
El etarra pidió tener acceso a
un libro electrónico en la cárcel. Y la juez le dijo que sí. Pero la prisión de
Herrera de la Mancha ,
de máxima seguridad, alertó de que este dispositivo necesita tarjetas de
memoria externas con contenidos que deberían revisarse en el caso de ser
facilitadas por sus familiares. La juez de vigilancia penitenciaria entendió,
entonces, que para sortear los posibles problemas de seguridad lo mejor era que
la propia cárcel constituyera una biblioteca digital en su interior para atender
la demanda de este interno. De esta manera, se salvarían las cuestiones de
seguridad.
Y tal como lo
decidió, lo escribió y lo envió al centro manchego, como propuesta, el pasado
22 de enero. La juez de vigilancia penitenciaria María de los Reyes Jimeno respondía a un recurso formulado por
el preso de la banda terrorista ETA Faustino
Marcos Alvarez sobre
la denegación de un libro electrónico.
La juez acuerda
revocar la negativa de la prisión sobre la tenencia del libro basándose en una
decisión previa de la
Audiencia Nacional. Pero, posteriormente, analiza el informe
remitido por el Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha sobre el sistema de
carga de libros mediante tarjetas de memoria introducidas por la familia. La
cárcel alegó «relevantes y graves riesgos para la seguridad del
establecimiento».
En el auto, la
juez explica los argumentos de la cárcel. Describe cómo los responsables del centro
entienden que, aunque se trate de blindar y comprobar el material que los
familiares puedan traer al interno para utilizar en el dispositivo, las medidas
de seguridad no serían completas.
La cárcel
recuerda que el citado interno «pertenece a una organización terrorista y tiene
las comunicaciones intervenidas». Alerta de que dicho dispositivo puede ser
utilizado «para recibir o transmitir información que pudiera afectar a la
seguridad del centro o de sus trabajadores, o la difusión de instrucciones, órdenes
o consignas del grupo terrorista mediante la introducción o la salida de dicha
información en una de estas tarjetas, saltándose así la intervención de las
comunicaciones y poniendo en riesgo tanto al establecimiento como a los
trabajadores».
Sistema en riesgo
Además, señala
que la revisión del contenido de estas tarjetas previo a la descarga en el
libro electrónico, desde los ordenadores está poniendo en riesgo todo el
sistema informático del centro, «ya que éstos se encuentran en red y la
descarga de algún programa malicioso (virus, troyano, programas espía...),
algunos de los cuales se ejecutan en segundo plano sin que sean detectados,
puede ocasionar un grave perjuicio para la seguridad de todo el sistema
informático de la institución».
La prisión
entiende que, debido a la situación de control sobre los presos etarras, se
debería realizar una lectura minuciosa de todo el material, lo que sería
prácticamente imposible debido a la gran cantidad de originales que caben en un
dispositivo de este tipo. Además, una gran parte del material estaría en
euskera, lo que obligaría a llevarlo al servicio central de Prisiones para ser
traducido.
La juez atiende a las líneas generales
de la prisión y entiende que efectivamente puede existir un problema de
seguridad. «Se trata, sin duda, de riesgos reales para la seguridad que deben
ser evitados en la medida de lo posible», apunta la magistrada. «Por ello, y
teniendo en cuenta todo lo expuesto, procede la estimación de la queja
formulada por el interno» explica la magistrada. «Procede la autorización de
adquisición por el mismo de un aparato lector digital de libros a través del
servicio de demandero, sin posibilidad de conexión de la red, sin puerto USB ni
grabadora de voz y cuya carga de libros sólo podrá ser realizada a través de un
fondo digital de libros que se constituya en la biblioteca del centro
Penitenciario, a cuyos efectos y visto que dicho fondo no existe en el momento
actual, procede dirigir la propuesta a la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias».
Entiende la
juez que la mejor manera de poner fin a la situación de seguridad que plantea
la prisión, y para evitar posibles riesgos del material que envíe la familia
del preso, se proceda a que sea la propia cárcel la que ponga en marcha una
biblioteca.
No es ésta la
única decisión curiosa firmada en las últimas fechas por esta juez. El pasado
mes de noviembre, también estimó la queja presentada por otro recluso de ETA.
En esa ocasión, Iker
Olabarrieta, había reclamado que le permitieran hacerse fotos
con sus familiares en el recinto penitenciario. La prisión se lo había
prohibido por «motivos de seguridad», tanto para la propia prisión como para
los funcionarios que trabajan en ella.
Pues la juez le
dio la razón al preso y autorizó que «el interno tome o le tomen fotografías
sus familiares en una visita vis a vis, utilizando una cámara desechable que
aportará la propia familia por una sola vez y con la adopción de las medidas de
seguridad necesarias para garantizar que la cámara se usa exclusivamente para
dicha finalidad», apunta su resolución.
Opinión:
Evidentemente el problema no es el coste porque una
biblioteca electrónica comporta un gasto muy pequeño. Otro tema es el derecho a
que los delincuentes puedan disfrutar de ventajas que muchos ciudadanos no
podemos disfrutar, auqnue pensando en que la finalidad de la prisión es la “reinserción
del delincuente”... prefiero a un terrorista en la cárcel leyendo un libro a un
terrorista en la cárcel intentando encontrar argumentos para su triste
existencia y su historial asesino.
Como siempre, es aquello de la botella medio vacía o
medio llena...
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